Escrito por
La Redacción.
noviembre 14, 2017
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| Eurodiputado Jordi Solé |
BARCELONA.- No lo decían en público, pero en
privado los miembros de Junts pel Sí estudiaban en profundidad
medidas sorprendentes para una Cataluña independiente o incluso con el estatus
autonómico actual.
Los
correos incautados por la Guardia Civil en el Departamento de Economía en
el marco de la investigación de la creación ilegal de estructuras de Estado, a
los que ha tenido acceso la prensa, revelan que la coalición que estuvo al
mando de la Generalitat hasta el pasado mes llegó a
barajar proyectos como la restauración del servicio militar obligatorio.
Un informe
interno encargado por Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) aconseja
reinstaurar el servicio militar obligatorio a pesar de que "tiene una
imagen muy negativa entre los catalanes debido a la asociación mental que se
hace con el ejército español". No obstante sostiene este estudio,
coordinado por el eurodiputado Jordi Solé y
dirigido a Oriol Junqueras, que "el modelo de estados sin ejército
presenta inconvenientes".
Una
prueba es el documento interno confidencial llamado La Seguridad en la
República Catalana, primeros planteamientos, elaborado por un grupo de asesores de
Esquerra Republicana bajo la coordinación del eurodiputado Jordi Solé y el
director de la Fundación Josep Irla.
Fue remitido el pasado
4 de septiembre -apenas tres semanas antes del referéndum- y dirigido con
destino "a Oriol [Junqueras] y Marta [Rovira]".
Señala la
necesidad de estudiar con qué ejército defender el futuro país independiente.
"La república catalana deberá plantearse si querrá un cuerpo de ejército y
cómo será, si compuesto por profesionales o por milicias, y qué rol
internacional quiere tener".
El estudio
equipara Cataluña con "Austria, Dinamarca o Suiza"
como "países comparables" y el indicador medio en todos ellos es de
250 soldados por cada 100.000 habitantes, por lo que "hay que considerar
entre 18.000 y 22.000 en Cataluña".
Formar un
ejército de ese tamaño es costoso y los recursos de la Generalitat escasos, por
lo que una salida es la vuelta de la llamada "mili", lo cual, según
el informe, podría ser impopular, pero no hay que descartarlo en un futuro.
"Hay que
considerar que el servicio militar obligatorio tiene una imagen muy negativa
entre los catalanes debido a la asociación mental que se hace con el Ejército
español. Sin embargo, las características concretas del cuerpo de defensa se
pueden trabajar más adelante en un futuro debate", deja abierto el
documento.
En todo
caso, su opinión es que no cabe seguir el modelo de países sin ejército como Costa Rica.
"El modelo de los estados sin Ejército presenta inconvenientes tanto por
su dependencia externa como por su propia seguridad".
Obliga
además "a readaptar la Policía a prácticas militares y a gastos
similares a los de los países con ejército". Mientras tanto, el informe
planteaba confiar la seguridad a Cataluña durante un período de hasta diez años
a otro estado europeo.
Otra medida
sorprendente estuvo a punto de tomarse ya la pasada primavera, cuando el Parlament catalán aprobó una ley que permitía y
regulaba el consumo de cannabis. Según los correos incautados, Junts pel Sí
planeó acompañarla de un impuesto que financiara su inspección y control además
de otras políticas.
La diputada de
esta formación política Alba Vergés lo
defiende en un correo electrónico: "Está bien que conste una nueva ley
sobre un tema que mueve mucho dinero; que también se saquen ingresos públicos
para hacer políticas".
Por tanto
proponía al departamento de Junqueras una disposición adicional en la ley con
esta redacción: "El Gobierno de la Generalidad debe presentar un proyecto
de ley con el objeto de crear, bajo los principios de equidad y de eficiencia,
un nuevo impuesto propio sobre las actuaciones incluidas en el
autoabastecimiento del cannabis y constituir, como ámbito de aplicación
subjetiva de este tributo, las asociaciones y los clubes de cannabis que
constituyen el ámbito de aplicación de esta ley".
El destino del
dinero sería sanitario: "Este impuesto se afectará a un fondo de salud
pública, con el fin de promover, impulsar y fomentar las políticas de gestión
de la prevención de riesgos y reducción de daños".
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