Escrito por
La Redacción.
abril 26, 2017
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Miguel Vargas Maldonado
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El monto que supuestamente se pagó por las
transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00, en efectivo, pero la familia
Henríquez alega que no hay una constancia de que esos desembolsos a favor de su
pariente se hayan realizado.
SANTO DOMINGO.- El
ingenio de Miguel Vargas Maldonado como empresario es ampliamente conocido para
los dominicanos, acumulando, según su declaración jurada de bienes, una
patrimonio superior a los 694 millones de pesos, que incluye inversiones en el
país y el extranjero, vehículos y bienes suntuarios.
Sin embargo,
algunos de los trámites empresariales que ha realizado el presidente del
Partido Revolucionario Dominicano (PRD) no han estado exentos de controversia.
Tal es el caso del
préstamo por 15 millones de dólares efectuado por el estatal Banco del Reservas
(BanReservas) en plena campaña electoral del 2012, cinco meses antes de las elecciones,
otorgado a contrapelo de la evaluación negativa de los técnicos de la Gerencia
de Análisis de Crédito y el Comité de Evaluación de Crédito de la entidad
bancaria por tratarse de una deuda de alto riesgo.
También la compra
al Estado dominicano del hotel Hispaniola, por 16.5 millones de dólares y que
luego lo vendió a un grupo español por 23 millones de dólares, además de
terrenos en Samaná por RD$ 1.9 millones, vendidos posteriormente por US$ 12
millones; operaciones que dejaron boquiabierto a más de uno dentro del Partido
de la Liberación Dominicana (PLD), que en la campaña del 2008, acusó al actual
canciller de haber defraudado al Estado desde su posición como secretario de
Obras Públicas durante el gobierno de Hipólito Mejía.
Otra vez.- Ahora
el empresario y político ha vuelto a ser señalado, esta vez en un caso de
compra y venta de los terrenos donde fue edificada la Torre Caney – el
edificio residencial de lujo, ubicado en Bella Vista, que cuenta con 39 pisos,
31 apartamentos y un helipuerto –, efectuada, supuestamente, de manera
irregular.
Según el abogado
Ramón Hernández Reyes, unos 58 mil metros cuadrados – parcela
122-A-1-A-FF-3 – entre la avenida Anacaona y la calle Helios, hasta la
calle Las Ninfas, fueron heredados por su cliente, la señora Lea Rafaela Pérez
Henríquez, tras la muerte de su hermano Rafael Pérez Henríquez en 2003.
Sin embargo,
explica que al hacer la determinación de herederos a favor de su cliente, la
tituladora pide una carta constancia por apenas 17 mil metros cuadrados, 38,
464.72 metros cuadrados menos de lo que pertenecía a su hermano, esto debido a
transacciones comerciales hechas por el propietario.
“Cuando vamos al Tribunal de Tierra indagamos qué ha sucedido, nos
encontramos con una serie de transferencias inmobiliarias que se han operado,
donde supuestamente el doctor Rafael Pérez Henríquez vende a Huáscar B. Mejía
González mediante actos de venta, porciones de terreno”, señala
Hernández Reyes, quien agrega que el 50 % de esos terrenos han terminado – o
estuvieron en un momento – en manos de empresas vinculadas al ingeniero Miguel Vargas Maldonado.
El monto que
supuestamente se pagó por las transacciones asciende a los RD$ 17, 800, 000.00,
en efectivo, pero la familia Henríquez alega que no hay una constancia de que
esos desembolsos a favor de su pariente se hayan realizado y asegura que
Huáscar B. Mejía González – quien en palabras de Hernández Reyes, solía ayudar
a Rafael Pérez Henríquez con algunas labores –, no contaba con la solvencia
económica para adquirir los terrenos.
Estas ventas,
según el jurista y la familia, fueron efectuadas falsificando la firma de
Rafael Pérez Henríquez, por lo que señala que se ha solicitado
una experticia caligráfica en el extranjero, la cual se encuentra a la espera
de ser aprobada por los tribunales dominicanos.
Dentro del ámbito
de la parcela número 122-A-1-A-FF-3, Huáscar Bernardo Mejía González fue el adquiriente
de parte de los 38 mil metros que actualmente se encuentran el Litis.
