Escrito por
La Redacción.
agosto 17, 2017
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Santo Domingo.- Durante operativos realizados a nivel nacional en julio y los primeros días de agosto del presente año, la Dirección General de Migración decomisó carnés auténticos del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), en posesión de otras personas, y otros falsificados.
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Las
autoridades mostraron a los periodistas los
documentos
falsificados para regularizar a haitianos.
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Dentro de los documentos decomisados en
las operaciones de interdicción migratoria, dispuestas por el director general
de Migración, teniente general Máximo William Muñoz Delgado, figuran 183
documentos falsos y 153 documentos con usurpación de identidad.
Entre los documentos falsos se encuentran
149 carnés del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros y 5 cédulas
dominicanas; así como también 29 pasaportes haitianos con irregularidades que
van desde libretas expiradas, visados falsos, entre otras alteraciones.
Mientras que dentro de los documentos
detectados con usurpación de identidad, figuran 142 carnés del Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros, 6 pasaportes, y 2 cédulas haitianas, además de 3
cédulas dominicanas.
La DGM informó
que los documentos fueron ocupados gracias al empleo de lectores y a la
consulta con la base de datos de la institución que realizan los inspectores de
migración.
Conforme a la
institución, en estos casos se procede a la deportación del portador del carné
por encontrarse irregular en el país e incurrir en usurpación de identidad y en
lo que concierne al titular, se procede a su exclusión del Plan Nacional de
Regularización de Extranjeros y a la consecuente deportación, toda vez que no
se demuestre la existencia de una denuncia previa a la sustracción del documento
ante la instancia correspondiente.
Documentos detectados.-
Los documentos
detectados con usurpación de identidad serán remitidos ante las embajadas
correspondientes acreditadas en el país y a los organismos nacionales
competentes.
Del mismo modo, se mantiene abierta una investigación con
otros organismos de seguridad del Estado, a los fines de identificar a los
responsables de la falsificación de los documentos, para posteriormente
proceder a su sometimiento a la justicia.
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