Escrito por
La Redacción.
noviembre 03, 2017
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| Carles Puigdemont y los cuatro exconsejeros |
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Clientes de un bar ven este viernes una
entrevista a Carles
Puigdemont.
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Junto al expresident de la
Generalitat están en Bélgica los exconsellers Antoni Comín
(Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Meritxell Serret (Agricultura) y Lluís Puig
(Cultura). Los cinco están imputados por rebelión, sedición, malversación,
prevaricación y desobediencia.
La juez Carmen Lamela afirma que Puigdemont aprovechó su
cargo al frente del Govern para "llevar a cabo un referéndum
independentista para lograr en España la secesión de Cataluña" junto a
otras autoridades, funcionarios públicos y entidades públicas y privadas
catalanas.
“Para ello promovieron y utilizaron la
fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la
población, llamando a la insurreción y desafiando el ordenamiento
constitucional”.
La juez ha redactado diez autos, dos por
cada investigado. En uno tramita la orden de detención ante la fiscalía federal
de Bélgica, que ya se ha enviado y se inserta en Sirene, el programa de la
policía. Por otro lado se envía orden nacional e internacional a través de
policía y Guardia Civil, por si se le ocurre salir de Bélgica.
La magistrada describe cómo, a pesar de
la sentencia del Constitucional de diciembre de 2015, el ahora expresident
“continuó impulsando las medidas necesaria para crear un futuro Estado catalán
independiente valiéndose del poder que otorgaba tener mayoría absoluta de
diputados, no de votos”.
Toda una batería de argumentos que
vuelve a poner el punto de mira en el documento EnfoCATS, que “establecía una
hojar de ruta para alcanzar la independencia” y donde se recogía “el papel que
debería jugar cada uno de los actores”.
Según insiste el auto, Puigdemont era
“conocedor de la radical falta de competencia de la comunidad autónoma de
Cataluña para convocar un referendum”. “Pese a lo que insistió públicamente en
mantener la convocatoria del referéndum como primer paso del llamado 'proceso
de desconexión' del Estado español”, apostilla Carmen Lamela, que recalca que los pronunciamientos del
Constitucional le fueron notificados “personalmente” y “reiterados de forma
clara y sin fisuras”.
Prisión
sin fianza.- En
uno de los autos, la juez ordena la “busca y captura” nacional e internacional
de Puigdemont, así como su ingreso en prisión sin fianza.
La magistrada motiva la decisión por el
hecho de que el expresidente se encuentra “en paradero desconocido, al no haber
sido localizado en su domicilio”. La juez deniega la petición de Puigdemont y
de los otros cuatro consejeros instalados en Bélgica de declarar por
videoconferencia.
“Ninguno de ellos explica los motivos
que le asisten”. Ese derecho, recuerda, está previsto para residentes en el
extranjero, no para quien “se fuga y se refugia en un Estado miembro para no
estar a disposición de los tribunales”.
La juez destaca los hechos presuntamente
delictivos de Puigdemont y le atribuye el liderazgo del proceso para organizar
el referéndum y proclamar la independencia.
Al frente del “gobierno regional de
Cataluña”, Puigdemont, las instituciones y las entidades soberanistas “unieron
sus voluntades para, dentro de su respectivo ámbito de actuación, llevar a cabo
un referéndum independentista para lograr en España la secesión” de Cataluña.
Todos ellos “promovieron y utilizaron la
fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la
población”. Como presidente y “más alta representación de la comunidad
autónoma”, incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional y “lideró la
movilización de los sectores independentistas de la población para actuar en
apoyo del referéndum ilegal”.
El expresidente, agrega Carmen Lamela, “promovió actos, manifestaciones y
proclamas”.
Frente a ese papel predominante de Puigdemont,
la magistrada destaca en sus escritos que los consellers en busca y captura
"contribuyeron" supuestamente a cometer toda esta batería de delitos.
Los cinco exmiembros del Govern estaban
citados a declarar este jueves y viernes ante la Audiencia Nacional pero desde
Bruselas el abogado de Puigdemont, Paul Bekaert, adelantó que no acudirían ante la Justicia.
Sí lo hicieron Junqueras y otros ocho exconsellers y terminaron
su jornada en la cárcel de Estremera (los varones) y Alcalá Meco
(las mujeres), y solo uno de ellos, Santi Vila, con la posibilidad de volver a
casa si paga una fianza de 50.000 euros.
La juez ha aceptado la petición del
ministerio público, que señalaba en su escrito que es un “hecho notorio y públicamente
conocido” la citación de los cinco políticos y que el juzgado ha realizado
“reiterados intentos” de entregar la citación en sus domicilios, así como
“reiteradas llamadas telefónicas” a las que “se ha hecho caso omiso”.
De Puigdemont, el fiscal señalaba que
"ha manifestado públicamente su intención de no comparecer y ha
solicitado, como también lo han hecho Antoni Comín y Maritxell Serret, efectuar
declaración por videoconferencia, sin ofrecer dato alguno sobre su paradero
actual".
