Escrito por
La Redacción.
octubre 05, 2017
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La presidenta del
Paralento, Carmen Forcadell, encabeza
una reunión de la
Junta de Portavoces que ha de acordar
el orden del día
del próximo pleno que podría aprobar
unilateralmente la independencia de Catalña.
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La incertidumbre que ha generado una eventual
declaración unilateral de independencia ha llevado a varias empresas con sede
en Cataluña a cambiar su sede social a otras comunidades autónomas españolas.
MADRID/BARCELONA.- El Tribunal Constitucional español
suspendió este jueves cautelarmente el pleno del Parlamento regional catalán
previsto para el próximo lunes, al considerar que si se declarase la
independencia se produciría un quebrantamiento de la Constitución y una
“aniquilación” de los derechos de los diputados.
La suspensión se produjo
después de que el alto tribunal admitiera el recurso presentado este mismo
jueves por el Partido Socialista de Cataluña (PSC) ante la convocatoria de
dicho pleno.
El presidente del Gobierno
regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció su voluntad de comparecer el 9
de octubre ante el pleno del Parlamento regional para valorar los resultados y
los efectos del ilegal referéndum independentista del 1 de octubre, con la
declaración de independencia de Cataluña sobre la mesa.
Aunque en el único punto del
día de la sesión no se menciona específicamente la declaración de
independencia, la CUP, grupo independentista radical que apoya a la coalición
de gobierno Junts pel Sí (JxSí) integrada por el centroderecha (PDeCat) y
republicanos de izquierda (ERC), aseguró que en el pleno se proclamaría la
república catalana.
En el recurso presentando por
los socialistas catalanes, se advierte de que convocar ese pleno supone
“ignorar a sabiendas la suspensión acordada por el Tribunal Constitucional”
sobre la Ley del Referéndum, aprobada el pasado 6 de septiembre.
Esa ley dice que en caso de
victoria del sí en la consulta secesionista, la independencia de Cataluña
podría declarase formalmente 48 horas después de la proclamación de los
resultados.
El PSC afirma en su recurso
que “pretender que la citada ley surta efecto supondría un quebrantamiento
radical del ordenamiento constitucional”.
Del mismo modo, en el
supuesto de una declaración formal de independencia, los socialistas catalanes
consideran que se daría una “total y completa aniquilación” de los derechos de
los diputados, “por la demolición ilegítima del bloque de constitucionalidad en
Cataluña”.
La decisión del
Constitucional tuvo la rápida respuesta de la presidenta del Parlamento
regional, la independentista Carme Forcadell, quién la interpretó como un
“rechazo” a la oferta de “diálogo” realizada por una parte del independentismo
catalán, en referencia a la disposición de Puigdemont a dialogar.
Una posibilidad que no entra
en los planes del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, quien hoy
aseguró, en una entrevista con Efe, que la unidad de España no puede “ser
objeto de ninguna mediación ni de ninguna negociación”.
“La mejor solución, y creo
que eso lo compartimos todos, es la vuelta a la legalidad, que es que todas
aquellas personas y gobernantes que han decidido por su cuenta y riesgo
liquidar la ley y situarse fuera de ella, vuelvan a la legalidad”, apuntó el
jefe del Ejecutivo español.
Para Rajoy, ese regreso a la
legalidad debe pasar también por “suprimir” el proyecto de hacer una
declaración unilateral de independencia y por cumplir, “como hacen todos los
ciudadanos”, los preceptos legales.
La incertidumbre que ha
generado una eventual declaración unilateral de independencia ha llevado a
varias empresas con sede en Cataluña a cambiar su sede social a otras
comunidades autónomas españolas para proteger a sus clientes y accionistas.
Después de 130 años de
historia en la región española de Cataluña, el Banco Sabadell -el quinto de
España por volumen de activos, con 2.548 oficinas y unos 26.000 empleados-
anunció hoy el traslado de su sede social a la provincia valenciana de Alicante
(este), lo que le permitirá mantenerse bajo la supervisión del Banco Central
Europeo (BCE) y con acceso a líneas de liquidez.
En la misma trayectoria, el
tercer banco español, CaixaBank, igualmente con sede en Cataluña, prevé
convocar mañana un consejo de administración extraordinario para aprobar el
traslado de su sede social fuera de Cataluña, confirmaron a Efe fuentes
financieras.
Este cambio sería posible
gracias a una modificación legal que prepara el Gobierno español y que le
permitiría realizar este trámite sin que la entidad someta esta decisión a
aprobación de la junta de accionistas.
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