Escrito por
La Redacción.
septiembre 10, 2017
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Rosalía
Sosa, directora ejecutiva
de
Participación Ciudadana.
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SANTO
DOMINGO.- La
directora ejecutiva de Participación Ciudadana consideró este sábado que la
lucha contra la corrupción en el país solo son letras muertas, discursos vacíos
para engañar a la ciudadanía, donde las leyes se acatan y no se cumplen.
Rosalía
Sosa hizo el planteamiento luego que el empresario Ángel Rondón y el ex
ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, le fuera variada la medida de
coerción consistente en prisión, la cual le fue cambiada por el pago de una
garantía económica e impedimento de salida
Sosa
indicó que habría que preguntarse si los supuestos para imponer la prisión
preventiva por el Juez de la Instrucción Especial Francisco Ortega Polanco han
sido modificados.
“Asumimos
que la imposición de la prisión preventiva se basó no solo por el peligro de
fuga para no someterse al procedimiento, sino que además existen pruebas
suficientes de causa probable de ser autores o cómplices y podrían poner en
peligro el proceso de investigación obstaculizando la averiguación de la verdad”,
adujo en una nota de prensa.
Lamentó
que el garantismo penal solo se aplica a “los poderosos”, a los que
tienen vínculos con los poderes del Estado y a aquellos que aportan dinero,
mucho dinero, en el financiamiento de la política y a sus candidatos
que mañana tendrán el poder para eximirlos de responsabilidad por sus actos
ilícitos.
Una muestra es que nuestras cárceles
están sobrepobladas de personas pobres y a ellos ni siquiera se le aplica una
medida alternativa para la solución al conflicto penal.
“Somos
partidarios de un derecho penal mínimo pero esto no significa que se sustente
en la impunidad de aquellos que han hecho de los recursos públicos una fuente
ilícita de su patrimonio. Es necesario sancionar a los comportamientos que
suponen un grave daño a la vida en sociedad para que surta
efecto disuasivo, en particular a la corrupción la cual socava la legitimidad
de las instituciones públicas, atenta contra los derechos de las personas,
contra el orden moral y la justicia, agregó la directora de la organización de
la sociedad civil”, agregó.
Sosa
manifestó que el sistema de justicia se pone a prueba precisamente en casos
donde se procesan personas con poder económico y político, donde el principio
de igualdad en la justicia de que “todas las personas son iguales ante la ley”
es una quimera.
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