Escrito por
La Redacción.
julio 04, 2017
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La oposición se
mostró unida en una iniciativa en la que
buscan atraer a
la mayor cantidad posible de sectores.
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Hay ruptura total entre la fiscal general de Venezuela y el Gobierno de Maduro. La magistrada Luisa Ortega ha recusado a 17 de los integrantes de la Sala Plena del Tribunal Supremo que la juzgarán este martes en la audiencia sobre sus presuntas irregularidades.
En un acto este
lunes junto parte de la sociedad civil, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD)
presentó un documento "de acuerdo y unidad nacional" en el que se
solicita a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora desde las elecciones
legislativas de diciembre de 2015, que promueva una consulta el 16 de julio
para decidir "el futuro del país".
Es una nueva
iniciativa después de tres meses de protestas contra el gobierno.
De acuerdo al
documento llamado "Que sea el pueblo quien decida", la oposición
quiere que la gente se pronuncie sobre el rechazo a la Constituyente, sobre el
papel que demanda a los funcionarios y a la fuerza armada para "lograr la
restitución del orden constitucional" y sobre si quiere renovar los
poderes, un gobierno de unión nacional y la realización de elecciones
"libres y transparentes".
Según el artículo
71 de la Constitución, el poder legislativo tiene el derecho a convocar la
consulta, pero difícilmente será validada por el Consejo Nacional Electoral
(CNE), que suele
coincidir con el Ejecutivo y ha dado el visto bueno a las elecciones a la
Constituyente el 30 de julio.
De hecho, la
oposición ni siquiera buscará el aval del CNE. "Estamos en 350", dijo
a BBC Mundo el líder opositor Freddy Guevara, vicepresidente de la Asamblea, al
ser preguntado si pretenden lograr el visto bueno del poder electoral.
Guevara hace
referencia al artículo 350 de la Constitución, que permite desconocer a las
autoridades.
Para el analista Luis Vicente León,
la consulta es "un juego político simbólico" que pretende
agregar a las protestas actuales "elementos creativos y distintos que
motiven a la población".
León, economista y
director de la encuestadora Datanálisis, cree que la oposición desea un duelo de movilización.
"Busca marcar
una diferencia entre la gigante abstención en el evento del gobierno (la
votación de la Asamblea Constituyente) y una movilización gigante que le abra a
la gente mecanismos para participar distintos a la protesta de calle",
afirma a BBC Mundo el analista.
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Las protestas
contra el gobierno se prolongan desde
hace tres meses
y han dejado ya casi 90 muertos.
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¿Solución?.- El
gobierno promueve la Constituyente como solución al conflicto político y social
que vive Venezuela, agudizado por una ola de protestas que dura ya tres meses.
Dos sentencias del
Tribunal
Supremo de Justicia (TSJ) que le restaban poderes a la Asamblea
Nacional dieron inicio a unas manifestaciones fomentadas por la oposición y que
ha dejado ya casi 90 muertos y que no tiene final a la vista.
Todo ello en el
contexto de una severa crisis económica con escasez de alimentos y medicinas en
los últimos años, lo que ha socavado el apoyo al gobierno y la aprobación del
presidente, Nicolás
Maduro.
La oposición y
sectores del chavismo critican que se promueva la Constituyente sin un
referendo previo para su convocatoria, y las condiciones para una compleja
votación sectorial y territorial con la que acusan al gobierno de querer
controlar el resultado.
Por ello, rechazan
la elección del 30 de julio por considerarla un "fraude" con el que
Maduro busca perpetuarse en el poder.
El presidente
asegura que la Constituyente pretende no sólo redactar una nueva Constitución,
sino también reformar la estructura del Estado.
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Luisa Ortega llega este
lunes a la
Asamblea Nacional en Caracas.
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Ruptura entre la
fiscal y Maduro.- El primer lunes de julio mostró ser un punto de inflexión en
un mes que ya se asoma como decisivo en la grave crisis política y
socioeconómica a la que se enfrenta Venezuela. Si ya corría una cuenta
regresiva, la de las elecciones del 30 de julio para escoger los diputados a la
Asamblea Constituyente que el Gobierno de Nicolás Maduro impulsa, la oposición
decidió acortar el plazo al convocar desde la Asamblea Nacional un referendo
consultivo para el 16 de julio, en el que se preguntará a los participantes si
aprueban o rechazan la Constituyente.
"Estamos preparados para iniciar las acciones que haya que iniciar para
lograr un país con vida y futuro, una Venezuela digna y justa que nos llene de
orgullo", dijo el presidente del Parlamento y dirigente del partido opositor
Primero Justicia (PJ), Julio Borges, en un acto en el que participaron
representantes de las demás organizaciones agrupadas en la opositora Mesa de
Unidad Democrática (MUD) y de gremios y organizaciones de la sociedad civil.
El llamado a un
referendo consultivo está incluido en un documento al que Borges dio lectura
durante el evento, y que lleva el título de Que sea el pueblo el que decida.
La oposición invoca el artículo 71 de la Constitución vigente para que la
Asamblea Nacional convoque y organice una consulta popular. Más de 1.500
centros de votación serían puestos a disposición de los ciudadanos en esa jornada,
con la que la MUD intenta ofrecer una demostración de su fuerza y desligitimar
el llamado oficialista a redactar una nueva Constitución. Según diversos
estudios de opinión, no más del 20% del padrón electoral estaría dispuesto a
acudir a las urnas el 30 de julio, fecha en que el chavismo gobernante
realizará las elecciones para “su” Asamblea Constituyente.
A pesar de los
rumores que anunciaban su comparecencia, al acto no acudió la fiscal general de
la República, Luisa Ortega Díaz, disidente del chavismo y quien luce dispuesta
a ejercer un rol de bisagra para la transición política que la oposición
intenta producir.
De cualquier
manera, minutos antes del llamado opositor a referendo, Ortega Díaz dio un
importante voto de confianza a la Asamblea Nacional. En el Palacio Federal
Legislativo, sede del Parlamento, durante una sesión en la que se trataba la
ratificación en su cargo del vicefiscal Rafael González Arias, recientemente
destituido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Ortega Díaz dijo a los
diputados de la mayoritaria banca opositora que “ustedes están al servicio del
Estado y el Ministerio Público también, yo creo que esta Asamblea Nacional está
legitimada”.
Desde septiembre
pasado, por otro pronunciamiento del TSJ, la Asamblea Nacional se encuentra en
estado de “desacato” y sus actuaciones se consideran nulas.
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