Escrito por
La Redacción.
octubre 24, 2017
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| Presidente Danilo Medina |
Santo
Domingo.- El consultor
jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, desmintió este martes que
la Declaración Jurada de Patrimonio (DJP) del presidente de la República,
Danilo Medina, careciera del correspondiente certificado de pago de impuestos,
en contra de lo expuesto en un informe difundido este lunes.
El quinto boletín del
Laboratorio Social P. José Antonio Esquivel del Programa para Estudios del
Desarrollo Dominicano (PEDD) de la Pontificia Universidad Católica Madre y
Maestra (Pucmm) y el Centro de Estudio Juan XXIII incluye al mandatario en una
lista de cientos de funcionarios que, según el texto, no depositaron el
certificado de la retención anual impositiva.
En este sentido, Espinal
indicó en declaraciones a la prensa que la retención impositiva la hace la
Presidencia y “cuando usted trabaja para una institución del Gobierno y es su
única fuente de ingreso, la persona no tiene que hacer una declaración jurada
de impuestos porque solo tiene un ingreso y la institución que le paga hace la
retención”.
Medina “depositó esa certificación ante la Cámara de
Cuentas, esa es la información que yo tengo, y hay copias de ese depósito”,
explicó el asesor, que insistió en que la “ley hay que cumplirla”, en
referencia a aquellos funcionarios que no hayan presentado debidamente la DJP.
A este respecto, dijo que tiene la impresión de que
“esos funcionarios solo tienen como fuente de ingreso su trabajo en el Estado y
que a ellos se les hace una retención”.
“Pero en el caso del presidente de la República, él
cumplió con la ley depositando la certificación de retención impositiva que le
hace el Ministerio de la Presidencia, entidad que le hace el pago”, insistió.
El informe divulgado ayer también señalaba que jueces
de la Suprema Corte de Justicia, senadores y diputados depositaron su
declaración jurada de patrimonio sin la debida fotocopia que certifique su pago
anual de impuestos, como establece la normativa.
El laboratorio responsable del estudio se dedica a dar
seguimiento al cumplimiento de la Ley sobre Declaración Jurada de Patrimonio
(DJP) y a su Reglamento de Aplicación, el Decreto 92-16).
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