Escrito por
La Redacción.
septiembre 11, 2017
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La PEPCA incluyó a
un notario en la acusación del caso
de los Super Tucano y pidió contra él prisión
preventiva.
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Santo
Domingo.- Los dos casos sobre sobornos que cursan en los
tribunales tienen en común la implicación de un abogado notario. Sobre esos
profesionales pesa una gran responsabilidad, por las delicadas funciones que
desempeñan.
La labor de los
abogados notarios se ha tornado más riesgosa, luego de la nueva ley sobre
lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que los coloca como sujetos
obligados no financieros, definido como la persona física o jurídica obligada a
prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo de lavado de activos, la
financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La acusación
presentada contra seis implicados de sobornos por US$3.5 millones que la
empresa Brasileira de Aeronáutica S.A. (Embraer) admitió haber pagado para
facilitar la compra de ocho aviones Super Tucanos en el año 2009, incluye
a un notario.
La Procuraduría Especializada en
Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) solicitó, en la
acusación presentada el martes de la semana pasada, la imposición de prisión
preventiva, como medida de coerción, para el abogado notario Félix
Del Orbe Berroa, a quien atribuye haber legalizado los contratos de
venta viciados de falsedad suscritos entre el ex ministro de las Fuerzas
Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, y la compañía Ares Security And Training,
S.R.L,.
El
profesional de la notaría está acusado de incurrir en los delitos de
asociación de malhechores y falsedad en escritura, contenidos en los artículos
145, 146, 265 y 266 del Código Penal dominicano.
Mientras
por el caso de sobornos de 92 millones de dólares que admitió haber pagado la
empresa brasileña Odebrecht en el país para conseguir contratos millonarios,
guarda prisión domiciliaria de 9 meses el abogado notario Conrado Enrique
Pittaluga Arzeno.
En la
acusación para medida de coerción depositada por el ministerio público,
se atribuye a Pittaluga Arzeno haberse prestado “a colocar
recursos obtenidos por el soborno en un contrato ficticio de representación
legal en la construcción de la autopista del Coral, procediendo a introducirlos
en el sistema financiero y de esta forma darle apariencia de legalidad”,
constituyendo esto, según los investigadores, “una red de lavado de activos”,
junto a otras personas identificadas en la pieza acusatoria.
Los
investigadores establecieron que el ex ministro de Obras Públicas, Víctor Díaz
Rúa, implicado en el proceso, presentó a Pittaluga Arzeno a los ejecutivos de
Odebrecht como una persona de su confianza y que firmó un contrato de servicios
legales con la constructora. Dice, además, que en el período junio 2011 a
agosto 2012, “Odebrecht realizó a favor de Conrado Pittaluga Arzeno
transferencias millonarias por un monto total de seis millones seiscientos
veintinueve mil ochenta dólares americanos” a través de compañías y
bancos.
El 28
de agosto del 2017, el Colegio Dominicano de Notarios informó que
suspendió la colegiatura y sometió ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ) a
cuatro de sus miembros y que está procesando a 115, por incurrir en
irregularidades en el ejercicio de sus funciones.
Pedro
Rodríguez Montero, presidente de ese gremio, advirtió que si los notarios
no actúan con prudencia ante la nueva ley 155-17 sobre lavado de activos y
financiamiento del terrorismo, serán sancionados con prisiones de seis meses a
10 años.
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