Escrito por
La Redacción.
agosto 28, 2017
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El Gobierno brasileño de centroderecha ha
dado un golpe de efecto que agrada a los mercados y enfurece a la oposición de
izquierda.
El presidente Michel Temer y el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, durante evento en el Planalto.
São Paulo.-
Acorralado por el agujero en las cuentas públicas y las
dificultades políticas para avanzar en su plan de reformas liberales, el
gobierno brasileño, de centroderecha ha dado un golpe de efecto que agrada a
los mercados y enfurece a la oposición de izquierda.
El equipo
económico del presidente Michel Temer ha anunciado el mayor programa de
privatizaciones en el país desde hace dos décadas con el propósito de hacer
caja y atenuar el déficit fiscal. Más de 50 activos estatales se pondrán a la
venta o su gestión será cedida al sector privado, entre ellos Electrobas, la
mayor empresa eléctrica de Latinoamérica.
Fuera
del programa anunciado, que incluye una docena de aeropuertos y la Casa de la
Moneda, quedan el gigante Petrobras o la poderosa banca pública. El
programa, no obstante, carece de detalles, así como una estimación total de lo
que pudiera obtenerse. El Ministerio de Energía ha precisado que solo la
operación de Eletrobras puede suponer unos 5.400 millones de euros.
La mayor
ola privatizadora de las últimas décadas en Brasil se registró durante el
primero de los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso, presidente entre 1995 y 2003.
“El
paquete de Temer es sin duda el mayor desde Cardoso. Incluye aeropuertos,
sistemas de saneamiento, el sector eléctrico, cuestiones que contribuirán a
cambiar la estructura de la economía en los próximos dos años”, explica
Alexandre Galvão, profesor de la escuela de negocios Fundación Don Cabral.
Algunos
de los activos en venta tienen además una fuerte carga simbólica, como la
propia Eletrobras, la joya de la corona de la propuesta, creada en 1956 en pleno
auge de la política de desarrollismo estatal del presidente Getúlio Vargas.
El plan
supone una escalada más en el giro a la derecha que vive Brasil después del impeachment que el año pasado acabó con
la presidencia de Dilma Roussef y puso fin a la
etapa del PT. Pero también es consecuencia de la debilidad política de un
presidente acosado por los escándalos de corrupción.
El
ambicioso programa reformista de Temer —del mercado de trabajo hasta las
pensiones— se ha visto atenuado por las resistencias del Congreso. Muchos
diputados pusieron además un elevado precio al voto que, el pasado día 3,
permitió que la Cámara frenase la denuncia del fiscal general de la República,
Rodrigo Janot, contra el presidente, acusado de cobrar sobornos.
Esas
concesiones económicas de Temer a las regiones para salvar su puesto
representaron un aumento del gasto público y obligaron al Gobierno a rebajar
los objetivos de su ajuste fiscal para este año. Ahora, uno de los objetivos
del programa privatizador es precisamente recaudar dinero para aliviar las
cuentas del Estado, junto a reactivar, en la medida de lo posible, una economía
que, aunque ha dejado de caer, presenta unas expectativas de crecimiento este
año de apenas el 0,5%.
“Toda la motivación del
programa es la necesidad de captar recursos para el tesoro nacional. Eletrobras
ya no venía desempeñando un papel estratégico en el sector eléctrico, en buena
medida a causa de sus problemas financieros”, apunta Nivalde de Castro,
especialista del Instituto de Economía de la Universidad Federal de Río de
Janeiro.
El Ejecutivo afirma que su
objetivo es devolver la eficiencia a una compañía que acumula una deuda de más
de 6.000 millones de euros. El Ministerio de Minas y Energía detalla que en los
últimos 15 años, Eletrobras ha absorbido recursos públicos por unos 65.000
millones de euros que “podrían ser invertidos en seguridad, educación y sanidad”.
La crisis económica ha castigado las cuentas de la firma, que tampoco se ha
visto libre de los múltiples escándalos de corrupción destapados en el país.
A
evaporar sus ganancias contribuyó además la decisión de Rousseff de rebajar por
decreto un 20% las tarifas eléctricas. Rousseff, quien fue ministra de Energía
del presidente Lula da Silva, criticó de inmediato el anuncio de la
privatización: “Esto significa dejar el país a merced de los apagones, como
ocurrió en 2001 con Cardoso. El consumidor va a pagar una cuenta de luz
estratosférica”.
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