Escrito por
La Redacción.
abril 26, 2017
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Las protestas estallaron luego de
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó a fines de marzo las
funciones del Parlamento.
CARACAS.- La oposición venezolana alista una
nueva marcha para este miércoles hacia el centro de Caracas, otro desafío para
el presidente Nicolás Maduro, al que presiona por elecciones generales con una
ola de protestas.
La Fiscalía publicó este martes una lista de 26
muertos, identificados, que han dejado las manifestaciones desde que iniciaron
el 1 de abril, aunque Maduro habló de 29 fallecidos, sin dar detalles.
“Ha habido 29 compatriotas que han sido asesinados por
culpa de la derecha, justicia es lo que pide el pueblo”, dijo el mandatario en
un acto público la noche del martes, sin que quede claro si se equivocó en la
cifra o se trata de un nuevo balance.
En su primera declaración a la prensa desde que
comenzaron las protestas, la fiscal general, Luisa Ortega, precisó además que
las protestas dejan 437 lesionados y 1.289 personas aprehendidas.
La oposición ve como única solución a la grave crisis
política económica del país petrolero la salida de Maduro del poder, según sus
dirigentes a través de elecciones, aunque el gobierno los acusa de impulsar un
golpe de Estado.
“Mañana sigue la calle contra la dictadura (...) Este
es el momento en el que ponemos a prueba nuestra resistencia”, subrayó el
diputado Freddy Guevara, vicepresidente del Parlamento, de mayoría opositora,
al precisar que la marcha llegará a la Defensoría del Pueblo, en el corazón de
la capital.
Pero hasta ahora las manifestaciones hacia el centro,
considerado un bastión por el chavismo, han sido bloqueadas por las fuerzas de
seguridad, que las han dispersado con bombas lacrimógenas, chorros de agua y
balas de goma.
“Esto es una marcha sin retorno hasta que logremos que
los venezolanos decidan cómo salir de la crisis”, señaló Julio Borges,
presidente del Legislativo, el único poder que controla la oposición.
Siete de cada diez venezolanos reprueba la gestión de
Maduro, cuyo mandato concluye en enero de 2019, hastiados de la escasez de
alimentos y medicinas, y una inflación que según el FMI llegará al 720,5% este
año, la más alta del mundo.
“Único diálogo: el voto”.- Para el analista Luis Vicente León,
la presión opositora podría llegar a un nivel de fracturar al chavismo y al
sector militar, aliado clave al que Maduro dio gran poder económico y político.
Según la consultora Eurasia Group, las manifestaciones
muestran que “la oposición está más unida en torno a la estrategia de calle y
se muestra revigorizada” en momentos en que el apoyo de la comunidad
internacional no parece retroceder.
La Organización de Estados Americanos (OEA), cuyo
secretario general Luis Almagro llama “dictador” a Maduro y lo acusa de
represión, se reunirá el miércoles de manera extraordinaria para discutir una
posible cita de cancilleres ante el recrudecimiento de la crisis en Venezuela.
Analistas estiman que para disminuir la presión el
poder electoral podría convocar pronto a elecciones de gobernadores, que
debieron haberse celebrado en diciembre de 2016 y fueron pospuestas, así como
las de alcaldes, pautadas para este año.
La oposición quiere también un adelanto de las
presenciales, previstas para diciembre de 2018, pero el gobierno las ha
descartado de plano.
Maduro dice querer elecciones para “derrotar” a la
oposición, pero habla de las regionales.
“Las divisiones en el chavismo probablemente se
profundizarán sobre todo de cara a las elecciones regionales y presidenciales.
Las presiones de calle y de la comunidad internacional tienen el potencial de
ensanchar sus fisuras”, agregó Eurasia.
Intentando bajar la crispación, Maduro reiteró su llamado
al diálogo. El lunes se reunió con el expresidente dominicano Leonel Fernández,
uno de los facilitadores de la fracasada negociación que auspició el Vaticano a
fines de 2016. “El único diálogo que quiere el país es el voto”, reaccionó
Borges.
“Nadie quiere una guerra civil”.- Las protestas estallaron luego de
que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) se adjudicó a fines de marzo las
funciones del Parlamento, a lo que dio marcha atrás tras una fuerte presión
internacional y la sorpresiva reacción de la fiscalía.
La fiscal Ortega calificó esa sentencia como una
“ruptura del orden constitucional” y la oposición exige al Defensor del Pueblo,
Tarek William Saab, que active un proceso de destitución de los magistrados o
de lo contrario “será considerado cómplice del golpe”.
Aunque no volvió a referirse a su declaración, Ortega
condenó este martes la violencia y llamó al diálogo: “Requerimos volver al
diálogo con interlocutores válidos (...) Nadie desea un escenario de
confrontación bélica, una guerra civil y mucho menos una injerencia
extranjera”, aseguró.
El gobierno socialista acusa a la “derecha extremista”
de hacer “terrorismo” para dar un golpe de Estado y propiciar una intervención
extranjera.
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