Escrito por
La Redacción.
julio 16, 2017
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Luiz Inacio Lula da Silva
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Brasilia.- El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva,
condenado esta semana en primera instancia a nueve años y seis meses de cárcel,
insistió este sábado en su inocencia, al tiempo que su defensa presentó una
primera apelación contra el fallo.
Lula asistió este
sábado en la ciudad paulista de Diadema a un acto en el que asumieron sus
cargos los nuevos miembros de la directiva local del Partido de los
Trabajadores (PT) e insistió en que la sentencia que lo declaró culpable de
corrupción es “política” y producto de lo que califica como una “persecución”
que atribuye a sus adversarios.
“Solo el pueblo
puede juzgarme”, reiteró el exmandatario, quien ha anunciado su intención de
postular otra vez a la Presidencia en las elecciones de 2018, aunque ello sería
impedido por la ley si la sentencia dictada en primera instancia fuera
ratificada por un juez superior.
El expresidente, que
ha hecho de su defensa casi que una campaña política, también se movió este
sábado en el frente jurídico y sus abogados presentaron una primera apelación
contra el fallo dictado el pasado miércoles por el juez Sergio Moro,
responsable de la investigación de la red de corrupción que operó en la estatal
Petrobras.
En ese documento,
la defensa demanda que se “corrijan” una serie de “omisiones” en los autos del
proceso, que se basa en la supuesta entrega a Lula de un apartamento en el
balneario paulista de Guarujá por parte de la constructora OAS, a cambio de presuntos
“favores políticos” hechos por el exmandatario.
Según la defensa,
existen documentos que fueron presentados al tribunal y desconsiderados por
Moro, entre los cuales citan desde declaraciones de testigos hasta certificados
que probarían que la verdadera propietaria del inmueble sigue siendo la
constructora.
La apelación será
tramitada por el juez Moro, quien no tiene un plazo legal para ello, y si fuera
negada el caso pasaría a la órbita de un tribunal federal regional con sede en
la sureña ciudad de Porto Alegre, que juzgará el asunto en segunda instancia.
De ese segundo
fallo dependerá la eventual candidatura de Lula para las elecciones previstas
para octubre de 2018, ya que si la sentencia fuera ratificada antes de que se
inicie el proceso la ley le impediría explícitamente postular a cualquier cargo
público.
Aunque no existen
plazos legales para un juicio en un tribunal superior, lo habitual es que un
trámite de esa naturaleza en Brasil demore entre uno o dos años, lo que deja la
eventual candidatura de Lula bajo un signo de interrogación.
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