Escrito por
La Redacción.
septiembre 29, 2017
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Varios independentistas reunidos en una escuela que
será uno de los centros de votación en el referendo
del domingo para opinar si Cataluña debe separarse
de España o no. La votación ha sido prohibida por el
gobierno español, pero los independentistas se
proponen llevarla a cabo. Los sectores contrarios al
referendo dicen que no votarán y se quejan de
que son hostigados.
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BARCELONA.- Cuando estudiantes
universitarios en huelga se manifestaron este jueves en Barcelona a favor de un
referendo sobre si Cataluña debe separarse de España, Josep Lago se fue a sus
clases de derecho.
Este joven de 24 años no ve con buenos ojos la batalla a la que se han
sumado muchos de sus compañeros.
Él no tiene problema alguno con el status actual de Cataluña, una próspera región del noreste de España. Y no piensa votar en el referendo del domingo.
Él no tiene problema alguno con el status actual de Cataluña, una próspera región del noreste de España. Y no piensa votar en el referendo del domingo.
Pero hay algo que sí lo hace salir de las aulas y protestar: La negativa
del derecho a disentir en una sociedad en la que los separatistas son quienes
más bulla hacen.
“Los independentistas radicales que tenían el monopolio del pensamiento
en la universidad no quieren permitir otras ideas”, se queja Lago, quien ha
acudido a los tribunales para combatir el hostigamiento y las amenazas que
recibe su grupo de estudiantes no nacionalistas desde que empezaron a hacerse
oír.
Mucha gente que se siente tan española como catalana se llama a sí misma
la “mayoría silenciosa” de Cataluña. Lago dice que es un grupo que ha sido
acallado, que enfrenta el aislamiento social y se expone a ser estigmatizado
por un sólido grupo de nacionalistas y que, de vez en cuando, sufre agresiones
verbales y físicas de parte de una minoría radical.
Las encuestas indican que los 7,5 millones de catalanes están divididos
por partes iguales, una mitad a favor de la independencia y la otra en contra,
con algunas oscilaciones asociadas a la marcha de la economía española, pero
que los sectores opuestos a la independencia están mucho más fragmentados.
En el plano político, son representados por encarnaciones regionales de
los partidos nacionales, de todo el espectro ideológico. Casi lo único que
tienen en común es su oposición al referendo del domingo, que, según dicen, va
en contra del orden constitucional español.
La coalición separatista que convocó el referendo es la única que lo
considera una votación legítima y vinculante, y los analistas dicen que la
formulación atípica explica por qué los opositores decidieron que la mejor
forma de oponerse es ignorarlo.
“Dado que el gobierno español siempre se negó a negociar el referendo,
se trata de una votación organizada por el gobierno catalán, que está a favor
de la independencia”, expresó Andrew Dowling, experto en la historia catalana
de la Universidad de Cardiff en Gales.
“Se anunció tres semanas antes de la votación, de modo que bajo ningún
concepto se la puede considerar una verdadera campaña”, agregó, destacando que
no hubo campaña en contra de la independencia.
A nivel de la calle, la oposición a la votación está menos unificada que
en los pasillos del parlamento regional.
“No tenemos organizaciones, no controlamos los medios de prensa ni la
financiación, ni contamos con el respaldo de partidos políticos tan fuertes com
los independentistas”, dice Víctor Pellerín, barcelonés de 35 años que estuvo
en una protesta de algunos cientos de personas que gritaron “¡Somos españoles!”
ante la sede del gobierno regional catalán el jueves por la noche.
“No tenemos necesidad de protestar si estamos de acuerdo con el estado
de cosas”, sostuvo Pellerín, al justificar la poca gente que hubo en la
protesta. “Son los que quieren cambiar el status quo los que tienen que salir a
la calle”.
En Cataluña, los intelectuales, los deportistas, los empresarios y otras
figuras prominentes se han pronunciado por un bando o por el otro.
Quienes se oponen a la votación reunieron más de 4.000 firmas, incluidas
las de la cineasta Isabel Coixet, el diseñador Javier Mariscal y los directores
de la mayoría de las empresas catalanas.
Pero a nivel de base, la Societat Civil Catalana, o SCC, es el
principal, por no decir único, partido en contra de la votación. El jueves esa
agrupación lanzó una campaña publicitaria de último minuto en la que hace votos
por que la “cordura” prevalezca sobre la “furia” y pide a la gente que no
participe en lo que describe como un referendo ilegal.
La agrupación dice tener 18.000 afiliados, una cifra muy inferior a los
cientos de miles de voluntarios movilizados por la Assemblea Nacional Catalana
y Omnium Cultural, las dos principales organizaciones civiles que impulsan el
referendo.
La rama estudiantil de la SCC es un ejemplo de los desafíos que enfrenta
la agrupación. Fundada hace dos años por Lago y otro estudiante de la
Universidad Autónoma de Barcelona, arrancó con unos 30 activistas y hoy no
tiene más que unas pocas decenas.
Fotos de esos afiliados son usadas por un grupo que se define como
“antifascista” y que pide que se expulse a los no nacionalistas del campus
universitario, de acuerdo con Lago.
Lago atribuye el hostigamiento a esa agrupación. Las mesas en las que la
SCC ofrece información fueron atacadas, se quemaron banderas españolas y la
difusión de un documental derivó en desmanes que motivaron la intervención de
la policía tras la irrupción de estudiantes separatistas que tomaron el
auditorio.
“Vivimos en una democracia y nadie tiene que ser un héroe para poder
defender sus ideas políticas”, expresó Lago. “Si estás en contra de la idea de
la independencia, te expones a represalias”.
El miedo al aislamiento social, a ser estigmatizado y a una falta de
empatía fue mencionado varias veces en una docena de entrevistas llevadas a
cabo esta semana por quienes dicen que ventilar sus puntos de vista en público
es demasiado arriesgado.
Una vicerrectora de la Universidad Autónoma de Barcelona dijo que esa
institución está tratando de alentar “el flujo de todas las ideas, que todos
los estudiantes gocen de libertad y respeto”.
“Comprendemos que el debate político a veces se expresa en las
universidades con la vehemencia y exaltación de los jóvenes”, manifestó
Virginia Luzón. “Pero esto no debe ser confundido con un activismo violento”.
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