Pero también lo fueron Daysi Altagracia Amor Balcacer (quien aparece en muchas
de las compras que hizo Mejía González) y la empresa Transporte D&D.
Informaciones
suministradas a Acento detallan que el costo promedio en 2016 del metro
cuadrado en la zona de Bella Vista era de RD$ 40 mil (US$ 883).
Los “vínculos”.- José De Pool Dominici es socio mayoritario de la
empresa
Titulatec, vinculada a la compra de los terrenos del sector Los Tres Brazos,
la cual fue suspendida por el presidente Danilo Medina, así como de todo
proceso de desalojo, debido a que se trató de una transacción irregular y
“cuestionable”, según lo confirmó la Comisión encargada de investigar la venta.
El empresario ha
sido prestamista del canciller y presidente del Partido Revolucionario
Dominicano (PRD) Vargas Maldonado, incluso para la adquisición de una parte de
los terrenos en Bella Vista.
También se
desempeñó como director general administrativo del Ministerio de Obras Públicas
y Comunicaciones, en el 2003, cuando Vargas Maldonado era el dirigente de esa
cartera. Actualmente ocupa un puesto dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores como
director administrativo, con un salario de RD$ 175 mil.
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José De Pool Dominici envió una
comunicación a Lea
Pérez Henríquez, en la que le ofrecían la
suma de 200
mil dólares en un plazo de 10 días a partir
de la firma
de un documento de disentimiento de
querellas
y otros 360 mil dólares en un plazo de 90
días.
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En mayo del 2001,
la compañía de Transporte D & D CxA, que preside José De Pool Dominici,
compra 2,454.60 metros cuadrados dentro de la parcela número 122-A-1-A-FF-3, a
Rafael Pérez Henríquez, por RD$ 2, 200, 000.00.
Ramón Hernández: “De Pool Dominici llegó a
afirmar verbalmente que Huáscar Mejía es su socio. La conexión de Huáscar con
ese grupo era José de Pool Dominici. Él (Huáscar Mejía) no fue más que un
instrumento. El cerebro de toda esta operación es De Pool Dominici”
Tan solo 20 días
después de la compra, esta empresa revende esos terrenos a Inversiones
Alberique, S.A. por el mismo precio, la cual fue respaldada económicamente por
la compañía Dominicana de Financiamientos, también propiedad de José De Pool
Dominici. Esta empresa otorgó a Inversiones Alberique RD$ 1, 300, 000.00 del
precio convenido.
También están las
transacciones que involucran a las empresas Gallery Construction, Intelar y
Worldnet Comunications, las cuales, según datos de la Oficina Nacional de la
Propiedad Industrial (ONAPI), fueron registradas por Julio Cesar Martínez
Lantigua, hijo de Julio César Martínez Rivera, exconsultor jurídico de la
entonces Secretaría de Obras Públicas.
Este último,
además de laborar
en el Ministerio de Relaciones Exteriores como asesor con salario de RD$ 150
mil, actuó junto a Arodis Carrasco Rivas de Abreu, en
representación de Huáscar González Mejía, Trivento Investment, S. A.,
Inversiones Inmobiliaria Harna, S.A, Inversiones Alberique, Gallery
Construccion, S.A. y Transporte D & D, C. por A., en las acciones legales
relacionadas a este caso.
El estudio
profesional de Martínez Rivera se encuentra ubicado en la calle Los Cerezos
número 7, Los Prados, la misma dirección con las que se registraron las
empresas Gallery Construction, Intelar y Worldnet Comunications.
En la declaración
jurada que hizo el presidente del PRD, este presentó una cuenta por cobrar de
RD$ 184 423 287 a Intelar, SRL, por concepto de inversión, desde el 12 de abril
del 2010 hasta el 16 de agosto del 2016. Según los documentos entregados por
los abogados de la familia Pérez Henríquez, Worldnet Comunication Dominicana
transfirió el apartamento identificado con el número de parcela 400400106114:32
a la sociedad de comercio INTELAR, la cual señala, está representada por la
esposa de Miguel Vargas, María de los Ángeles García Frangie.
