Escrito por
La Redacción.
junio 03, 2017
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Condenaron las hostilidades y el maltrato
físico, así como
los robos de equipos de trabajo y
detenciones arbitrarias
contra los profesionales que se dedican a
informar
por las diversas vías de comunicación.
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Exigieron al Estado ‘‘garantizar la
protección de los periodistas infociudadanos en la búsqueda y difusión de
información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores
durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos
violentos’’.
CARACAS.- La Alianza por la Libertad de
Expresión de Venezuela denunció más de 160 casos que violentaron el
derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o difusión de información en
ese país suramericano.
En un documento puesto a circular por todo el mundo, la
entidad subrayó ‘‘inestabilidad institucional’’ que vive esa nación han
afectado a más 200 periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios
de comunicación, y trabajadores de medios en los últimos meses.
Condenaron las hostilidades y el maltrato físico, así
como los robos de equipos de trabajo y detenciones arbitrarias contra los
profesionales que se dedican a informar por las diversas vías de comunicación.
Entre otros derechos, exigieron al Estado ‘‘garantizar
la protección de los periodistas infociudadanos en la búsqueda y difusión de
información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores
durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos
violentos’’.
A continuación el texto íntegro difundido por la
organización y que tiene fecha 31 de mayo de 2017:
Alianza por la Libertad de Expresión exige el cese de
la represión
La Alianza por la Libertad de Expresión, integrada por
representantes de las universidades, gremios y organizaciones no
gubernamentales, que se ocupan de velar y resguardar el derecho a la
libertad de expresión y la libertad de prensa en Venezuela,
alerta sobre el recrudecimiento de las violaciones al derecho a la libertad
de expresión durante los últimos 60 días de manifestaciones públicas. Las
protestas son en rechazo a la ruptura del orden democrático, tras las
decisiones del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela y recientes
actuaciones del Ejecutivo de impulsar de forma ilegítima una asamblea nacional
constituyente.
En Venezuela tenemos un contexto de inestabilidad
institucional derivado del condicionamiento a la labor parlamentaria, a través
de la vía judicial, que tuvo su máxima expresión en la usurpación de las atribuciones
de la Asamblea Nacional mediante las sentencias 155 y 156, con fechas 28 y 29
de marzo de 2017, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia
(TSJ). Además de la prolongación sucesiva del estado de excepción y emergencia
económica, por parte del Ejecutivo Nacional, lo que debilita aún más la
garantía de los derechos fundamentales.
Desde el 28 de marzo se han registrado más de 160
casos que violentaron el derecho a la libertad de expresión y a la búsqueda o
difusión de información. Estos hechos afectaron a más 200 personas entre
periodistas, reporteros gráficos, camarógrafos, medios de comunicación, y
trabajadores de medios.
Como Alianza por la Libertad de Expresión, rechazamos
las constantes agresiones físicas contra periodistas e infociudadanos, el
robo de equipos, el hostigamiento contra la prensa extranjera,
desalojos hostiles de zonas de cobertura, las amenazas y detenciones
arbitrarias, los bloqueos de sitios web, las acciones de vigilancia
policial y persecución a través de redes sociales y, más recientemente, la
confiscación de pasaportes para aplicar de facto una prohibición de salida del
país.
Como organizaciones de la sociedad civil, alertamos
sobre la constante amenaza al ejercicio efectivo de derechos a la
asociación y protesta pacífica. La represión estatal ha escalado en intensidad
y formas, por el uso excesivo e indiscriminado de bombas lacrimógenas vencidas,
el lanzamiento de estas bombas al cuerpo de los manifestantes a pocos metros de
distancia, ataque a zonas residenciales, la detención arbitraria de
manifestantes, unas 2815 personas fueron arrestadas y de ellos, 1240 todavía
continúan detenidas y procesadas ante tribunales civiles y militares. Según el
último balance del Ministerio Público, 55 personas resultaron asesinadas
durante hechos de violencia suscitados en el contexto de manifestaciones y unas
1000 personas lesionadas.
