Escrito por
La Redacción.
mayo 19, 2017
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Manifestantes protestan
contra el
presidente Temer en Sao
Paulo.
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Solo un cambio constitucional permitiría convocar las urnas antes de la fecha prevista, en octubre de 2018.
SAO PAULO.- Un
grito de enormes resonancias históricas en Brasil se vuelve a extender ahora
por algunas ciudades del país. Diretas, já fue el gran lema que
en 1984 movilizó a decenas de miles de brasileños para forzar la caída de la
dictadura que había gobernado el país durante las dos décadas anteriores y
reclamar la convocatoria de elecciones presidenciales directas.
El eco de esa
consigna llegó a todos los rincones de Brasil. Alcanzó incluso el césped de los
campos de fútbol llevada bajo el liderazgo del mítico jugador, ya fallecido, Sócrates
Brasileiro, que hizo inscribir el lema en las camisetas de uno de los clubes
más famosos del país, el Corinthians. Y el Diretas, já vuelve a
ser el grito y la pancarta que enarbolan algunos de los manifestantes que se
han echado a la calle nada más conocer las acusaciones contra Temer y de
algunas de las fuerzas políticas de la oposición, incluidas las de sus dos
líderes más conocidos, el Partido de los Trabajadores del expresidente Luiz
Inácio Lula da Silva y la Rede de la frustrada candidata presidencial en 2014
Marina Silva.
Según la
Constitución brasileña, la renuncia de un presidente puede resolverse con la
convocatoria de nuevas elecciones si así lo decide el Congreso y se produce en
los dos primeros años del periodo de cuatro que media entre cada cita ordinaria
con las urnas. Agotado ese plazo, como ocurre en este caso, la vacante se
cubriría con un candidato votado por el propio Congreso, la llamada elección
indirecta.
La mayoría de la oposición, situada en líneas generales a la
izquierda, se opone a esa solución porque entiende que abunda en el problema de
déficit de legitimidad que ya arrastra el actual Gobierno, cuyo presidente era
el número dos de Rousseff y logró
desplazar a esta por una maniobra parlamentaria sin pasar por las urnas.
Desde hace meses
en el Congreso está registrada una propuesta del diputado de Rede Miro Teixeira
para aprobar una enmienda constitucional que permita la convocatoria de
elecciones. Incluso hay una comisión creada al respecto, que apenas ha tenido actividad
pero se podría revitalizar en cualquier momento si hubiese acuerdo político al
respecto.
La propuesta que
está sobre la mesa contempla que las elecciones se convocarían 90 días después
de que quedase vacante el cargo de presidente. Antes sería preciso aprobar la
reforma constitucional, un trámite que, incluso con un pacto para hacerlo lo
más rápidamente posible, parece difícil que estuviese listo en menos de dos
meses.
Uno de los
problemas para lograr consenso político sobre esa propuesta es que unas
elecciones inmediatas favorecerían enormemente las opciones de Lula, el
candidato favorito en las encuestas.
Sobre Lula pesa la
amenaza de cinco procesos judiciales por corrupción, pero, con unos comicios en
poco tiempo, las hipotéticas condenas –que conllevarían inhabilitación
política- difícilmente llegarían antes de conocer el veredicto de las urnas.
Incluso aunque el
juez más conocido de la Operación Lava Jato, Sérgio Moro, convertido en la
némesis de Lula, lo condenase por el más avanzado de esos procesos –el que le
acusa de recibir un apartamento tríplex como regalo de una constructora- el
expresidente no quedaría inhabilitado inmediatamente.
Para dejar a Lula
fuera de juego se requeriría que una segunda instancia judicial ratificase la
eventual condena de Moro lo que, en la más rápida de las hipótesis, aún
demoraría muchos meses, probablemente un año.
Unas elecciones a
corto plazo sorprenderían a los partidos opuestos a Lula sin un candidato
claro, ya que algunos de los posibles aspirantes han quedado políticamente
invalidados por las acusaciones de corrupción, como el último rival de Dilma
Rousseff, el aún líder del Partido Social Demócrata Brasileño, Aécio Neves.
El nombre por el
que más vienen apostando sectores económicos y políticos, el alcalde de São
Paulo, João Dória, también del PSDB, lleva solo cuatro meses en el cargo, tras
llegar a él sin ninguna experiencia política anterior, y necesitaría más tiempo
para darse a conocer en todo el país.
Una vez que Temer ha anunciado que no
renuncia, hay varias posibilidades para destituirle. Una es el impeachment,
que requiere el apoyo de dos tercios de la Cámara de Diputados y del Senado. El
proceso es muy largo.
El de Dilma Rousse,
por ejemplo, comenzó en diciembre y no logró apartarla del cargo hasta mayo.
Otra opción es que la investigación del Tribunal Supremo encuentre indicios de
criminalidad en el presidente y decida pedir autorización al Congreso para
actuar contra él y apartarle del cargo.
En ese caso
necesitaría también el voto favorable de dos tercios de la Cámara y del Senado.
La Constitución brasileña protege al presidente de ser juzgado por actos
cometidos antes del ejercicio de su cargo. Pero la acusación que pesa ahora
contra Temer proviene de una conversación con un empresario mantenida el pasado
marzo, por lo que queda fuera del derecho de inmunidad.
Hay una tercera
posibilidad, tal vez la más rápida y la que más vienen comentando en las
últimas horas analistas políticos brasileños. El próximo 6 de junio, el
Tribunal Superior Electoral comienza una vista en la que debe decidir si inhabilita
a Rousseff y a Temer por supuestamente haber financiado de forma ilegal la
campaña de 2014 en la que ambos comparecieron juntos. Todo apunta a que esa
será la solicitud del magistrado que ha instruido el caso. La decisión la tiene
que tomar el pleno del tribunal, presidido por otro magistrado con mucha
cercanía personal a Temer.
Si Temer fuese
inhabilitado, en el escalafón para asumir la presidencia provisional están, por
este orden, los presidentes de la Cámara, del Senado y del Tribunal Supremo.
Los dos primeros también están sometidos a investigación en el caso Lava Jato.
De todos modos, prácticamente la única función del presidente provisional sería
convocar la elección de un sustituto, para lo que, si se mantuviese el sistema
de elección indirecta, tendría un plazo de 30 días.
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