Escrito por
La Redacción.
junio 23, 2017
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Luis Almagro,
secretario general de la OEA.
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Durante los sangrientos conflictos
sufridos en Centroamérica hasta casi finales del siglo pasado, el desempeño de
la OEA brilló por su inoperancia, salvo cuando ya estaban resueltos.
BOGOTÁ.- La
Organización de Estados Americanos (OEA) ha exhibido ante la situación en
Venezuela la misma esterilidad en defensa de la democracia que le ha llevado a
tolerar en su seno desde las dictaduras militares en Chile y Argentina al
actual régimen en Nicaragua, gemelo del enquistado en Caracas.
La propia
tenacidad de Luis Almagro frente a Venezuela, tan inédita en un secretario
general de la OEA como infructuosa, contrasta con su indiferencia ante la
situación, cuestionable por las mismas razones, que se vive desde hace años en
Nicaragua bajo el absolutismo de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo.
En su 47 Asamblea
General, celebrada esta semana en Cancún, la OEA no ha conseguido siquiera
consensuar una mera declaración sobre Venezuela.
Desde la entrada
en vigor de la carta de la OEA en 1951, este organismo, de pomposo y vasto
aparataje con sede en Washington y unos 90 millones de dólares de presupuesto
anual, solo ha tomado dos decisiones realmente ejecutivas que hayan afectado a
alguno de sus miembros, al suspender a Cuba en 1962 y a Honduras en 2009.
La suspensión de
Cuba, que dejó de ser efectiva en 2009, fue justificada por los lazos del
entonces régimen presidido por Fidel Castro con la extinta Unión Soviética y
con China, que se consideraron desleales con los intereses americanos que
representa la OEA.
La de Honduras,
tras el golpe de Estado que desalojó del poder al entonces presidente de esa
república, Manuel Zelaya, y también sin efecto desde 2011, fue resultado de la
consecuente aplicación de la Carta Democrática que la OEA había aprobado como
instrumento interno en 2001.
Es la aplicación
de ese instrumento lo que Almagro ha invocado sin éxito frente a la situación
que vive actualmente Venezuela.
Las transgresiones
al Estado de Derecho, su propia Constitución y a derechos fundamentales como el
de la libertad de expresión del régimen instaurado por Hugo Chavéz y perpetuado
por Nicolás Maduro son cuando menos las mismas que las perpetradas por Ortega y
Murillo en Nicaragua.
Durante su
historia, la OEA ha acogido sin inmutarse a regímenes tan brutalmente
dictatoriales como, entre otros ejemplos, los de las juntas militares en
Argentina o el de Augusto Pinochet en Chile, o los devenidos por el aún
imbatido récord de sucesión de golpes de Estado en Bolivia en la década de 1970.
Tampoco se conmovió la OEA en sus orígenes ante las
dictaduras de la familia Somoza en Nicaragua, del general Alfredo Stroessner en
Paraguay ni del general Rafael Leónidas Trujillo en República Dominicana.
Durante los
sangrientos conflictos sufridos en Centroamérica hasta casi finales del siglo
pasado, el desempeño de la OEA brilló por su inoperancia, salvo cuando ya
estaban resueltos.
Las hemerotecas no
recuerdan que la OEA realizara esfuerzo significativo alguno para evitar que
uno de sus miembros, EE.UU, invadiera por decisión unilateral a otro de sus
miembros, Panamá, en 1989, con el resultado de miles de muertos; ni mucho menos
que ejecutara decisión alguna al respecto, más allá de lamentar los sucesos.
En la antesala de
aquella invasión, la OEA sucumbió a las maniobras del entonces canciller del
régimen militar panameño, Jorge Ritter, quien consiguió evitar, para fatalidad
de su país, que las naciones americanas unidas forzaran al dictador Manuel
Antonio Noriega a dimitir y a propiciar elecciones democráticas.
En la historia más
reciente, siendo su secretario general el expresidente colombiano César
Gaviria, la OEA desautorizó y retiró a su jefe de la misión de observación
electoral en Perú, el guatemalteco Eduardo Stein, cuando este denunció la falta
de reglas democráticas en las elecciones que se celebraban en ese país en 2000,
bajo la presidencia de Alberto Fujimori, actualmente en la cárcel.
LA OEA, siendo su
secretario general el brasileño Jao Baena Soraes, ya le había perdonado a
Fujimori el llamado “autogolpe de Estado” que perpetró en 1992, cuando sacó los
tanques a las calles y disolvió el Congreso.
La sucesión de
irregulares derrocamientos e investiduras acontecida en Ecuador desde 1997,
cuando su entonces presidente, Abdalá Bucaram, fue destituido por “incapacidad
mental”, hasta 2006, cuando fue elegido Rafael Correa, tuvo a la OEA como
simple testigo respetuoso con la situación interna de uno sus países miembros.
Asentada al menos
formalmente la democracia en el continente, la gestión del antecesor de
Almagro, el chileno José Miguel Insulza, se caracterizó por la grandilocuencia
de unas misiones de observación electoral lideradas siempre por ilustres
personajes que bendecían todo comicio allí donde fueran.
El propio Insulza,
por ejemplo, lideró la observación electoral sobre el terreno y avaló los
resultados en los comicios presidenciales de un convulso Haití en 2006, en los
que, entre otros despropósitos, poco después de cerrados los centros de
votación los corresponsales de prensa podían observar urnas derramadas por
doquier y quemadas en las calles de Puerto Príncipe.
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