Escrito por
La Redacción.
julio 29, 2017
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El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, en un acto político este sábado en Caracas.
La elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente acabará con el Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos años.
CARACAS.- El régimen de Nicolás Maduro ha consumado su plan. La
elección de delegados para una Asamblea Nacional Constituyente, convocada con
reglas del juego que favorecen al chavismo, acabará este domingo con el
Parlamento de mayoría opositora que los venezolanos votaron hace menos de dos
años. Es decir, con el único contrapoder del país.
Se trata de una decisión que ni los partidos de la oposición,
agrupados en la Mesa de Unidad Democrática (MUD), ni la presión de Estados Unidos, la UE y muchos países de la
región han logrado detener y
que amenaza ahora con perpetuar la deriva autoritaria del Gobierno. La nueva
Cámara se constituirá la primera semana de agosto.
Maduro ha decidido pegar un brinco hacia el vacío. La nueva
Cámara reconfigurará la lucha de poder dentro del chavismo y va a enfrentar a
Venezuela a una situación inédita en su historia contemporánea: el
desconocimiento casi absoluto de la comunidad internacional a las leyes que
apruebe esa instancia. El primer paso lo ha dado Colombia.
Juan Manuel Santos
El presidente
Juan Manuel Santos aseguró que no reconocerá los resultados de los comicios porque tienen “un origen ilegítimo”. Esta
circunstancia dejaría al régimen tan aislado como alguna vez estuvo la Cuba
castrista, su faro moral.
“Permitirle a Maduro avanzar con su
Asamblea Constituyente sería trágico para Venezuela”, dice José Miguel Vivanco,
director para las Américas de Human Rights Watch.
“Le permitiría no sólo perpetuarse en el
poder, sino contar con un séquito de seguidores que se encargarán rápidamente
de desmantelar las pocas instituciones independientes que quedan en pie, como
la Asamblea Nacional o el ministerio público, suspender elecciones y continuar
con el espiral de violencia y represión”.
Luisa Ortega Díaz, fiscal general.
¿Cómo se gestó esa decisión?.- El 1 de mayo, cuando se cumplió un mes de las
protestas opositoras, que aún no han cesado y en las que han fallecido más de
100 personas, Maduro convocó al llamado “poder originario” en una huida hacia
adelante.
Con la amenaza de liquidar a sus
adversarios de la
Mesa de Unidad Democrática (MUD) y a los desertores de su propio bando, como la fiscal
general Luisa Ortega Díaz, el régimen esperaba aplacar las manifestaciones
contra dos sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que despojaban al
Parlamento de sus atribuciones. La MUD no aceptó la oferta de Maduro.
El Gobierno fijó estas
elecciones tras negarse a autorizar el referéndum revocatorio solicitado por la
oposición y posponer las elecciones regionales. Pero la oferta encerraba una trampa.
Las bases comiciales de la Constituyente permitían al chavismo, que hoy es
minoría, repartir entre los sectores afines un tercio de la Asamblea y
sobrerrepresentar las provincias más rurales del país, donde conserva la
mayoría de sus apoyos. Las fuerzas opositoras no presentaron candidatos y
Maduro trató de presentar esa decisión como una prueba de que solo quieren
derrocarle. Pero el
excandidato presidencial Henrique Capriles afirmó lo contrario: “Nosotros hicimos todo para que este
Gobierno entrara en razón y no lo hicieron. Ellos todavía viven de la imagen
del presidente [Hugo] Chávez. Les toca dejar de esconderse detrás de Chávez y
asumir la responsabilidad”.
A pesar de ello, hasta última
hora el Gobierno intentó suspender su propia propuesta, dice Ángel Oropeza,
coordinador del equipo político de la MUD: “El presidente se sentía atrapado en
su propio invento, al que apeló para escapar de una consulta popular, y no
sabía cómo salirse de él”. A través de sus emisarios, los hermanos Delcy y
Jorge Rodríguez, excanciller y alcalde de Caracas, respectivamente, y con la
mediación del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero,
presentaron varias ofertas. Pero hasta el viernes no hubo posibilidad de lograr
un acuerdo.
“Un Gobierno fracturado”.- “Se hicieron todos los esfuerzos, se les planteó la inconveniencia de llevar adelante esta propuesta. Pero el Gobierno no es homogéneo. Cuando creíamos que habíamos logrado un consenso resulta que la otra ala del régimen, representada por el grupo que tiene más cuentas pendientes con la justicia, se negaba a aceptar cualquier acuerdo. Ese es el problema de negociar con un Gobierno que está fracturado”, dice Oropeza.
Oropeza cree que la
Constituyente es la oportunidad que siempre ha estado esperando Diosdado Cabello, el número dos del régimen, para retar el poder de Maduro. De
todos los aspirantes, el poderoso vicepresidente del Partido Socialista Unido
de Venezuela fue el más entusiasta en la campaña. Recorrió el país, prometió
que la institucionalidad surgida de la nueva Constitución liquidaría la oposición
y los tránsfugas del chavismo. Cabello aspira a presidir esa nueva instancia.
Si lo logra, es muy probable que termine convertido en el presidente de facto.
Nadie, en cualquier caso, se
muestra dispuesto a ceder y las perspectivas comienzan a ser cada vez más
inciertas sobre Venezuela. Oropeza visualiza que las expectativas de Maduro de
ponerle la lápida a la crisis venezolana no van a ser satisfechas. “Esto va a
ser mucho peor. Nos adentraremos en el terreno de la ingobernabilidad. Ojalá
que las soluciones lleguen antes de que sigan cayendo las víctimas”.
Vivanco considera que “la
única solución para evitar este escenario es que continúe la fuerte presión en
las calles a través de masivas manifestaciones pacíficas, de la mano de una
presión internacional y multilateral cada vez mayor que implique, por ejemplo,
la adopción de sanciones dirigidas contra funcionarios venezolanos que estén
implicados en graves violaciones de derechos humanos”. La semana pasada, más de 100 congresistas colombianos y chilenos presentaron ante la
Corte Penal Internacional de La Haya una denuncia que responsabiliza a Caracas de crímenes como el
“asesinato por instigación directa e indirecta” o “la privación del acceso a
alimentos o medicinas”. Vivanco opina que “quienes cometen los gravísimos
abusos que ocurren en Venezuela hoy deben saber que, tarde o temprano, rendirán
cuentas por sus actos”.
El rechazo a las elecciones
de hoy no proviene solo de la MUD. La Constituyente ha evidenciado una fractura
dentro del chavismo. La fiscal general acusó abiertamente a Maduro de
traicionar el legado de Chávez. Y figuras como Nicmer Evans, del Movimiento por
la Democracia y la Inclusión, también rechazan la convocatoria. “Estamos
pidiéndole al presidente Maduro que se establezca un proceso de negociación
para que su renuncia permita que se vaya por la puerta de delante y que esa
renuncia, que está en el marco de la Constitución, nos pueda permitir de manera
absolutamente certera generar un proceso democrático de reorganización de las
instituciones a partir de la convocatoria de una elección presidencial”,
concluye.
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