Escrito por
La Redacción.
agosto 22, 2017
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El
presidente venezolano Nicolás Maduro habla
en una
reunión de la comisión de la Asamblea
Constituyente,
en julio del 2017 en Caracas.
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Mientras,
el gobierno colombiano asegura que la fiscal rebelde de Venezuela está bajo su
protección. El presidente Juan Manuel Santos afirmó que si Luisa Ortega pide
asilo político se le otorgará.
CARACAS.- Las sanciones económicas que Estados
Unidos podría anunciar en los próximos días parecen ser la última gran
esperanza de los venezolanos de ver un cambio político en el oprimido país
sudamericano, después que el gobernante Nicolás Maduro lograra enfriar las
manifestaciones y su régimen iniciara la acelerada transición hacia una
dictadura socialista, dijeron analistas.
Las medidas podrían ser
anunciadas esta misma semana e incluso coincidir con un encuentro previsto para
este miércoles del vicepresidente estadounidense Mike Pence con integrantes de
la comunidad venezolana en Miami.
Personas cercanas al proceso
dijeron a el Nuevo Herald que las medidas contempladas incluyen más sanciones
individuales contra altos funcionarios del chavismo, la prohibición de importar
crudo pesado venezolano y de vender crudo ligero y combustibles estadounidenses
a Caracas, así como la aplicación de un cerco financiero a Venezuela.
Las fuentes
dijeron que Estados Unidos probablemente continuará con la ejecución de una
estrategia incrementalista, donde las medidas más severas sean las últimas en
aplicarse, que pudieran ejercer un impacto devastador sobre el sector petrolero
venezolano, que genera el 95 por ciento de las divisas que ingresan al país.
No obstante, la selección final será aprobada por el presidente
Donald Trump, quien ya anunció que Estados Unidos aplicaría con rapidez fuertes
medidas económicas contra el régimen si Maduro insistía en la instauración
fraudulenta de una Asamblea Nacional Constituyente que tiene por fin cimentar
los poderes dictatoriales de su régimen.
Las medidas en el lado más
extremo del abanico de opciones indudablemente tendrían un duro impacto sobre
la población venezolana, que ya sufre las consecuencias del colapso económico
provocado por el chavismo.
Pero el colapso de las finanzas
internas podría terminar siendo un factor determinante en la remoción de un
régimen dominado por organizaciones criminales que ha demostrado estar
dispuesto a todo para permanecer en el poder.
“Es muy probable que no veamos un cambio hasta que estén en el
momento de un colapso financiero”, explicó Evan Ellis, profesor del Instituto
de Estudios Estratégicos del Army War College de Estados Unidos.
“En ese momento, podríamos ver
a la élite militar y a los cubanos actuar, pero para salvarse a ellos mismos y
no para restaurar la democracia”, dijo Ellis.
El régimen de Raúl Castro
ejerce gran influencia sobre el de Maduro y recibe un subsidio económico de
entre 50,000 y 80,000 barriles diarios de petróleo venezolano, aunque la economía
del país sudamericano ya está en quiebra.
Pero Venezuela aún recibe cerca
de $1,000 millones al mes por la colocación de crudo en Estados Unidos, monto
que aunque insuficiente para cubrir las necesidades de importación de alimentos
y medicinas que requiere el país, hasta el momento ha mantenido aceitado los
engranajes del poder y de corrupción que le garantiza al régimen la lealtad de
los militares.
Russ Dallen, socio gerente de la firma Caracas Capital Markets,
quien es consultado con frecuencia sobre Venezuela por las autoridades de
Washington, resaltó que la estabilidad de los regímenes totalitarios muchas
veces sólo se ve amenazada cuando colapsan sus finanzas internas.
“En tiempos de estrés
económico, hemos visto con frecuencia que aparece otro general que se monta en
la tarima y dice, ‘Sabes que, no estoy recibiendo el monto que me corresponde,
y creo que lo puedo hacer mejor’ ”, explicó Dallen.
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La fiscal rebelde de Venezuela, Luisa Ortega.
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Luisa Ortega en Colombia.- Desde el pasado viernes
en la noche, cuando Migración Colombia confirmó que la fiscal venezolana Luisa Ortega había aterrizado en territorio nacional sobre las 3:30
de la tarde, su presencia en el país se había convertido en un misterio.
El sábado, el ministro del Interior, Guillermo
Rivera, confirmó que Ortega permanecía en Bogotá, sin dar más detalles. Este
lunes, el presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el tema por primera
vez.
Desde su cuenta de Twitter aseguró que Ortega
está bajo protección y que si pide asilo político se le otorgará.
"La fiscal Luisa Ortega se encuentra bajo
protección del gobierno colombiano. Si pide asilo se lo otorgaremos",
escribió Santos, que no precisó los beneficios con los que cuenta la fiscal
ahora que es protegida del gobierno y se limitó a anunciar su disposición a
otorgarle asilo.
No pasó mucho tiempo antes de que, también por
redes sociales, el nuevo fiscal general venezolano Tarek Saab, cuestionara la
posición del gobierno colombiano. "Juan Manuel Santos con apoyo
incondicional a ex-fiscal prófuga confirma que Colombia es el epicentro de la
conspiración internacional contra Venezuela", escribió en Twitter, desde
donde también habló de una "tradición de exmandatarios" colombianos
que - señala - han dado "protección a venezolanos asociados al terrorismo
y narcotráfico".
En el mismo sentido se refirió el canciller
venezolano, Jorge Arreaza, que acusó a Santos de proteger la "corrupción y
el delito". Dijo además que "Bogotá se ha convertido en centro de la
conspiración contra la democracia y la paz en Venezuela. Vergüenza histórica
del 'Caín de América'".
Ortega salió de su país el mismo día en
que la fiscalía mexicana difundía un audio suyo grabado desde un lugar
desconocido en el que denunciaba los vínculos de corrupción entre el presidente
Nicolás Maduro con la constructora brasileña Odebrecht.
"Tenemos el detalle de toda la
cooperación, montos y personajes que se enriquecieron y esa investigación
involucra al señor Nicolás Maduro y a su entorno", se escuchó de la voz de
Ortega durante la Cumbre de Procuradores y Fiscales Generales de América Latina
en el central estado de Puebla.
La fiscal aterrizó en el
aeropuerto El Dorado en un vuelo privado, proveniente de Aruba, a donde llegó
en una lancha desde la península venezolana de Paraguaná.
La funcionaria entró a territorio
colombiano acompañada por su esposo, el diputado oficialista Germán Ferrer, y
otras dos personas que trabajaban con ella: Gioconda del Carmen González
Sánchez (subdirectora de despacho del ministerio público) y Arturo Vilar
Esteves (fiscal anticorrupción).



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