Escrito por
La Redacción.
mayo 14, 2017
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Nathalia Mármol, miembro del movimiento
Marcha
Verde, habla a la prensa la mañana de este
domingo
en el ensanche Capotillo.
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Santo
Domingo.- Miembros del
Movimiento Verde se congregaron este domingo frente a la Escuela Básica Salome
Ureña ubicada en la intercesión de las calles 6 y 26 norte del sector Capotillo,
desde donde partieron para peinar el barrio Capotillo realizar un mano a mano por el fin de la
impunidad y corrupción.
A diferencia de
las grandes concentraciones que Los Verdes han llevado a cabo en diferentes
provincias del país, este domingo impulsaron lo que denominan como “jornadas
populares de movilización y concientización en barrios y comunidades”.
“Este es el
momento para reafirmar nuestro con esta lucha cívica, pacífica y ejemplar para
que se haga justicia e implica que sean sometidos a la justicia y condenados
todos los funcionarios que recibieron sobornos por Odebrecht y que sea
investigada las sobrevaluaciones”, dijo Nathalia Mármol.
Asimismo, advirtió
que las plantas de carbón de Punta Catalina forman parte del cuerpo del delito
de las operaciones ilegales de Odebrecht y sus aliados políticos y
gubernamentales en el país.
“Punta Catalina es
el cuerpo del delito y como tal debe ser investigada penalmente no por una
comisión que haya sido conformada a la medida de los intereses políticos del
presidente Danilo Medina, señalado como uno de los sospechosos por los casos de
corrupción”, recalcó.
“Esta semana el
país espera los nombres de todos los sobornados por Odebrecht, desde el 2001
hasta 2014, pero también estamos a la espera de que se investiguen todas las
sobrevaluaciones y el posible financiamiento ilegal de campañas electorales
dominicanas por parte de la empresa mafiosa”, destacó que la agrupación antes
de que decenas de sus integrantes recorrieran las calles y callejones de Capotillo
para promover la lucha por el fin de la impunidad.
Los dirigentes
propusieron que, después de procesar a los responsables, la Justicia dominicana
recupere los US$92 millones pagados en sobornos y los más de US$1,000 millones
robados a través de sobrevaluaciones por Odebrecht para invertirlos en mejoras
de los servicios básicos en los barrios y campos más pobres del país.
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