Escrito por
La Redacción.
junio 27, 2017
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Michel Temer, este lunes en Brasilia.
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El Congreso deberá decidir si aparta del cargo a Temer, denunciado formalmente por la Fiscalía de la República.
Brasilia / São Paulo.- Michel Temer se ha convertido en el primer
presidente de la historia de Brasil denunciado formalmente por cometer crímenes
de corrupción. Ni siquiera los dos mandatarios del país que en los últimos 25
años sufrieron procesos de destitución, Fernando Collor de Melo en 1992 y Dilma
Rousseff en 2016, abían pasado por una situación igual.
El fiscal
general de la República, Rodrigo Janot, ha presentado este lunes formalmente la
denuncia contra el presidente, lo que obligará al Congreso de la nación a votar
si aparta a Temer del cargo durante seis meses.
El
proceso abierto por el fiscal Janot no equivale exactamente a un impeachment,
pero en la práctica coloca a Temer en una situación muy similar. La denuncia
tiene que ser avalada por al menos dos tercios del Congreso y su aceptación
dejaría al país sin presidente de forma temporal. Temer se encuentra en una
circunstancia parecida a la de Rousseff, de la que fue vicepresidente y contra
la que maniobró el pasado año para derribarla. Aunque, a diferencia de su
antecesora, tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso, donde una parte
importante de los parlamentarios -y la inmensa mayoría de los partidos- está
enfangado también en graves acusaciones de corrupción.
Collor
de Mello y Rousseff acabaron destituidos pero en su caso se trató de procesos
políticos, no de una actuación de la justicia con una denuncia formal que imputa
al presidente un delito común, el cobro de sobornos. No es lo único en lo que
Temer ha conseguido empeorar las marcas de los dos mandatorios depuestos por la
vía del impeachment. Ni Collor ni Rousseff habían llegado a cosechar un índice
de popularidad tan raquítico como el del actual presidente, apenas el 7%, según
una encuesta de la mayor empresa de sondeos del país, Datafolha, publicada el
pasado domingo. En su peor momento, Rousseff tenía un 13% de aprobación. Y su
entonces vicepresidente Temer llegó a proclamar en público que alguien con tan
escaso apoyo popular no podía mantenerse en el cargo.
El proceso abierto
por el fiscal Janot no equivale exactamente a un impeachment, pero en la
práctica coloca a Temer en una situación muy similar. La denuncia tiene que ser
avalada por al menos dos tercios del Congreso y su aceptación dejaría al país
sin presidente de forma temporal. Temer se encuentra en una circunstancia
parecida a la de Rousseff, de la que fue vicepresidente y contra la que
maniobró el pasado año para derribarla. Aunque, a diferencia de su antecesora,
tiene más posibilidades de salir vivo del Congreso, donde una parte importante
de los parlamentarios -y la inmensa mayoría de los partidos- está enfangado
también en graves acusaciones de corrupción.
Año y medio
después, Temer ha optado por atrincherarse pese a la ferocidad de la tormenta.
Este lunes, cuando ya todo el mundo esperaba que Janot concretase su denuncia, Temer
afirmó en una ceremonia en el palacio presidencial de Planalto: "Nada nos
destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros".
Ocho de esos ministros están
también siendo investigados por corrupción.Y casi no hay día en que no aparezca
una noticia bochornosa para el Gobierno, incluso con tintes entre inauditos y
rocambolescos: la última, revelada este lunes por el Ejército del Aire, es que
un helicóptero interceptado con 500 kilos de cocaína había despegado de una finca
de la empresa familiar del ministro de Agricultura, Blairo Maggi.
La denuncia contra
el presidente viene acompañada de demoledores informes del propio fiscal y de
la policía federal. Janot acusa a Temer de corrupción pasiva porque, basándose
en la confesión pactada del dueño del conglomeradoro cárnico JBS, Joesley
Batista, y en las posteriores comprobaciones policiales, concluye que el
presidente pactó con el empresario el cobro de sobornos a cambio de favores del
Gobierno. Y todo eso, el pasado marzo, cuando el país asistía atónito a otra
confesión, la de los directivos de la constructora Odebrecht, que detallaron
una gigantesca red que había corrompido a lo más granado de la clase política
del país. La prueba principal para la fiscalía es el caso del ya famoso
"diputado de la maleta", Rodrigo Rocha Loures, asesor especial del
presidente.
Temer había señalado a Batista que Rocha Loures sería su contacto
para negociar beneficios del Gobierno, como atestigua una conversación entre
ambos grabada por el empresario en la residencia oficial del mandatario. Poco
después, la policía filmó al asesor de Temer recibiendo de un ejecutivo de JBS
una maleta con 500.000 reales (unos 150.000 dólares). En un intento desesperado
por frenar la investigación, el presidente intentó que la grabación de Batista
fuese descartada alegando que había sido manipulada. Pero el peritaje policial
acreditó su veracidad.
Esa grabación dará
pie al fiscal a presentar en los próximos días al menos otra denuncia contra
Temer por obstrucción a la justucia. De algunas partes de la conversación los
investigadores deducen que el presidente pudo haber dado su aprobación a pagos
del empresario Batista para comprar el silencio de un antiguo aliado político
de Temer, el expresidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha, uno de los
grandes muñidores del impeachment contra Roussef, que cumple condena de cárcel
por corrupción. De lo que no cabe ninguna duda es de que en otro momento del
diálogo el empresario relata al presidente sus maniobras para comprar jueces y
fiscales.
La respuesta de Temer -quien suele jactarse a menudo de su brillante
carrera como experto en derecho constitucional- es anonadante: "Ótimo,
ótimo". "Temer tenía, como cualquier agente del Estado
tiene, por fuerza legal, la obligación de llevar a las autoridades competentes
las revelaciones de Batista", le recuerda la policía en uno de los
informes remitidos a la fiscalía. Por el momento, Janot ya solicita para el
presidente una multa de 10.000 reales por "daños morales al pueblo
brasileño".
El presidente
parece dispuesto ahora a dar la batalla en el terreno que mejor conoce, las
sinuosidades de los pactos a media luz que conforman la enmarañada política
brasileña. Temer, bregado por años de conspiraciones en los pasillos del
Congreso, confía en impedir que dos tercios de los parlamentarios avalen la
denuncia. Su mejor argumento será que la amenaza de los procesos judiciales por
corrupción se cierne tambén sobre decenas de ellos y que lo más conveniente
será una maniobra defensiva general para evitar ser barridos del mapa político,
cuando no acabar directamente en la cárcel.
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