Escrito por
La Redacción.
agosto 02, 2017
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El país norteamericano no aceptará aranceles de ningún tipo ni
cambios en la resolución de disputas.
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Puerto comercial de Veracruz (México).
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En dos documentos de trabajo, uno de ellos remitido al
Senado, el Gobierno mexicano resalta sus prioridades ante la negociación
recalca que no aceptará la introducción de ningún tipo de arancel, una de las
opciones que la Administración Trump manejaba en sus posicionamientos públicos
cuando decidió abrir el melón de la renegociación comercial.
También rechazará
cualquier cambio en el ya famoso capítulo 19 del texto, que establece los
mecanismos a seguir para la resolución de disputas entre los tres países
firmantes. En ambos casos, las autoridades mexicanas están en total sintonía
con sus pares canadienses, lo que parece anunciar un acuerdo de facto entre ambos
países frente a uno de los rasgos diferenciales de la nueva Casa Blanca: el
proteccionismo.
"[Debemos] fortalecer el tratado
sin poner en riesgo el libre comercio, la integración regional y, sobre todo, los
empleos de millones de personas en los tres países", resume el documento
de prioridades ante la negociación elaborado por el Gobierno mexicano. Desde la
Secretaría de Economía, que dirige Ildefonso Guajardo,
aseguran que tanto el capítulo 19 como la no imposición de tarifas arancelarias
serán dos puntos "intocables" en la nueva redacción del TLC.
El Gobierno mexicano ve
margen para que el nuevo pacto comercial "aproveche las oportunidades que
ofrece la economía del siglo XXI" y fija cuatro ejes temáticos
"indispensables para fortalecer la posición de México en la economía
global, extender los beneficios del libre comercio al interior de la sociedad y
reposicionar a América del Norte" en el nuevo orden económico mundial:
fortalecer la competitividad de la región, avanzar hacia un comercio regional
inclusivo y responsable, aprovechar las oportunidades de la economía del siglo
XXI y promover la certidumbre del comercio y las inversiones en Norteamérica.
En el primer ámbito, el
Ejecutivo de Enrique
Peña Nieto (PRI) aboga por
que la modernización del TLC se oriente a "fortalecer la competitividad de
México como plataforma de producción y exportación (...) fortaleciendo la
proveduría regional". De forma implícita, las autoridades mexicanas se
refieren así a las reglas de origen, que fijan el porcentaje de contenido
regional de cada producto y que se ha convertido en los últimos meses en uno de
los mantras cada vez que se habla del tratado comercial norteamericano: una de
las claves de las conversaciones trilaterales estará en la búsqueda de un
equilibrio entre favorecer la carga de trabajo en los países involucrados y no
dañar la competitividad del bloque respecto al resto del mundo.
México ve
"prioritario" mantener el acceso preferencial para sus bienes y
servicios en EE UU y Canadá y, especialmente, llama a facilitar el acceso de
los productos agropecuarios —donde la actividad comercial entre los tres países
es especialmente intensa y multidireccional— "buscando reglas claras,
procedimientos y eliminando barreras al comercio"; apela a una mejora de
los procedimientos aduaneros —uno de los puntos débiles en los intercambios
México-EE UU en la actualidad— y subraya la importancia de que se eviten
"obstáculos encubiertos al libre comercio". Este último punto
especialmente importante habida cuenta de que ante la imposibilidad de fija
aranceles, tal y como anunció en un primer momento, el equipo de Trump podría
verse tentado a acudir a regulaciones indirectas para frenar la entrada de
productos mexicanos y canadienses en sectores clave.
En el plano laboral, los
representantes mexicanos eluden referirse en el documento de prioridades ante
la renegociación a las "ventajas competitivas" de las que la nueva
Administración estadounidense acusa al país latinoamericano siempre que se
presenta la ocasión. Pero el Gobierno de Peña Nieto no desaprovecha la
oportunidad de pedir una ampliación de las categorías para "la entrada
temporal personas de negocios, mejorar los tiempos, transparencia y procesos
para su ingreso [en EE UU] y buscar mecanismos innovadores de movilidad
laboral". Las autoridades mexicanas ven una "enorme oportunidad"
si los tres países logran un esquema menos rígido en este ámbito, según
confirman fuentes oficiales en referencia a las denominadas visas Nafta (las
siglas del tratado en inglés), que facilitar el traslado temporal de
profesionales entre los tres países. "¿Cuántos jornaleros
mexicanos se emplean en Florida? ¿Y soldadores en infraestructuras
estadounidenses?", pregunta retóricamente un alto funcionario mexicano.
"Sería una mejora del tratado que no implicaría ningún coste",
asevera.
Muchos especialistas e
importantes representantes políticos de izquierdas critican que el TLC firmado
en 1994 favoreció a grandes corporaciones internacionales. En el nuevo tratado,
las autoridades mexicanas no quieren que ocurra lo mismo y se comprometen a
"generar mecanismos de cooperación regional que fomenten una mayor
participación de las pequeñas y medianas empresas en las cadenas de provedurías
regionales". En otro de los ámbitos en los que la Administración
estadounidense más ha puesto el foco en los últimos meses, el de la lucha
contra la corrupción, el país latinoamericano se fija el objetivo de
"establecer medidas" contra los actos de este tipo que "afecten
al comercio y las inversiones". México ya tiene directrices para una
renegociación que se presume compleja y, sobre todo, larga: pocos confían en
llegar a un acuerdo en lo que resta de 2017, tal y como se habían propuesto las
tres partes en los prolegómenos de las conversaciones.
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