Escrito por
La Redacción.
abril 30, 2017
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Cristina Cifuentes, el
pasado jueves, durante sus
declaraciones de
Cifuentes sobre la Operación Lezo
en el XVI Congreso del
PP de Madrid.
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El relevo del director general del
Canal de Isabel II fue determinante para destapar operaciones en paraísos
fiscales de anteriores responsables y conexiones mediáticas.
MADRID.- Una
operaria levantó el miércoles pasado las alfombras de los pasillos que dan al
despacho de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que entre 2012 y 2015
perteneció a Ignacio González. Cristina Cifuentes, su excompañera y sucesora en
el cargo, supo apreciar el patente contenido metafórico de esa operación de
limpieza.
La semana ha sido
dura y dolorosa para el PP (otra más), como explicó la propia Cifuentes en su
discurso ante la ejecutiva regional reunida el jueves con urgencia para tratar
de exorcizar los demonios internos.
El partido vive en estado de shock permanente: el propio González, expresidente
regional, duerme en prisión con parte de su familia; dimite definitivamente la
exlideresa Esperanza Aguirre; se suceden los episodios de corrupción y
proliferan ahora quienes lo intuían o sabían todo.
Pero la decisión
determinante e inusual en política de denunciar ante la Fiscalía las maniobras
oscuras de González y su entorno en el poderoso Canal de Isabel II correspondió
a Cifuentes, lo que descubrió una guerra larvada con el más importante grupo
mediático conservador en España y recelos en los dirigentes más acomplejados
del PP.
La actual
presidenta regional, que ha admitido recientemente que en ocasiones se hace
"la rubia" en reuniones con hombres para arañar más cosas en las
negociaciones, tomó posesión de ese despacho en la Puerta del Sol de Madrid un
sábado 27 de junio de 2015. Al acto acudió, no por casualidad, Mariano Rajoy y
seis ministros de su Gobierno. El presidente destacó entonces: "Lo que
ocurra en Madrid es muy importante para España".
Auditoría de la Comunidad.- Apenas un mes más tarde se constituía en la Asamblea
de Madrid una comisión de estudios y de auditoría sobre el endeudamiento y la
gestión pública en la Comunidad en los años del PP.
La comisión empezó
sus trabajos indagando sobre la faraónica y muerta Ciudad de la Justicia y, a
comienzos de 2016, abordó el agujero negro del Canal de Isabel II, la empresa
pública más potente de la administración regional (casi 1.000 millones de
presupuesto en 2017).
En sus primeras
comparecencias fueron citados el consejero de Presidencia y nuevo presidente
del organismo, Ángel Garrido, ahora mucho más que la mano derecha de Cifuentes;
el exgerente Adrián Martín; y la exdirectora financiera de la entidad desde
2007, Fernanda Richmond, entre otros directivos y trabajadores del ente.
Ingresó en
política en Alianza Popular con 16 años. Fue número 57 en las elecciones
europeas de 1989.
Fue diputada
regional entre 1991 y 2012, esto es, seis legislaturas. Y delegada del Gobierno
en Madrid entre 2012 y 2015.
Es presidenta de
la Comunidad de Madrid desde el 25 de junio de 2015 y del PP de Madrid desde
marzo de 2017.
Como conclusión de
esas primeras informaciones genéricas sobre el Canal y sus filiales en
Latinoamérica, muchas veces bloqueadas por esos exdirectivos, Cifuentes decidió
exigir la destitución de Martín y buscó, con ayuda de cazatalentos, un nuevo
director general para esa macroempresa. El contrato, en mayo de 2016, fue para
Rafael Prieto, un gestor de multinacionales, de 53 años, con experiencia en
compañías como PSA-Peugeot.
Dos meses después,
en julio de 2016, ya con el control político y administrativo del Canal, Prieto
constató varias operaciones irregulares que le llevaron a trasladar un
auténtico dilema a Cifuentes. La nueva presidenta madrileña lo sopesó todo y
comunicó la única solución que había encontrado al presidente del PP, Mariano
Rajoy, y a Dolores de Cospedal, la secretaria general y su gran baluarte en la
cúpula popular. Les informó de que no tenía más remedio que entregar esa
documentación sobre actuaciones sospechosas del Canal a la Fiscalía
Anticorrupción.
Diputados
regionales del PSOE y de Podemos también habían comenzado a preguntar e
investigar por su cuenta sobre la sorprendente expansión latinoamericana del
Canal y tramitaron su propia denuncia ocho meses más tarde.
Las llamadas de
atención que alertaron entonces a los nuevos responsables del Canal se
produjeron al seguir el rastro de varias operaciones que acababan con oscuros
pagos en Suiza y en sociedades off shore, que son las empresas radicadas en paraísos
fiscales que se utilizan sin ninguna actividad económica reconocida.
