Escrito por
La Redacción.
junio 08, 2017
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Doctor Jean Alain Rodríguez,
procurador general de la República.
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El procurador general de la República resalta decisión del juez Francisco Ortega y califica de trascendental sentencia que impone coerción a los imputados.
Santo Domingo.- El procurador general de la
República, Jean Rodríguez, calificó este miércoles como trascendental para la lucha
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito, la sentencia emitida la
tarde de este miércoles por el juez de la Instrucción Especial, Francisco
Ortega Polanco.
Entre las disposiciones del juez se declara complejo
el caso y dispone la imposición de medidas de coerción contra los 14 imputados
que hasta el momento han sido identificados por participar en forma particular
en los sobornos que la multinacional Odebrecht admitió que pagó en el país para
obtener contratos de obras de infraestructura pública.
Rodríguez dijo además que esta sentencia marca el
inicio del recorrido hacia lograr el fin de la impunidad en el país, destacando
que fue emitida luego que el Ministerio Público demostrara los vínculos de los
imputados con los delitos de soborno, asociación de malhechores, coalición de
funcionarios, prevaricación, desfalco, asuntos incompatibles con la calidad de
funcionario público, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
Contra el imputado Ángel Rondón Rijo fue impuesto un
año de prisión preventiva, en la Penitenciaría Nacional de La Victoria; contra
Víctor Díaz Rúa y Conrado Pittaluga, fueron impuestos nueve meses en el Centro
de Corrección y Rehabilitación de Najayo; Juan Temistoclés Montás, Porfirio
Andrés Bautista y Ruddy González seis meses de prisión, igualmente en el Centro
de Corrección de Najayo, mientras que contra César Domingo Sánchez y Máximo De
Oleo fueron dictados tres meses de prisión en Najayo.
Igualmente, fue impuesta la medida de coerción de
arresto domiciliario en contra Radhamés Segura, Roberto Rodríguez Hernández por
espacio de nueve meses.
En tanto que una fianza RD$5 millones como garantía
económica e impedimento de salida del país les fueron impuesto al senador de
San Cristóbal, Tommy Galán, el senador por Santiago Julio César Valentín, y al
diputado por el Distrito Nacional Alfredo Pacheo Osoria.
El procurador Rodríguez reiteró, tal y como lo anunció
el día en que fueron arrestados los implicados preliminares en este condenable
hecho, que en el expediente están todos los que fueron señalados por la empresa
Odebrecht como las personas a las que sobornó con el fin de obtener contratos
de obras del Estado.
Al mismo tiempo, agregó “esta es solo la primera fase
de este proceso. El Ministerio Público seguirá cumpliendo con su rol y mandato
constitucional de procurar justicia y que haya consecuencias ante la violación
a las leyes”.
Al referirse a los abogados de la defensa, el
procurador general dijo que “aunque en más de 10 ocasiones trataron de
entorpecer la audiencia de medidas de coerción, tratando incluso de que el
proceso fuera anulado o declarado inadmisible, el magistrado juez, les rechazó
todos y cada uno de los incidentes que presentaron, encontrando que la
actuación del Ministerio Público y la instrumentación del expediente han sido
correctos”.
Rodríguez destacó que por eso en su alocución del
pasado lunes, 29 de mayo, le pidió al país que no se dejara confundir, porque
muchos iban a tratar de generar dudas y de querer restar credibilidad a las
actuaciones del Ministerio Público.
Con respecto a los imputados, dijo que aunque estos
rechacen las imputaciones y apelen las decisiones judiciales que se emitan en
su contra, esta es una acusación bien preparada, que permitirá posteriormente
en un juicio de fondo establecer una nueva era en la lucha contra la corrupción
en el país.
Dijo que la decisión de imponer medidas de coerción
contra los implicados en este caso, evidencia que existen suficientes elementos
preliminares que comprometen la responsabilidad de cada uno de ellos.
El Ministerio Público le atribuye a los imputados
haber violado los artículos 123, 124, 166, 167, 169, 171, 172, 175, 176, 265 y
266 del Código Penal Dominicano, los artículos 2 y 7 de la Ley 82-79 sobre
Declaración Jurada de Patrimonio, que era la norma vigente a la fecha de la
ocurrencia de los hechos, y los artículos 3, 7 y 18 de la antigua Ley 72-02 sobre
Lavado de Activos.
El Ministerio Público estuvo representado durante la
audiencia, bajo la coordinación del procurador general de la República, Jean
Rodriguez, por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la
Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier; la procuradora
adjunta Carmen Díaz Amézquita, los procuradores de Cortes de Apelación, Narciso
Escaño Martínez, Francisco José Polanco Ureña, y Wilson Manuel Camacho
Peralta, y los fiscales Milciades Guzmán Leonardo, Joel Antonio López Gómez,
Luis Alberto González Reyes, y Wagner Cubilete García.
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