Escrito por
La Redacción.
abril 25, 2017
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Donald Trump
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WASHINGTON.- Un juez estadounidense suspendió este martes la aplicación de un decreto
del presidente Donald Trump dirigido a negar miles de millones de dólares en fondos
federales a las ciudades opuestas a su decreto
contra la inmigración.
En un nuevo revés
a las políticas de la Casa Blanca contra los inmigrantes indocumentados, el juez William Orrick, de la
corte federal de San Francisco, ordenó un bloqueo temporal de alcance nacional
a cualquier intento de implementar la orden del 25 de enero de Trump de cortar
fondos a esas ciudades.
Orrick dijo que la
orden, una de las primeras de Trump tras llegar al poder, era contraria al público y no se
corresponde con la constitución estadounidense. Pero las tensiones entre el
gobierno federal y cientos de ciudades por las políticas migratorias no parece
que cederán: la decisión del juez dejó al Departamento de Justicia libre de continuar sus
amenazas contra nueve ciudades de cortar algunas subvenciones si no cooperaban
adecuadamente con los funcionarios federales de inmigración.
El condado de
Santa Clara en el estado de California (oeste), un ejemplo de estas “ciudades
santuario” que se comprometieron a proteger a sus habitantes indocumentados,
saludó esta decisión “histórica”. Pero el fallo del juez Orrick podría afectar
a más de 300 ciudades y condados de todo el país que han calificado como
anticonstitucional el decreto de Trump.
Orrick aceptó los
argumentos de abogados que representan a San Francisco y Santa Clara, de que el
presidente no tiene el poder de cortar fondos a ciudades que protegen a
inmigrantes.
El decreto
de Trump
amenazaba la transferencia de 1.200 millones de dólares para San Francisco, y
1.700 millones para Santa Clara. “El decreto
suscitó incertidumbres presupuestarias que amenazan con privar a estos condados
de centenares de millones de dólares de subvenciones federales empleados en
sectores clave”, consideró el juez Orrick.
El revés para Trump ocurrió
luego que la justicia suspendió la aplicación de otro decreto
del mandatario republicano que prohibía por tres meses el ingreso al país de
ciudadanos provenientes de seis países (inicialmente siete) de mayoría
musulmana, así como la acogida de refugiados.
Decreto inconstitucional.- El juez desechó el argumento de los fiscales de que San Francisco y Santa Clara no tenían derecho a combatir la orden porque ninguna ha sido oficialmente declarada como “ciudad santuario”, una frase que se mantiene vaga en la ley.
Pero el juez apuntó que el asunto
principal son las repetidas declaraciones de Trump en las
que admite que el financiamiento es un “arma” para usar contra ciudades que
resistan sus políticas. Eso demuestra la intención del gobierno, y eso es
inconstitucional, dijo.
Pero como se puso
en evidencia en una reunión este martes entre el Fiscal General, Jeff Sessions,
y un grupo de alcaldes, los dos bandos siguen enfrentados alrededor de la
promesa electoral de Trump de deportar a unos 11,3 millones de inmigrantes sin
permiso de estadía legal.
El viernes,
Sessions arremetió contra las ciudades santuario por permitir que inmigrantes
indocumentados violentos salgan en libertad, acusando a esas políticas de la
expansión de la pandilla salvadoreña Mara Salvatrucha en el país.
El Departamento de
Justicia advirtió a nueve ciudades, incluyendo Chicago, Nueva Orleans y
Filadelfia, que les retiraría subvenciones ligadas al cumplimiento de ciertas
reglas de cooperación con procedimientos y agentes migratorios.
Pero alcaldes que
estuvieron en la reunión dijeron que la ley federal es inconsistente y se
quejaron de que el gobierno les pide usar policías locales para hacer cumplir
la ley migratoria.
Desde la llegada
al poder de Trump,
las autoridades estadounidenses han acentuado la represión a la inmigración
clandestina, a quien acusa de fomentar la criminalidad, aun si ningún estudio
serio lo prueba.
Las ciudades santuario
consideran que profundizar la clandestinidad de personas que ingresaron
ilegalmente al país tiene efectos nefastos en la seguridad, al inhibirlos de
colaborar en la denuncia de crímenes.
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