Escrito por
La Redacción.
agosto 17, 2017
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Ni Ortega ni su marido se encontraban en la vivienda, pero una
empleada del hogar fue detenida.
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Miembros del
Sebin hacen guardia
en la casa de
Ortega Díaz.
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En el momento del allanamiento ni Ortega ni su marido se
encontraban en la vivienda, pero una empleada del hogar fue detenida.
Se trata de un nuevo episodio en el conflicto institucional
que se vive en Venezuela desde que en octubre pasado el Tribunal Supremo,
controlado por el chavismo, declaró en desacato al Parlamento de mayoría
opositora, así como nulas todas sus actuaciones.
En la subsiguiente escalada de obstrucciones mutuas, el mismo
tribunal emitió a finales de marzo un veredicto en el que despojaba a la Asamblea Nacional de sus facultades
legislativas para
traspasarlas al presidente Nicolás Maduro. Esa medida, que la oposición
denunció como un golpe de Estado y dio lugar a cuatro meses de protestas, fue
también desafiada en esa oportunidad por Ortega Díaz, quien desde la Fiscalía
General determinó que se trataba, en efecto, de una interrupción "del orden
Constitucional".
Fue tan solo la primera expresión pública de una disidencia
que se hizo aún más abierta cuando Ortega criticó, desde posiciones de un
chavismo "original", la convocatoria de una Asamblea Constituyente
"presidencial" por parte de Maduro.
El ajuste de cuentas institucional
adquirió entonces un cariz intestino para el oficialismo. La primera decisión
de la Constituyente chavista, instalada el 6 de agosto,
fue la remoción de Ortega de su cargo y la designación de un sucesor, Tarek
William Saab, ex Defensor del Pueblo, exgobernador del Estado de Anzoátegui por
el progubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y obediente
ficha de la Revolución.
La decisión se hizo para prever los
efectos de la causa penal abierta contra Ortega ante el Tribunal Supremo por
presuntas irregularidades en el ejercicio del cargo.
Independientemente de esa
causa –que sigue su curso en el Supremo y pudiera llevar a prisión a Ortega–,
este miércoles el poderoso número dos del PSUV, Diosdado Cabello,
también diputado de la Constituyente, acudió a la sede de la Fiscalía General
para exigir a Saab la apertura de una investigación contra el esposo de Ortega
Díaz, Germán Ferrer, diputado a la asediada Asamblea Nacional por el PSUV, y
quien también rompió recientemente con el oficialismo.
Según Cabello, Ferrer es el
cabecilla de una red de extorsión que actuaba en el interior de la Fiscalía, de
la que Ortega Díaz fue titular desde 2007. "Aquí había una red de
extorsión", dijo el excapitán del Ejército Cabello a la salida de su
diligencia ante el Ministerio Público. "Fiscales que chantajeaban a
empresarios y les pedían 600.000 dólares (...) Es difícil que eso haya
funcionado sin el conocimiento de la doctora Ortega", siguió sumando
sospechas en torno a la exfiscal, a quien Cabello patrocinó para el cargo en
2007.
De inmediato, el nuevo fiscal
Saab pidió que se emitiera una orden de captura contra Ferrer y que se le
despojara de manera sumaria de su fuero parlamentario por vía de la Asamblea
Constituyente. De acuerdo con Saab, cuatro exfuncionarios del Ministerio
Público fueron detenidos "en flagrancia". Mostró copias de documentos
sobre la presunta apertura de cuentas bancarias por parte de Ferrer y empleados
de la Fiscalía, con saldos de hasta seis millones de dólares. "¿Cómo un
parlamentario, con un sueldo que se sabe modesto, puede abrir cuentas en
dólares?", se preguntó Saab ante los reporteros.
El allanamiento de la morada
de la pareja Ferrer-Ortega, en el sector de La Florida en Caracas –un barrio de
clase media alta, preferido por la jerarquía chavista, en el norte de Caracas– estuvo
a cargo de la policía política, Sebin, y se cree que forma parte de las
investigaciones en torno a la supuesta red de chantaje y legitimación de
capitales.
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