Escrito por
La Redacción.
mayo 26, 2017
-
0
Comentarios
Colaboración
de Jaime Sánchez
Para todo aquel
con alguna experiencia en estos temas estuvo claro desde el principio que la
investigación de Lava Jato no solo significaba la promesa de descubrir y quizá
demoler los más potentes círculos de corrupción en América Latina, sino un
problema comparable al intentar ejecutar aquella.
Al cruzar fronteras hasta los mayores beneficios devienen eventualmente
problemáticos. Si la información sobre el resto de América Latina se produce,
organiza y exporta desde Brasil, ¿cuán completa es? ¿Cuán detallados y eficaces
fueron los interrogatorios? ¿Cuán capacitados estuvieron los fiscales
brasileños? Además, ¿qué exigen los fiscales brasileños a cambio de la entrega
de información? Y del otro lado, ¿cuán preparados están los sistemas fiscales y
judiciales de las naciones que reciben la información para procesarla
debidamente? ¿Cuán interesados están en recibir toda esa información? ¿Cómo
reaccionan los poderosos grupos comprometidos frente a un proceso que puede
significar su fin y que uno supondría que no controlan?
El Perú, una de
las naciones que más ha avanzado en la investigación derivada de delaciones
brasileñas, ya muestra varios problemas en su desarrollo. La única compañía que
hasta ahora ha realizado algunas delaciones, parciales e incompletas pero
delaciones al fin, es Odebrecht. Y ha sido la más castigada.
Las que no han
hablado no enfrentan problemas ni lejanamente comparables. El estímulo para
seguir delatando solo sería eficaz entre masoquistas militantes.
Hay un grupo
pequeño, pero interesante de procesados: dos gobernadores regionales ahora en
cárcel; un expresidente (Alejandro Toledo) es hoy prófugo de la justicia
peruana, aunque vive sin problemas en Estados Unidos. Otro expresidente,
Ollanta Humala, enfrenta la acusación, delación de por medio, de Odebrecht, de
haberle entregado tres millones de dólares en 2010 cuando era candidato a la
presidencia. Humala niega eso, como niega la avalancha de otras acusaciones (alguna
muy grave) por las que le han abierto varios procesos.
Sobre el
expresidente Alan García no ha emergido ninguna información de las delaciones
premiadas transmitidas al Perú. Tampoco sobre el encarcelado expresidente (y
dictador) Alberto Fujimori. Los Gobiernos de ambos estuvieron repletos de
contratos (incluidos grandes sobrecostos) con las empresas brasileñas,
especialmente Odebrecht.
Es verdad que las
revelaciones en las investigaciones son con frecuencia asimétricas. Pero no
hace ningún daño constatar también la asimetría de poder entre los acusados y
los no acusados en el caso. El poder de Toledo y el de Humala son casi nulos.
Su coeficiente de intimidación es cercano a cero. Su capacidad de respuesta es
tan considerable como la de la piñata en un caso y un punching ball en
el otro. García, de otro lado, mantiene una importante influencia en los
aparatos judiciales y fiscales y su coeficiente intimidatorio es relativamente
alto. El fujimorismo tiene una más que holgada mayoría en el Congreso y avasallado
al Ejecutivo, al que humilla un día sí y el otro también; sus portavoces son
simultáneamente zafios y agresivos. Pocos son los burócratas (y no burócratas)
que se meten con ellos.
En ese marco, un
grupo de tres fiscales peruanos viajó a Curitiba hace pocos días, a interrogar
a Marcelo Odebrecht sobre los tres millones de dólares que entregó a Humala el
2010. También viajaron dos abogados de Humala.
En Curitiba, los
procuradores brasileños, que dirigieron la declaración, exigieron a los
fiscales peruanos firmar un acta en la que se comprometen a no procesar en
forma alguna ni a Odebrecht ni a nadie relacionado con sus corporaciones por lo
que este pudiera decir. Fue un acta severa y limitante, pero, aunque
discutible, quizá necesaria.
Luego, durante el
interrogatorio, Odebrecht repitió haber dispuesto la entrega de los tres
millones (a pedido del exministro Antonio Palocci), pero no haber verificado si
se entregó o no. También dijo luego, sin que se lo preguntaran, que su política
era apoyar a todos los candidatos y mencionó a la entonces candidata Keiko
Fujimori y al Apra, el partido de García. Hubo diferencias en la memoria de los
asistentes sobre lo enfático o condicional de esa declaración, pero todos
coincidieron en que añadió que no podía probar nada y que el único que podía
hacerlo era su exsuperintendente Jorge Barata.
Yo seguí, gracias
a diversas fuentes, el interrogatorio desde Lima. Conseguí luego una copia del
acta previa, que no tuvieron ni fiscales ni abogados, crucé los datos, los
verifiqué y escribí la nota “Interrogatorio en Curitiba”, donde publiqué el
acta y la versión no solicitada de Marcelo Odebrecht.
La repercusión de
la nota fue rápida, fuerte y, por la típica sobreexcitación limeña, no siempre
exacta. En la tarde del mismo día, el Ministerio Público sacó un comunicado que
subrayaba la reserva de esa diligencia y lamentaba “algunas versiones de la
prensa que no se ajustan a la verdad”.
Ese supuesto
desmentido bastó para que se desencadenara una avalancha de frenéticos
insultos, sobre todo a través de las redes digitales, por fujimoristas y
apristas, con tonos e intensidades calcados de lo más infame de la prensa
chicha, de ataque, de los tiempos de Vladimiro Montesinos.
Respondí, por supuesto.
Saber defenderse debe ser parte indispensable de la formación de todo
periodista de investigación en América Latina. En la respuesta no pude evitar
preguntarles: ¿tanto les arañó que Odebrecht hubiera mencionado a Keiko
Fujimori y al Apra? Pues vayan acostumbrándose, les dije, porque vendrá mucho
más. (Trabajo
elaborado por el periodista Gustavo Gorriti, experto
en política internacional. Publicado en el periódico El País)
No hay comentarios.
Publicar un comentario
Deje su comentario