Escrito por
La Redacción.
octubre 09, 2017
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| Vista de la ciudad de Santo Domingo |
Berlín.- Uno de cada tres
latinoamericanos pagó sobornos en los últimos doce meses en servicios públicos
básicos, según un estudio presentado este lunes por la ONG alemana
Transparencia Internacional (TI), que resalta la corrupción en México,
República Dominicana y Perú.
El informe "Las personas y la
corrupción: América Latina y el Caribe" destaca además, tras entrevistar a
más de 22.000 personas en 20 países de la región, que la percepción
generalizada es que estas prácticas están en aumento, que los gobiernos no las
combaten con determinación, y que casi un tercio de quienes las denuncian sufre
represalias.
"La fotografía de la región no es
positiva. Porque un gran número de ciudadanos piensa que la situación no cambia
o ha empeorado y porque muchas personas dicen que el gobierno no está haciendo
un buen papel", resumió en declaraciones a Efe Alejandro Salas,
responsable de TI para las Américas.
México es el país donde más encuestados
aseguran haber pagado sobornos en el período de estudio, con un 51 % de los
interrogados, seguido por República Dominicana (46 %), Perú (39 %), Venezuela
(38 %) y Panamá (38 %).
En el extremo
contrario de la región se encuentran Trinidad y Tobago (6 %), Brasil (11 %),
Argentina (16 %), Jamaica (21 %) Chile (22 %), Uruguay (22 %), Paraguay (23 %)
y Costa Rica (24 %).
Entre ambos
grupos se encuentran Honduras (33 %), El Salvador (31 %), Nicaragua (30 %),
Colombia (30 %) Guatemala (28 %), Ecuador (28 %), Bolivia (28 %).
Las diferencias
entre esta encuesta de TI y su popular Índice de Percepción de la Corrupción
tienen que ver, principalmente, con que éste pregunta por la "experiencia
personal" de personas corrientes, mientras que el segundo interroga a
expertos.
En total, dos
tercios de los encuestados consideran que la corrupción ha aumentado en los
últimos doce meses, aunque con diferencias considerables entre países: mientras
en Venezuela un 87 % cree que ha crecido, en Argentina sólo un 41 % lo percibe
así.
De entre los
encuestados, un 53 % sostiene que su gobierno está haciendo las cosas mal en la
lucha contra la corrupción, mientras que un 35 % cree que sus representantes
avanzan en la dirección correcta.
No obstante,
mientras en Venezuela y Perú el 76 y el 73 % de los interrogados cree que la
clase política no contribuye positivamente a su erradicación, en Honduras,
Ecuador y Guatemala entre un 54 y un 55 % de los encuestados considera que sus
representantes lo están haciendo bien.
El presidente de
TI, José Ugaz, criticó en un comunicado que latinoamericanos y caribeños estén
"siendo defraudados" por "sus gobiernos, su clase política y los
líderes del sector privado".
"El caso
Lava Jato, que causó un tremendo impacto en la región, demuestra que la
corrupción está ampliamente extendida. El soborno representa un modo de
enriquecerse para unos pocos y un gran obstáculo para acceder a servicios
públicos clave, en especial, para los sectores más vulnerables",
argumentó.
Los hospitales
públicos es donde en más ocasiones se han visto obligados a pagar sobornos los
encuestados (20 %), seguido por la escuela pública (18 %), las oficinas de
documentos de identidad (17 %), la policía (16 %), los servicios públicos de
agua y electricidad (14 %) y los tribunales (12 %).
Por
instituciones y a nivel regional, la policía y los representantes electos son
percibidos como "todos o casi todos corruptos" por el 47 % de los
encuestados, seguidos por el gobierno local (45 %), el primer ministro (43 %),
jueces y magistrados (40 %), empleados públicos (37 %), empresarios (36 %) y
líderes religiosos (25 %).
Destaca también
que en Venezuela el 73 % de los encuestados considera que la policía es
sumamente corrupta, el porcentaje más alto de la región, y que en Honduras, el
56 % de los encuestados que acudieron a la justicia manifestaron que habían
pagado un soborno.
Salas destaca
que ricos y pobres se ven afectados de forma similar por la corrupción, con lo
que en términos relativos afecta mucho más a las personas con menores ingresos.
TI considera que
la "medida más importante" contra la pequeña corrupción es dar una
información "completa sobre derechos y costos de los trámites",
explica Salas.
Es clave además
mejorar la "protección al denunciante", un ámbito en el que "en
América Latina estamos en pañales": "Está hasta mal visto denunciar.
Y los valerosos que se atreven muchas veces sufren castigos. Las consecuencias
generan miedo".
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