Escrito por
La Redacción.
abril 27, 2017
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La Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
mientras
da a conocer su informe del 2017
este
jueves en Washington.
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Reacción inmediata desde Santo Domingo. Gobierno rechaza decisión de la CIDH de incluir a la República Dominicana en lista negra.
WASHINGTON.- Cuba, Venezuela y República
Dominicana figuran en la “lista negra” de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos (CIDH), según el informe anual de 2016 que publicó este jueves
ese organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
El capítulo IV del informe, conocido como la “lista
negra”, señala los países donde las violaciones de derechos humanos requieren
una “atención especial” por parte de este organismo, con sede en Washington.
Cuba y Venezuela repiten en esa lista y República
Dominicana sustituye a Guatemala con respecto al informe de 2015.
“En relación con Cuba, las persistentes restricciones
a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de
difusión del pensamiento, la falta de independencia del poder judicial y las
restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera
sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba”, apunta el informe.
A lo anterior, agrega el estudio, “se suma el
incremento en las represiones severas y restricciones a defensores y defensoras
de derechos humanos y personas disidentes, además de la discriminación y
violencia contra personas LGTBI (lesbianas, gais, transgénero, bisexuales e
intersexuales) y la exclusión de la población afrodescendiente, que está
subrepresentada en altos cargos del Estado”.
En el caso de Venezuela, la CIDH denuncia que
“persisten situaciones estructurales que afectan los derechos humanos” y se ha
registrado “un agravamiento” de la situación de la seguridad ciudadana en
relación al derecho a la vida e integridad personal y “un deterioro del Estado
de Derecho y las instituciones democráticas”.
La comisión también alerta de la vulnerabilidad al
derecho a la libertad de expresión, incluyendo la detención arbitraria y el
encarcelamiento de opositores, así como de aquellos ciudadanos que “hacen
público su disenso con el gobierno”.
El informe también subraya los altos índices de
represión en el país caribeño, las restricciones indebidas al ejercicio del
derecho a la protesta y los despidos y amenazas a empleados públicos con la
pérdida de su cargo si manifiestan opiniones políticas contra el oficialismo.
Respecto a República Dominicana, la CIDH alerta de “la
persistencia de la discriminación racial estructural contra personas de
ascendencia haitiana, o percibidas como tales”, lo cual ha impactado
particularmente en “el reconocimiento de la nacionalidad, deportaciones,
expulsiones, operativos migratorios y expulsiones colectivas”.
Para la Comisión esto muestra “los graves desafíos que
enfrenta el Estado dominicano en materia de discriminación racial”.
“La privación arbitraria de la nacionalidad y la falta
de reconocimiento de la personalidad jurídica de las personas dominicanas de
ascendencia haitiana las ha puesto en una situación de desventaja en el goce de
algunos de sus derechos humanos, así como en una situación de extrema
vulnerabilidad a ser víctimas de violaciones a otros múltiples derechos
humanos”, recalca.
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| Flavio Darío Espinal |
Gobierno dominicano rechaza decisión.- La reacción no se hizo esperar, pues una delegación
del gobierno dominicano, encabezada por el Consultor Jurídico del Poder
Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, rechazó ante la Comisión de Asuntos Jurídicos
y Políticos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) la decisión de
la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de incluir a la República
Dominicana en el capítulo IV.B en su informe a la Asamblea General de la OEA
que se celebrará en México en el mes de junio.
En este capítulo
se colocan aquellos países que, según la Comisión Interamericana, violan de
manera masiva, grave y sistemática los derechos humanos, así como cuando hay
una ruptura del orden político democrático.
Es la primera vez
que República Dominicana es incluida en dicho capítulo, en el cual también
aparecen Venezuela y Cuba.
En su
intervención, el consultor jurídico expresó que esta decisión de la CIDH es
“totalmente desproporcional, no tiene base ni justificación y pone de
manifiesto la actitud inflexible, cerrada y sectaria de la Comisión, por lo que
el gobierno dominicano rechaza de manera firme y categórica dicha decisión”.
Espinal señaló que
en la República Dominicana no se ha producido ningún acontecimiento que
represente retroceso alguno en las áreas más relevantes de los derechos
humanos, entre ellos la libertad política, la libertad de expresión, de
asociación, de creencias religiosas y demás libertades públicas. Se refirió
también a la cuestión migratoria y al tema de la nacionalidad, defendiendo la
posición del país en estas materias.
En la sesión,
dirigida por la embajadora de Canadá, presidenta de la Comisión de Asuntos
Jurídicos y Políticos, estuvo presente el presidente de la CIDH, Francisco
Eguiguren Praeli y el secretario ejecutivo, Paulo Abrao.
La delegación que
viajó a Washington desde Santo Domingo estuvo integrada también por la
viceministra Alejandra Liriano, el abogado Olivo Rodríguez Huertas y la
embajadora Rhadis Abreu. La delegación estuvo acompañada por el embajador
Gedeón Santos y otros funcionarios de la Misión Permanentes de la República
Dominicana ante la OEA.
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