Escrito por
La Redacción.
octubre 29, 2017
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Papeletas del
referéndum intervenidas
por la Guardia Civil.
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El seguimiento al coche de una empresaria permitió
localizar la nave donde se guardaba “material electoral”.
Madrid/Barcelona.- Un pinchazo
telefónico condujo a un sospechoso. Otro, a conocer el papel relevante de una
directora general del Govern. El seguimiento a esa mujer, hasta un Mercedes. Y
el rastro del vehículo, a la nave donde la Generalitat almacenaba nueve
millones de papeletas para el referéndum ilegal del 1 de octubre.
Es la intrahistoria del principal
(aunque insuficiente) golpe de la Guardia Civil a los preparativos a la
consulta, según consta en el sumario del caso que investiga el juzgado de instrucción número 13 de
Barcelona.
Quienes cuentan esta historia dice que los
miles de folios de la investigación judicial
ponen al descubierto las dudas en la Generalitat para llevar el referéndum a
buen puerto: sospechan de la lealtad de las adjudicatarias (como T-Systems) y
admiten que en algunos municipios no lo van a tener fácil para encontrar
centros de votación (proponen votar en “un garaje privado, un bibliobús o lo
que sea”).
También dicen que hay dudas, y muchas,
sobre la viabilidad de la independencia tras el 1-O. “El mes de octubre no hay
capacidad, no tenemos control de aduanas, ni un banco”, cuentan.
“La cosa está muy verde (…) Me da pánico
que si transmitimos las cosas como son, estos no lo acaben autorizando para
decir que Junqueras no ha preparado al país”, asegura Josep Lluís Salvadó,
secretario de Hacienda y uno de los imputados en la causa, a un asesor de la
Generalitat en una de las llamadas.
Mientras los altos cargos intentaban preparar el referéndum,
la Guardia Civil trata de desbaratarlo. El 24 de agosto, los agentes
interceptan una llamada entre el número dos de
Oriol Junqueras en el departamento de Economía, Josep María Jové, y Francesc
Sutrias, director de Patrimonio. Hablan “de forma velada y criptográfica” sobre
una reunión que Sutrias iba a mantener con un hombre, al día siguiente, para
darle “instrucciones”.
Los agentes deciden seguirle a una
cafetería e identifican al interlocutor: Pau Furriol, abogado y exdirigente de
Esquerra.
En otra llamada de Jové con Natalia
Garriga, directora general de Servicios de Vicepresidencia, hablan sobre su
confianza en una “tercera persona”.
Jové se muestra seguro de que podrán
contar con él. La Guardia Civil vigila entonces a Garriga y la ven subir a un
vehículo Mercedes Benz junto a otra mujer.
Durante media hora, hablan. Garriga le
muestra documentos en papel e imágenes de móvil y, después, se dirige hasta una
nave en Bigues i Riells, a 45 kilómetros de Barcelona. Los investigadores
atarán cabos: esa nave es, precisamente, propiedad de Furriol.
La vigilancia permitió ver a la
desconocida con el abogado de ERC en un bar cercano y cómo, posteriormente,
entraban en las naves dos camiones de los que operarios bajaron diverso
material.
La Guardia Civil pudo comprobar que el
vehículo Mercedes estaba a nombre de la empresa Fox Box Publi Alternativa SL,
una empresa radicada en Barcelona en la que tenía un cargo Mercedes Martínez
Martos, la mujer que lo conducía.
Una llamada telefónica posterior entre
Jové y Sutrias, en este caso del 2 de septiembre, confirmaría el presunto papel
clave de la conductora del auto Mercedes en los preparativos de la consulta
ilegal.
Realizada desde un bar del polígono
industrial donde estaban las naves de Furriol, el director de Patrimonio
aseguraba al alto cargo del Govern que varias personas -entre ellas un tal
Ferran- “estaban esperando a la Mercé ya que no podía hacer nada sin ella ya
que es ella la que lleva toda la planificación”, detalla el informe.
El documento policial también refleja
que Jové abroncó a su interlocutor por dar nombres por teléfono.
El dispositivo montado ya por la Guardia
Civil alrededor de las naves permitió comprobar cómo este día se reunían Pau
Furriol y Mercedes Martínez con la directora general de Juventud de la
Generalitat, Marta Vilalta; el concejal de Junts pel Sí Chakir el Honrani
Lesfar; el dirigente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural,
Joaquim Torra; entre otros.
Un día después, los agentes volvieron a
observar el encuentro de algunos de ellos con otras personas. Finalmente, el 20
de septiembre, la Guardia Civil desarrollaba la Operación Anubis contra los
preparativos del referéndum y entraba en las naves.
Tuvo que utilizar ocho furgonetas para
retirar los más de 9 millones de papeletas que se ocultaban en las naves hasta
las que les había llevado el seguimiento del auto Mercedes.
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