Estas operaciones,
según los abogados de la familia Pérez Henríquez, tienen el propósito de que
las compañías propiedad del canciller Miguel Vargas Maldonado nunca figuren
como compradoras directas, resultando beneficiario por intermedio de sus
compañías.
“Demandamos ante
el Tribunal de Tierra en el año 2008 la nulidad de todos estos actos de venta y
solicitamos que se haga una experticia caligráfica y está pendiente de que
luego lo autorice”, explica Hernández Reyes.
Ese año, la jueza
de la quinta sala del Tribunal de Tierras, Luznelda Solís Taveras, falló a
favor de la familia Pérez Henríquez y su solicitud de la nulidad de todos estos
actos de venta.
Esto, según el
abogado de Lea Pérez Henríquez, inició el proceso por parte del Estado, el cual
a través de Bienes Nacionales, durante la gestión de Elías Wessin Chávez,
demanda la nulidad de Carta Constancia que ampara la porción 17, 522.53 metros
cuadrados que posee Pérez Henríquez, bajo el alegato de que se trata de una
carta de constancia de propiedad pública que corresponde a 18 mil metros
cuadrados de aceras y calles.
Esta solicitud
también fue rechazada por Víctor Santana Polanco, exjuez de la Segunda Sala del
Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, debido a
que esta cantidad de terreno, ya había sido descontada a Rafael Pérez
Henríquez. Pero, según el jurista, este fallo no detuvo el proceso en su
contra.
“Elementos peligrosos”.- Otra de las ventas que la familia Pérez Henríquez
señala como irregular – y que ha causado enormes dolores de cabeza – es la
comercialización en 2003 de 2,846.03 metros cuadrados, vendidos por Huáscar B.
Mejía González a la Factoría de Arroz Comendador C. por A, una de las empresas
del narcotraficante Quirino Ernesto Paulino Castillo, por RD$ 2, 561, 427.
En esta transacción,
pese a que el vendedor es Mejía González – cuyo nombre figura en el contrato de
compra y venta – el notario Emilio Gómez Buret hace constar las firmas de
Paulino Castillo y de Hilda V. García Frangie, quien además de ser secretaria y
representante de Inversiones Alberique, S.A., es la cuñada de Miguel
Vargas Maldonado.
“Fruto de esa
venta que se hace, el Estado llama a doña Lea – en el 2013 –, porque la
Dirección de Drogas se adjudicó esos derechos que tenía Quirino Ernesto Paulino
Castillo sobre esa porción de terreno”, explica el abogado Ramón Hernández
Reyes, quien detalla, no obstante, que la porción de tierra que reclama la DNCD
no es la que fue vendida por Mejía González, sino que le pertenece a su
cliente.
Por esta causa
fueron llamados a la Dirección para una entrevista con el entonces director del
organismo, mayor general Rolando Rosado Mateo, a la cual acudieron los
representantes legales de Lea Pérez Henríquez, donde, según el jurista,
sufrieron amenazas de muerte, en especial a su socio, el abogado Jottin Cury
hijo. Al siguiente día de esa visita, la casa de su cliente fue allanada.
También recibió
amenazas una hija de Pérez Henríquez, Virginia Martínez Pérez de Prota, por la
vía telefónica, realizadas por una persona que se identificó como miembro de la
DNCD, lo cual consta en una carta enviada a Rosado Mateo, con copia al
procurador general de la República, con lo que las acciones amenazantes se
detuvieron, mas no las acciones legales.
El 17 de julio del
2013, la Quinta Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del
Distrito Nacional, rechazó la solicitud de aprobación de trabajos de deslinde
practicados dentro del ámbito de la parcela 122-A-1-A-FF depositada por los
abogados de Lea Pérez Henríquez, la cual fue apelada en enero del 2014.
Posteriormente, en
agosto del 2015, este tribunal rechazó la apelación y confirmó la decisión
número 20133021 del 17 de julio, que fue nuevamente apelada en el 2016 por
los representantes de la familia Henríquez.
Este proceso no ha
progresado, manteniéndose en el Tribunal de Tierras en primer grado hasta
la fecha.
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