Escrito por
La Redacción.
abril 19, 2017
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| Canal de Isabel II |
El Canal de Isabel II tiene al empresario Ángel Rondón como su principal socio en la República Dominicana, pero a raíz del caso Odebrecht le pidió que abandone temporalmente su puesto de copresidente del consejo de administración de su filial AAA Dominicana.
MADRID, ESPAÑA.- La presunta corrupción en la empresa pública de aguas de Madrid, el Canal de Isabel II, que motivó este miércoles la detención de doce personas, entre ellas Ignacio González, expresidente de la Comunidad (gobierno autónomo de la región), tiene ramificaciones en América Latina.
El
juez que dirige la operación, Eloy Velasco, investiga supuestos delitos de
prevaricación, organización criminal, malversación, cohecho, blanqueo, fraude,
falsificación documental y corrupción en los negocios.
Uno
de los doce detenidos por la Guardia Civil es Edmundo Rodríguez Sobrino,
considerado el hombre de confianza de González en Latinoamérica y destituido
hace un año como presidente ejecutivo de Inassa, filial colombiana de Canal
Extensia, que gestiona contratos de agua en Latinoamérica.
Rodríguez
Sobrino, consejero delegado de la empresa editora del diario nacional “La
Razón”, apareció vinculado a varias sociedades creadas en Panamá, por lo que la
actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, sucesora de
González, lo relevó entonces del cargo.
La
propia Cifuentes, que declarará sobre este caso ante el juez como testigo, dijo
hoy que tanto ella como su equipo de gobierno “están colaborando activamente
con la justicia”).
El
Canal de Isabel II procedió, en julio de 2016,
a cerrar diez empresas que el organismo había establecido en Latinoamérica,
bien porque tenían poca actividad, bien porque la misma no era “razonable y
compatible” con la gestión del agua, según explicó el entonces responsable del
Canal, Ángel Garrido, quien sigue en el cargo.
Entre
las empresas clausuradas, Garrido destacó la radicada en Brasil, “Emissao
Engenharia e Construçoes”, una compañía cuya compra supuestamente fraudulenta
ya se estaba investigando por parte de las autoridades de la Comunidad.
Ante
tal panorama, fue el actual gobierno autónomo de Cifuentes quien entonces llevó
a la Fiscalía sus sospechas de irregularidades en la gestión del equipo que
presidía su antecesor, Ignacio González.
El Canal de Isabel II tenía una veintena de empresas
filiales en Colombia, Ecuador, Panamá, República Dominicana y Brasil que
lograron en 2015 casi 20 millones de dólares en beneficios, un 93 por ciento
más respecto al año anterior, según afirmó Garrido hace unos meses.
Además
de los detenidos, el juez ha imputado al periodista Francisco Marhuenda,
director del diario nacional “La Razón”, y al presidente del periódico,
Mauricio Casals.
Según
fuentes de la investigación, Marhuenda y Casals supuestamente presionaron a la
presidenta de Madrid para que no denunciara las irregularidades en Canal que
implicaban al consejero delgado de la empresa editora de “La Razón”, el ya
citado Rodríguez Sobrino.
El
principal detenido, Ignacio González, quien hoy causó baja como
militante del Partido Popular (PP, en el Gobierno de la nación), fue el sucesor
(entre 2012 y 2015) de la destacada política conservadora Esperanza Aguirre,
quien estuvo al frente de la Comunidad de Madrid entre 2003 y 2012.
Las
detenciones de hoy provocaron de inmediato una cascada de reacciones en el
ámbito de la política española.
El
ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró que las instituciones en
España funcionan y “son la mayor garantía de que no hay impunidad”.
Desde
el primer partido en la oposición, el secretario general del Grupo Socialista
en el Parlamento, Miguel Ángel Heredia, mostró igualmente su satisfacción ante
el hecho de que “la justicia funciona en este país”.
La
portavoz del tercer partido, el izquierdista “Podemos”, en la Asamblea de
Madrid (parlamento regional), Lorena Ruiz-Huerta, dijo por su parte que las
irregularidades que se estaban cometiendo en el Canal de Isabel II eran “un secreto a voces”.
El
líder nacional del cuarto partido, “Ciudadanos” (liberales), Albert Rivera,
consideró que lo ocurrido es una muestra de que el PP “está en descomposición”
en la Comunidad de Madrid y que esta misma fuerza política “tiene las mochilas
cargadas de corrupción”.
A
última hora del miércoles, el juez que dirige las investigaciones sobre el Canal de Isabel II se trasladó a la sede de la
Comunidad de Madrid para entregar las preguntas por escrito que ha de responder
la presidenta Cifuentes en calidad de testigo.
También
lo hizo, esta vez en persona, con otro testigo, el ya mencionado presidente del
Canal y “número dos” de Cifuentes en el gobierno autónomo, Ángel Garrido.
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