La compra en 2013
por 21,4 millones de euros de Emissao, una compañía brasileña de gestión de
aguas, fue el detonante de todo. El Canal la adquirió por medio de su filial en
Colombia, Inassa, y un año después esa sociedad valía solo 5,4 millones.
Edmundo Rodríguez Sobrino, consejero de Audiovisual Española 2000, editora de La Razón,
presidía en esa época Inassa y era el hombre de confianza de González en el
Canal.
La cercanía entre
Rodríguez Sobrino y González se evidenció en aquel viaje que ambos hicieron a
Cartagena de Indias en 2008, en el que fueron espiados y grabados con unas
sospechosas bolsas de plástico en las que, según dijeron, llevaban toallas.
Conmoción.- La
conmoción en el PP por la detención de González y su banda de amigos fue total,
pero no hubo sorpresa. Cifuentes se apuntó rápidamente el tanto de que había
facilitado al máximo la colaboración con la justicia. Rompía con otras imágenes
del pasado en su partido. La oposición subrayó que no le quedaba otra.
El juez tomó
declaración por escrito a Cifuentes y convocó en la Audiencia Nacional a la
ahora jefa de gabinete de la presidenta regional, Marisa González Casado,
periodista con casi 30 años de experiencia.
Las 17 grabaciones
con más de una hora de duración que Velasco mostró a Marisa González abrieron
un flanco inquietante en la investigación. El juez citó de inmediato al
presidente de La
Razón, Mauricio Casals, y al televisivo director del mismo diario,
Francisco Marhuenda, por un presunto delito de coacciones a Cifuentes y su
equipo.
En algunas
transcripciones del sumario secreto se escucha a Marhuenda contar a Rodríguez
Sobrino su versión de una charla que mantuvo con Cifuentes a mediados de 2016:
"Le hemos dicho que eres un soldado nuestro, que eres intocable para
nosotros y ella por las malas tiene mucho que perder. En una guerra no puede
ganar".
Casals conmina a
Marhuenda en otra conversación a que deje claro a Cifuentes que esa
"guerra" no sería solo de La Razón y que implicaría a otros
medios del grupo como Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
Marhuenda se
permitió, en alguna de esas intervenciones, insultar a la jefa de gabinete y a
Cifuentes y, tras declarar ante el juez, precisó que "nunca, nunca"
había pretendido presión alguna. Sus insultos no provocaron una catarata de
reacciones ni de asociaciones de prensa ni de otras dirigentes políticas o
feministas.
El juez preguntó a
las afectadas si consideraban una presión señalar un día en la sección del
periódico Sube y
baja al consejero Garrido por una mala gestión o un editorial muy
contrario a la recién impulsada ley regional integral contra la violencia de
género. Cifuentes y González Casado asumieron esas críticas normales en su
trabajo. El magistrado no fue más profundo sobre los intereses de esos
directivos en otros aspectos o negocios, según fuentes de la investigación, y
les desimputó.
Una de las
presiones más insistentes que ha sufrido el equipo de Cifuentes en este tiempo
fue la reclamación de que la presidenta regional debía recibir en su despacho
oficial a Rodríguez Sobrino, que estaba muy inquieto por la posible
documentación que pudiera facilitarse al juez desde la Comunidad sobre su etapa
en el Canal. Ese encuentro nunca se concedió.
El PP ha querido
mostrar su apoyo a Cifuentes en este caso, sobre todo en público a través de
los denominados jóvenes vicesecretarios nacionales y otros portavoces. Aguirre
y González estaban ya de retirada en la política, se habían generado muchos
enemigos y se consideran fácilmente amortizables. Desde la cúpula del PP se
comprende que Cifuentes tenía escasa capacidad de maniobra ante la imparable
deriva judicial del caso pero destacan que ahora debe manejar y resolver ella
"la guerra y el lío mediático que se avecina" con un grupo como
Atresmedia tan importante para el partido conservador.
Ni Rajoy, de
viaje, ni Cospedal, con antiguas relaciones muy estrechas con Aguirre y
González, ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, se han explayado
sobre este conflictivo caso. Marhuenda fue durante años jefe de gabinete y
colaborador estrecho de Rajoy y Casals, al que los medios etiquetan como El príncipe de las
tinieblas del Grupo Planeta en Madrid. Casals desayuna
frecuentemente en el hotel Ritz con Santamaría.
Cifuentes, que ha
asentado su proyección política con constantes apariciones en televisiones, no
quiere perpetuar ni desarrollar este conflicto con ese grupo de comunicación y
se propone preservar sus buenas relaciones con Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
La Operación Lezo
ha tocado así de lleno al PP y a Cifuentes en un momento que parecía, en
teoría, de su máximo esplendor. A sus 52 años se encontraba al fin en posición
de gestionar una de las administraciones con más poder y presupuesto de España
(18.538 millones de euros). Después de haber asumido el mes pasado el mando
también en la presidencia del PP de Madrid se había convertido con el gallego
Alberto Núñez Feijóo en uno de los valores seguros para el futuro de su
partido.
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