Escrito por
La Redacción.
noviembre 23, 2017
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Agentes de la Guardia Civil, en el Centro de Seguridad
de la
Información de Cataluña, la tarde de este jueves.
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La
multinacional estadounidense elaboró a petición del Govern de Carles Puigdemont
la aplicación informática que iba a permitir a Cataluña quedarse con los
impuestos exclusivos del Estado.
Barcelona.- La Guardia
Civil está investigando los trabajos que hizo la filial en España de IBM para
construir la Hacienda de la Cataluña independiente.
Los agentes han determinado que el programa informático que adjudicó la
Generalitat al gigante estadounidense para centralizar la gestión de los
impuestos transferidos, e-SPRIU,
también estaba listo para recaudar los tributos del Estado en cuanto llegara el
momento de la desconexión.
Los fondos para sufragar esos servicios
adicionales que superaban el marco del Estatuto de Autonomía salieron de las
arcas de la comunidad y sus máximos responsables contaron presuntamente con el
soporte técnico de empleados del proveedor tecnológico.
El pasado julio, la Guardia Civil tomó
declaración en calidad de testigo a Josep Bolart Vilaró,
el socio de IBM “responsable a nivel de ejecución del contrato para desarrollar
el sistema e-SPRIU”, según consta en el sumario. En teoría, esos trabajos
estaban amparados por una licitación del Centro de Telecomunicaciones y
Tecnologías de la Información (CTTI) de la Generalitat de abril de 2015.
El objeto del contrato (CTTI/2014/243)
era supuestamente desarrollar “los servicios necesarios para la realización de
un proyecto para la conceptualización, la definición de los procedimientos y la
implantación de una primera fase de un sistema de gestión tributaria basado en
una solución de mercado, así como de las herramientas necesarias para su
despliegue”. Según el BOE, el importe ascendió a 1,2
millones de euros.
Los pinchazos telefónicos, las
declaraciones de testigos y el análisis documental indican, por el contrario,
que el importe real de los trabajos para desarrollar e-SPRIU fue superior y que
la aplicación llegó a disponer de funcionalidades para que la Agencia
Tributaria de Cataluña (ATC) pudiera desplazar a la Agencia Tributaria del
Estado tras la declaración unilateral de independencia (DUI).
El encargado de liderar el desarrollo de
la ATC fue Josep Lluís Salvadó, secretario
de Hacienda de la Generalitat, secretario general de ERC y mano derecha
de Oriol Junqueras.
No fue casual que ese cometido recayera
en un dirigente con tanto peso en el movimiento independentista. La Hacienda
propia era imprescindible para que, tras el referéndum del 1-O, Cataluña
pudiera ser completamente autosuficiente.
La Guardia Civil ha incorporado al
sumario del Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona el vídeo de una conferencia que ofreció Salvadó el
pasado 11 de mayo en el centro cultural Violeta de Gracia de la Ciudad Condal a
petición Asamblea Nacional Catalana (ANC) para explicar las claves de la
futura Hacienda.
El sumario también incluye extractos de
su intervención: “Desde el programa que llamamos e-SPRIU. Un sistema
informático que (…) lo estamos construyendo con una tecnología muy moderna,
puntera, que (…) nos permitirá dar el salto. Ya digo (…) muy importante para la
Agencia Tributaria catalana, ya que será capaz de gestionar impuestos masivos
como el impuesto de vehículos contaminantes o como aquellos impuestos que
gestionan habitualmente los estados”.
“En el mes de septiembre, la Agencia
Tributaria catalana habrá hecho un salto cualitativo muy importante”, avanzó
Salvadó, uno de los 14 altos cargos del Govern detenidos en la operación Anubis del 20 del septiembre.
En una conversación telefónica
intervenida el pasado 29 de agosto, Salvadó pactó que el expresidente
Puigdemont incluyera en el acto de presentación de la ATC, que se iba a
producir cinco días después, la siguiente idea: “Dejamos la agencia tributaria
preparada para, según decidan los ciudadanos de Cataluña, recaudar y gestionar 75.000 millones de euros, es
decir, asumir las materias plenas en materia tributaria”.
Esa capacidad, obviamente, rebasaba los
servicios que organismos como el CTTI y el Departamento de Hacienda de la
Generalitat estaban en condiciones de licitar. De hecho, en julio de 2016, el
Tribunal Constitucional ya tumbó las primeras normas aprobadas por el Parlament
para sentar las bases de la ATC.
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