Escrito por
La Redacción.
abril 27, 2017
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"Manifestamos nuestro firme rechazo
a todo tipo de violencia que afecte la determinación de todos los venezolanos,
apoyados por la comunidad internacional, de generar las condiciones que
permitan llegar a una solución pacífica de sus diferencias", indicaron en
el texto.
Bogotá, Colombia.- Tres exmandatarios latinoamericanos y uno español rechazaron la
violencia que se ha generado en los últimos días en Venezuela y que ha dejado
26 personas muertas, y abogaron por resolver pacíficamente las diferencias en
ese país.
Los expresidentes Martín Torrijos (Panamá),
Leonel Fernández (República Dominicana) y
Ernesto Samper (Colombia), además del el exjefe del Gobierno español José Luis
Rodríguez Zapatero, difundieron este miércoles un comunicado en el que
expresaron también sus condolencias con los familiares de las víctimas que se
han registrado durante las manifestaciones en Venezuela.
“Manifestamos
nuestro firme rechazo a todo tipo de violencia que afecte la determinación de
todos los venezolanos, apoyados por la comunidad internacional, de generar las
condiciones que permitan llegar a una solución pacífica de sus diferencias”,
indicaron en el texto.
A juicio de los expresidentes, “el ejercicio
legítimo del derecho a la protesta social no puede terminar en hechos de
violencia que afecten la integridad de ningún ciudadano.
El empleo de la violencia como forma de
expresión política, cualquiera sea su origen o motivación, es condenable desde
todos los puntos de vista”.
Fernández,
Torrijos y Zapatero son mediadores designados para el diálogo en Venezuela
entre el Gobierno y la oposición, y Samper, como ex secretario general de la
Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), es acompañante del proceso.
En el comunicado
se precisó que, según la Fiscalía General venezolana, los hechos violentos que
se han registrado en las marchas a favor y en contra del presidente Nicolás
Maduro “han costado la vida a 26 personas, lesiones a 437 y múltiples
detenciones”.
A juicio de los
expresidentes, “el ejercicio legítimo del derecho a la protesta social no puede
terminar en hechos de violencia que afecten la integridad de ningún ciudadano.
El empleo de la
violencia como forma de expresión política, cualquiera sea su origen o
motivación, es condenable desde todos los puntos de vista”.


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