Escrito por
La Redacción.
mayo 01, 2017
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Jueces del
Tribunal Supremo de Estados Unidos.
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Helmerich
& Payne, con sede en Oklahoma, operó durante años en territorio venezolano
y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó
los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una
deuda millonaria.
Washington,
1 may (EFE).- El Tribunal Supremo de Estados Unidos falló este lunes a favor
del Gobierno de Venezuela y en contra de la empresa estadounidense Helmerich
& Payne, que acusaba al país caribeño de haber expropiado de manera ilegal
en 2010 once torres de perforación petrolera.
Los jueces del
Supremo determinaron que la denuncia de la empresa Helmerich & Payne no
debía haber prosperado en tribunales inferiores porque no habían demostrado de
manera suficiente que se les había incautado propiedad en violación del derecho
internacional y, en concreto, de la Ley de Inmunidad de Soberanías.
La decisión se
produjo por unanimidad por los ocho jueces del Tribunal Supremo que escucharon
los argumentos de las partes el pasado noviembre, cuando aún no formaba parte
de la corte el magistrado Neil Gorsuch, nombrado por el presidente
estadounidense, Donald Trump, y que no participó en el veredicto.
Helmerich &
Payne, con sede en Oklahoma (EEUU), operó durante años en territorio venezolano
y tuvo como cliente al Gobierno, pero en 2009 cesó sus operaciones y desmontó
los taladros de perforación después de que el Ejecutivo acumulara con ella una
deuda millonaria.
El
juez progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el veredicto, determinó
que si el Tribunal Supremo permite que los Gobiernos extranjeros sean
demandados con demasiada facilidad, entonces, existe el riesgo de “crear
fricción con otras naciones” y sufrir “acciones recíprocas” contra Estados
Unidos.
En
este caso, el Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al argumentar
que un fallo contra el país caribeño podría dañar las relaciones entre los dos
países.
En respuesta a esa
acción, el entonces presidente venezolano, Hugo Chávez, ordenó en junio de 2010
la nacionalización de once torres de perforación petrolera de Helmerich &
Payne, tras denunciar que la empresa mantenía “ociosos” esos taladros desde
hacía “un considerable tiempo”.
Helmerich &
Payne reaccionó demandando tanto al Gobierno venezolano como a la compañía
estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), amparándose en la Ley de Inmunidad de
Soberanías Extranjeras y alegando que la nacionalización se produjo en contra
de la legalidad internacional.
Las naciones
extranjeras normalmente son inmunes a juicios en EE.UU., pero la Ley de
Inmunidad de Soberanías Extranjeras contempla excepciones en caso de que
propiedad privada sea incautada.
El proceso llegó
hasta el Tribunal de Apelaciones del Distrito de Columbia, donde se halla
Washington y que en 2015 falló a favor de la empresa Helmerich & Payne.
Con el fin de
frenar el pleito, Venezuela interpuso una demanda ante el Tribunal Supremo y
pidió a sus jueces que definieran, bajo la Ley de Inmunidad de Soberanías,
cuándo un Gobierno extranjero puede ser demandado en EE.UU. por expropiar
propiedades localizadas en su territorio pero que pertenecían a una compañía
estadounidense.
El juez
progresista Stephen Breyer, encargado de escribir el veredicto, determinó que
si el Tribunal Supremo permite que los Gobiernos extranjeros sean demandados
con demasiada facilidad, entonces, existe el riesgo de “crear fricción con
otras naciones” y sufrir “acciones recíprocas” contra Estados Unidos.
En este caso, el
Gobierno de EE.UU. apoyó al Ejecutivo venezolano al argumentar que un fallo
contra el país caribeño podría dañar las relaciones entre los dos países.
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