Escrito por
La Redacción.
agosto 30, 2017
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La situación legal que envuelve la
administración
del
vertederode Duquesa afecta la
limpieza del Gran Santo Domingo.
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SANTO DOMINGO.- Las expectativas de la Mancomunidad del
Gran Santo Domingo, de los ministerios de Medio Ambiente, Salud Públicas y la
Federación de Municipios están concentradas en que en la audiencia de este miércoles,
el Tribunal Superior Administrativo dicte como medida cautelar la designación
de un administrador judicial para el vertedero de Duquesa.
Se trata de un recurso
presentado por el cabildo de Santo Domingo Norte que tiene por finalidad la
anulación del contrato que tiene con la empresa Lajún.
El ministro de Medio
Ambiente, Francisco Domínguez Brito, confió en que se traspasará la
administración de Duquesa hacia la Mancomunidad como forma de garantizar que no
se ponga en peligro la salud de los residentes en el Gran Santo Domingo.
“Esperamos que cese ya este abuso,
esta falta de respeto que mantiene esa administración que pone en peligro la
ciudad de Santo Domingo...siempre es posible una medida cautelar de urgencia y
esto no espera un día más”, indicó.
Manifestó que aspira a que
también la Fiscalía de la Provincia Santo Domingo dicte orden de prisión contra
los ejecutivos de Lajún y que se declaren nulos los títulos de propiedad porque
se falsificaron las actas del Congreso Nacional.
De su lado, Rafael Hidalgo,
presidente de la Federación Dominicana de Municipios(FEDOMU) dijo que basta de
la irresponsabilidad soberana que ha tenido Lajún y también abogó para que se
designe un administrador judicial y que haya un régimen de consecuencia sobre
quienes consideran asaltaron el Estado con la adquisición ilegal de terrenos.
“Nosotros esperamos que los
que van a administrar justicia mañana se pongan a tono con las expectativa de
toda la población que reclama un mejor ambiente y para que cada día no haya
crisis ambiental en Duquesa”, manifestó.
Advirtió que Dominicana Limpia
no puede buscar una solución al problema del destino final de desechos sólidos
en el Gran Santo Domingo con la empresa Lajún.
Domingo Contreras, director
de Programas Especiales de la Presidencia y uno de los artífices de Dominicana
Limpia recordó que el Estado tiene la obligación de seguir el debido proceso,
que cualquier violar del mismo tiene implicaciones jurídicas y económicas
internacionales.
Manifestó que tiene la
esperanza de que la justicia tome la medida cautelar pertinente por la
protección de la salud de las personas que está por encima de interés
particular.
“Si se hace el debido
proceso, que es lo que ha estado haciendo el Gobierno, si hay un arbitraje
internacional, lo que Lajún va a tener que hacer es compensar a la República
Dominicana por el daño causado, yo no creo que ningún tribunal pueda aprobar en
ninguna parte del mundo que una empresa vaya a un país a enfermar a los
ciudadanos”, dijo.
De su lado, Lajún confió en
que el tribunal tenga en cuenta lo que ha estado advirtiendo: “el agravio
comparativo del precio con respecto a las compañías de transporte, el acoso y
amenazas constantes de expropiación en lugar de hablar de un precio justo por
tonelada, las recomendaciones de JICA y Fundación Economía y Desarrollo a favor
de Lajún ignoradas”.
Cuestiona que el vertedero de
Rafey lleva 40 días incendiado y no se le haya impuesto una multa.
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