Escrito por
La Redacción.
julio 10, 2017
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La ONG internacional sostiene que en algunos casos han abierto fuego o han disparado gases lacrimógenos a quemarropa.
CARACAS.-
Amnistía
Internacional responsabiliza al Gobierno venezolano de Nicolás Maduro de
incitar a la violencia y de poner en práctica una estrategia premeditada para utilizar
la fuerza ilegítima contra los críticos al régimen.
La ONG puso nuevamente
la alarma este lunes, tras un aumento de muertes durante las
manifestaciones que han dejado al menos 91 fallecidos y 1.400 heridos en tan
solo tres meses.
“Lo que parecían
ser reacciones aisladas por parte de las autoridades venezolanas enfrentando
manifestaciones disidentes, en realidad es una estrategia planificada por parte
del Gobierno del presidente Maduro de utilizar violencia y fuerza ilegítima
contra la población venezolana para neutralizar
cualquier crítica”, sostuvo Erika Guevara
Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Desde el 4 de
abril, cuando comenzó la ola de protestas sistemáticas en contra de Maduro,
Amnistía Internacional afirma que ha podido corroborar que la Policía Nacional
Bolivariana y la Guardia Nacional Bolivariana han empleado fuerza no letal de
forma indebida, incluyendo disparos de bombas lacrimógenas directamente al
cuerpo de manifestantes disidentes.
Un
ejemplo es el caso de Juan Pernalete,
quien murió después de recibir un impacto de un proyectil de gases lacrimógenos
directamente al pecho mientras se manifestaba en Caracas en abril pasado. Las
fuerzas de seguridad también han utilizado armas de fuego, recalca la ONG.
Fabián Urbina murió el 20 de junio después de que un funcionario de la Guardia
Nacional le disparara directamente mientras protestaba en Caracas.
“El hecho de que
quienes opinan diferente sean las únicas personas a quienes se tilda de terroristas,
a quienes se les impide manifestarse y contra quienes se usa la violencia y la
fuerza ilegítima es prueba de una estrategia para silenciar el creciente
descontento social en Venezuela”, afirma Guevara Rosas.
Asimismo, existen
preocupaciones sobre un posible empeoramiento de la situación de cara a las
elecciones para la Asamblea Nacional Constituyente convocadas por Maduro para
el próximo 30 de julio. La escalada ya es real. La semana pasada, grupos de
choque del chavismo irrumpieron en la sede de la Asamblea Nacional (AN), controlada por la oposición,
y agredieron a diputados y visitantes. Unas 300 personas permanecieron
retenidas en el edificio durante horas, mientras un nutrido grupo de civiles
armados del régimen les impedía salir.
Amnistía
Internacional tiene evidencia de varios casos de grupos civiles armados que han
atacado a la población civil. El informe de la ONG asegura que existen pruebas
de que los ataques por parte de estos grupos, denominados “colectivos armados”,
se han producido en presencia de las fuerzas de seguridad y que estas no han
actuado para proteger a la población.
Según informa la
ONG, la violencia no solo atañe a los manifestantes que rechazan el Gobierno de
Maduro. También se han documentado ataques contra comunidades y personas que no
estaban participando en protestas, incluyendo irrupciones violentas masivas por
parte de las fuerzas de seguridad con vehículos blindados y bombas
lacrimógenas. Uno de los ejemplos proviene de La Isabelica, Carabobo, donde los
habitantes informaron de que en mayo 2017 las fuerzas de seguridad allanaron la
comunidad, disparando gas lacrimógeno directamente hacia casas y disparando al
azar a transeúntes.
Ante esta
situación, la justicia penal internacional —tanto la Corte Penal Internacional,
como aquellos países que cuentan con jurisdicción universal— estarán observando
de cerca la situación venezolana, amenaza la ONG. Si los altos mandos gubernamentales,
militares, y policiales "no eliminan los mecanismos que apuntan a una
política estatal de violencia en contra de la población, y no ponen fin a la
promoción de la violencia en sus discursos y sus órdenes oficiales, podrán ser
llevados ante la justicia penal internacional", concluye.
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