Escrito por
La Redacción.
mayo 24, 2017
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Arriba, los escudos de
defensa de manifestantes;
abajo, agentes de la
Guardia Nacional de Venezuela,
previo a las
manifestaciones de este miércoles en Caracas.
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Luisa Ortega Díaz denuncia las múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado durante las manifestaciones.
CARACAS.- La fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz denunció este miércoles múltiples violaciones a los derechos humanos perpetradas por los cuerpos de seguridad del Estado durante el control de las protestas que desde el 1 de abril han tomado las calles de diversas ciudades y refutó las versiones del Gobierno sobre las muertes ocurridas en los enfrentamientos.
La titular del Ministerio Público
aseguró que más de la mitad de los lesionados durante los disturbios —unos
1.000, según sus registros— fueron provocados por los organismos de seguridad.
La fiscal certificó que en los desórdenes han muerto 55 personas, siete de ellas el lunes, solo en el
Estado de Barinas (provincia natal de Hugo Chávez). Tres de los fallecidos eran
funcionarios del orden público y el resto, civiles.
Ortega Díaz dijo que 19 agentes han sido imputados por
su presunta vinculación con violaciones graves a los derechos humanos. Se
detuvo en el relato de la investigación sobre la muerte de Juan Pernalete, el
28 de abril en una manifestación en la plaza Altamira, en el este de Caracas,
que el Gobierno ha insistido en que se produjo por el disparo de un arma
artesanal detonada por otro manifestante.
La fiscal reveló que las
investigaciones han determinado que Pernalete murió por el impacto en el pecho
de una bomba lacrimógena lanzada por un oficial de la Guardia Nacional.
"La normativa nacional e internacional prohíbe
que las bombas lacrimógenas sean arrojadas directamente a las personas",
enfatizó la fiscal, que pidió a los agentes que "actúen acorde con la
normativa". Mencionó múltiples denuncias que su oficina ha recibido contra
efectivos militares que participaron en saqueos.
La jefa del Ministerio Público exhortó a los actores
políticos a "evitar especulaciones sobre los móviles de las muertes
ocurridas por hechos de violencia", en alusión a las repetidas
transmisiones a través de los medios oficiales de vídeos y supuestas pruebas
periciales que de manera regular achacan las muertes de manifestantes a sus
propios copartidarios. Ortega Díaz reiteró que la Fiscalía es el único ente
encargado de establecer las responsabilidades en los hechos.
También hizo referencia a los grupos de choque del chavismo, los llamados colectivos. El
Ministerio Público ha abierto 16 investigaciones sobre casos donde grupos
civiles armados instigaron a la violencia. Por último, Ortega Díaz repudió la
práctica ya institucionalizada por el Gobierno de llevar a detenidos en las
protestas ante autoridades de la justicia militar.
"Las personas tienen
derecho a ser juzgadas por sus jueces naturales", insistió, y dijo que de
siete investigaciones iniciadas por sometimiento a la justicia militar, ya se
ha pedido la declinatoria de competencia en dos de ellas.
La fiscal condenó la violencia "venga de donde
venga" y recordó que las manifestaciones pacíficas son un derecho "y
el Estado debe garantizarlo". El Ministerio Público adelanta 1.479
investigaciones por los hechos de violencia desde el 1 de abril, 1.329 por
delitos contra las personas y 150 por delitos contra la propiedad.
En un contexto de erosión del oficialismo, las
declaraciones de Ortega Díaz —en el cargo desde 2007— adquieren especial
relevancia. La fiscal lució por mucho tiempo como una simple ejecutora de las
operaciones de retaliación política ordenadas por el Ejecutivo.
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