Escrito por
La Redacción.
septiembre 08, 2017
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Manifestantes en
la Plaza Paeria de Lleida para mostrar
su inconformidad contra
el alcalde Ángel Ross.
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Pero las autoridades independentistas se mantienen
desafiantes, asegurando que no se amilanarán por mucha presión que haga la
justicia o el gobierno de España.
MADRID.- Las autoridades políticas y judiciales
de España endurecieron este viernes el tono contra responsables catalanes,
entre ellos directores de medios de comunicación, mandos policiales y alcaldes,
para disuadirlos de participar en la organización del referendo de
autodeterminación del 1 de octubre.
“Los que participen en un
referéndum ilegal, lo saben, ahora no hay ninguna duda, (...) y todo el mundo
tiene que aceptar las consecuencias de lo que hace”, subrayó en rueda de prensa
el portavoz el gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo.
Al admitir el jueves cuatro
recursos del gobierno español contra la consulta, lo que automáticamente la
dejó suspendida cautelarmente, el Tribunal Constitucional lanzó una advertencia
a más de un millar de altos funcionarios catalanes, sobre todo a los 948
alcaldes, quienes deben decidir si abren sus locales para permitir la votación.
El Constitucional llamó a
acatar su decisión so pena de “las eventuales responsabilidades, incluida la
penal, en las que pudieran incurrir”.
Además de los alcaldes, la
máxima instancia española en materia constitucional pidió a abstenerse de
promover “acuerdo o actuación alguna que permita” el referéndum a la
integralidad del gobierno catalán, empezando por su presidente Carles
Puigdemont, y directores de la televisión y la radio públicas de Cataluña,
entre otros altos cargos.
También incluyó al comisario
jefe de la policía catalana, Josep Lluis Trapero, muy visible en la
investigación de los atentados yihadistas que el mes pasado dejaron 16 muertos
en Barcelona y Cambrils.
“En Cataluña no va a tener
lugar ningún tipo de referéndum de autodeterminación”, reiteró la ministra
española de Defensa, María Dolores de Cospedal.
Resistencia
independentista.- Pero
las autoridades independentistas se mantienen desafiantes, asegurando que no se
amilanarán por mucha presión que haga la justicia o el gobierno de España.
“No va a haber suficiente
papel para comunicar tantos apercibimientos y meter miedo a prácticamente la
mitad de la sociedad catalana”, fustigó Lluis Corominas, presidente del grupo
parlamentario de la coalición catalana nacionalista de gobierno, Juntos por el
Sí.
“Ante este tsunami de
querellas, habrá un tsunami de democracia”, avisó el jueves Puigdemont, a cargo
de un gobierno independentista que quiere preguntar el 1 de octubre a los
catalanes si desean que la región de 7,5 millones de habitantes y que
representa el 20% del PIB español se convierta en un “Estado independiente en
forma de república”.
Como prueba de su
determinación, el parlamento catalán dominado por los separatistas aprobó la
madrugada del viernes, luego de la decisión del Constitucional, la llamada “ley
de transitoriedad”, que detalla el funcionamiento de la hipotética República
catalana en caso de ganar el “sí”.
Al igual que las otras leyes
aprobadas en la cámara catalana, la de transitoriedad será impugnada ante el
Constitucional por el gobierno de Mariano Rajoy, anunció Méndez de Vigo.
Además, el gobierno insistió
que no descarta ninguna opción del arsenal jurídico que tiene a su disposición.
Sobre la posibilidad de apelar a la medida más extrema, la aplicación del
artículo 155 de la Constitución, que permite someter a una región a cumplir
forzosamente la Carta Magna, Méndez de Vigo afirmó: “Sin renunciar a nada es
sin renunciar a nada”.
De su lado, el Tribunal Superior
de Cataluña anunció que admitió a trámite sendas querellas contra Puigdemont y
su gabinete, por un lado, y contra la presidenta del parlamento regional, Carme
Forcadell, por otro, por los presuntos delitos de desobediencia, prevaricación
y malversación (este último puede conllevar cárcel) por las leyes y decretos
que permiten el referéndum.
Apoyo de 654 ayuntamientos.-
El conflicto legal es
frontal entre estas disposiciones y la tenacidad de las autoridades
independentistas, que aseguran defender sus derechos tras años de “humillación”
por parte del gobierno conservador de Rajoy.
El gobierno catalán asegura
contar con el apoyo de una mayoría de ayuntamientos, además de tener listos a
más de 16.000 voluntarios para la organización de la consulta.
Según la asociación de
municipios independentistas, ya son 654 los ayuntamientos que apoyarán el
referéndum, pero de las diez ciudades más pobladas, sólo tres accedieron por
ahora a colaborar.
La mayor de ellas, Barcelona
(1,6 millones de habitantes), dirigida por la izquierdista Ada Colau, postergó
este viernes su decisión y pidió al gobierno regional orientación tras la
suspensión del referendo por el Constitucional.
La próxima gran cita en la
escalada será el lunes próximo, cuando con motivo de la Diada, la fiesta de
Cataluña, los independentistas busquen mostrar su fuerza en una movilización, a
la que ya confirmó su asistencia Puigdemont.
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