La fiscalía belga aseguró este jueves
que en cuanto reciba la euroorden de detención y entrega aplicará la ley. El
ministerio federal sería el receptor de esa orden y encargado de ejecutarla,
según las fuentes consultadas.
La diplomacia española en Bélgica
asegura que hasta ahora no ha habido ningún problema con las autoridades
belgas, y espera una colaboración total en el pleno judicial y policial.
El proceso, según Bekaert, "llevará
un tiempo". La orden de detención "tiene que ser traducida y luego
tramitada por la Policía federal, en el parquet federal (Fiscalía) en nuestro país [por
Bélgica]. Entonces, el señor Puigdemont la debe recoger y llevarla al tribunal
de instrucción", indicó el abogado.
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Carles Puigdemont durante la entrevista.
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Dispuesto
a ser candidato.-
A pesar de que había repetido en numerosas ocasiones que no se presentaría a la
reelección, Carles Puigdemont reapareció en Bruselas reconvertido en aspirante
electoral a la Generalitat.
El autoproclamado presidente legítimo de
Cataluña, cesado de su puesto la semana pasada, quiere tomar parte en las
elecciones autonómicas convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy el próximo 21 de diciembre.
Las mismas que él se negó a convocar.
“Estoy dispuesto a ser candidato”, anunció este viernes en una entrevista
grabada de casi 22 minutos con la televisión pública belga RTBF, la primera que
concede en Bélgica después de la accidentada comparecencia del martes y la
declaración leída del jueves.
El expresidente, pendiente de que se
ejecute una euroorden de busca y capturaen su contra que podría
culminar en su extradición a España, no piensa de momento en regresar. Y planea
dirigir su artillería electoral desde fuera de Cataluña. “Puedo hacer campaña
en cualquier parte porque estamos en un mundo globalizado”.
La maniobra revela que tras su marcha a
Bélgica latía no solo el deseo de evitar la acción de la justicia española.
También un interés por internacionalizar la crisis catalana en un intento por
ganar la batalla del relato, lo que augura nuevas apariciones en medios de
comunicación.
Puigdemont no considera que haya
abandonado el barco, sino que su rol ha oscilado hacia una nueva tarea, la de
“explicar al mundo lo que pasa en España. La verdad de lo que sucede en
España”, según sus propias palabras.
El Ejecutivo de Rajoy deberá estudiar
cómo lidiar con esa omnipresencia en prensa extranjera. Desde el púlpito de la
opinión pública, Puigdemont parece decidido a poner en jaque la credibilidad de
las medidas tomadas por las instituciones españolas, a las que quiere despojar
a ojos internacionales de su condición de democráticas.
Durante su intervención, lanzó duros
ataques contra la falta de separación de poderes.
“La justicia española está politizada.
No hay garantías de un juicio justo, independiente, que pueda escapar de la
enorme influencia política sobre el poder judicial”.
Tras criticar esa presunta injerencia
del Gobierno de Rajoy, diferenció, desde su condición de político, entre la
buena y la mala justicia: “No quiero huir. Quiero colaborar con la justicia,
pero con la verdadera justicia”.
El político catalán no considera que la
que funciona en España entre en esa categoría y rechazó la aplicación del
artículo 155: “No hay ninguna ley española que pueda anular un parlamento
elegido de forma democrática”.
Puigdemont no se considera a sí mismo un
fugitivo. Negó una vez más que fuera a pedir asilo. Y quiso transmitir la
impresión de ser solo un político de gira internacional por una causa justa. “No he huido, me he ido de mi casa como un ciudadano
europeo más”, apuntó.
El líder nacionalista mantiene su
intención de convertir las elecciones en un plebiscito sobre la separación de
Cataluña: “Si el conjunto de fuerzas independentistas gana ¿el Estado respetará
el resultado?”, se preguntó, dejando entrever que ello sería suficiente para
legitimar la ruptura.
Pese a su disposición a concurrir en la
cita electoral, el expresidente catalán sembró dudas sobre su validez. “Con un
gobierno en prisión no van a ser unas elecciones normales, neutrales e
independientes”.
Sonriente al inicio, más airado conforme
discurrían las preguntas de los dos periodistas belgas, Puigdemont, que se
expresó en francés, eludió comprometer a sus socios nacionalistas flamencos.
Remarcó que no pretende interferir en la frágil coalición de gobierno belga,
donde ya ha habido roces a cuenta de su presencia en el país.
Aclaró que no ha solicitado reuniones
con ellos ni con las autoridades comunitarias. El pasado año los líderes
europeos rehusaron recibirle como president, por lo
que su intento de presentarse como representante de un Gobierno en el exilio le
cierra cualquier oportunidad por ese flanco. Ese vacío no ha sentado nada bien
al político catalán, que cargó contra la gestión del proyecto comunitario.
“La euroestructura se distancia de la
población, por eso se habla de crisis europea”.
Puigdemont agarró, en fin, el hacha de
guerra. Su desfile internacional atacando a la justicia y el ejecutivo español,
o embistiendo contra la clase política europea, promete nuevos episodios.
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