Las medidas ejecutivas y judiciales, en contra de lo establecido en la Constitución, fortalecen una mayor militarización de la sociedad de cara a criminalizar tanto a las voces críticas como a los mensajeros de la información necesaria para el debate. El resultado es una sociedad desinformada e inhibida gracias a la violencia institucional materializada tanto en el discurso y la acción de funcionarios, cuerpos de seguridad, civiles y militares (Guardia Nacional Bolivariana y Policía Nacional Bolivariana), como por grupos de civiles armados que fungen como equipos de choque en la convocatoria de manifestaciones, y actúan bajo la omisión cómplice del Estado.
En respeto a los Artículos 57 y 58 de la Constitución,
la Alianza por la Libertad de Expresión exige a las autoridades del Estado:
- Garantizar la seguridad de los periodistas e infociudadanos en la búsqueda y difusión de información y condenar enérgicamente la violencia contra los comunicadores durante la cobertura de calle, tanto por cuerpos de seguridad como por grupos violentos.
- Cesar el discurso violento y agraviante sistemático contra la labor de los periodistas y medios de comunicación que afecta negativamente las garantías de la libertad de expresión y el derecho a la información.
- Cesar la represión indiscriminada contra protestas pacíficas en tanto constituye modalidades violatorias de garantías fundamentales (delitos que no prescriben), además de evidenciar ensañamiento contra sectores de la población por razones políticas.
- Respetar y cumplir, de manera inmediata, las obligaciones internacionales en libertad de expresión e información, e implementar las recomendaciones, resoluciones y decisiones tanto de Naciones Unidas como de la Organización de Estados Americanos en esta materia.
- Hacer efectivas las medidas de protección que dictó el Ministerio Público a favor de los periodistas para que puedan hacer su labor sin riesgos ni amenazas.
- Garantizar el acceso a una justicia imparcial y el establecimiento efectivo de procesos judiciales que rompan con el círculo de impunidad que rodea a los delitos y violaciones cometidas contra periodistas y trabajadores de la prensa en el ejercicio de sus funciones informativas.
- Garantizar, sin demoras, los principios de pluralidad y diversidad en los medios de comunicación y plataformas digitales, para evitar las órdenes de bloqueos y censura, y se respete el derecho a la información.
- Abstenerse de usar grupos organizados para criminalizar y vigilar la expresión de los ciudadanos que manifiestan expresiones de disidencia a través de las redes sociales
- Cesar de manera inmediata las presiones y acciones desde diversas instancias públicas, contra los medios de comunicación y proveedores de servicios radioeléctricos y de Internet, que derivan en censura y afectan el derecho de los ciudadanos a estar informados de manera pertinente, adecuada y oportuna.
- Cesar la difusión de información falsa por parte de altos funcionarios del gobierno, sobre todo en relación a hipótesis sobre asesinatos de manifestantes, declaraciones que afectan las investigaciones de los órganos competentes, y promueve mayor desinformación.
- Garantizar en todos los medios impresos y audiovisuales controlados por el ejecutivo espacios para la libre expresión de las diversas corrientes de opinión, conforme al precepto constitucional pluralista
Caracas 31 de mayo de 2017
Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica
Andrés Bello
Centro de Investigación de la Comunicación de la
Universidad Católica Andrés Bello
Colegio Nacional de Periodistas
Comité por una Radiotelevisión de Servicio Público
Dirección de Publicaciones de la UCAB
Escuela de Comunicación Social de la UCAB
Espacio Público
Expresión Libre
Instituto de Investigaciones de a Comunicación, ININCO
UCV
Instituto Prensa y Sociedad – Venezuela (Ipys)
Periodistas y Punto
Postgrado en Comunicación Social y Publicidad de la
Universidad Católica Andrés Bello
Revista Comunicación del Centro Gumilla
Ser Investigación y Comunicación
Transparencia Venezuela
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