Escrito por
La Redacción.
abril 22, 2017
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Rafael Correa,
presidente de Ecuador.
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Quito.- El fiscal general del Estado, Galo Chiriboga, informó la detención en
Ecuador
de un exministro de Electricidad dentro del llamado caso Odebrecht,
en el que se investiga sobre supuestos sobornos
de esa compañía en el país andino, según publica este sábado el diario El
Comercio.
“#CasoOdebrechet
detenidos Alexei M. exministro de Electricidad y Marcelo E. socio de compañías
que habrían recibido dinero de corrupción”, escribió Chiriboga en su cuenta de
Twitter en la que, conforme a la legislación del país, no publica todo el
apellido de los implicados.
En su cuenta de la
red social Twitter, la Fiscalía indicó que la audiencia de formulación de
cargos se realizará en el transcurso de esta jornada.
En marzo pasado,
Chiriboga, y el procurador general del Estado, Diego García, se reunieron en
Washington con los representantes y abogados de la empresa en busca de un
acuerdo para que esta última suministre a las autoridades ecuatorianas
información sobre los supuestos sobornos
pagados en el país andino.
Asimismo, se busca
un acuerdo sobre las indemnizaciones que la multinacional brasileña debería
pagar a Ecuador
por los daños causados.
El pasado 24 de
febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos
para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y
África, indicó que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en
algunos de los países en los que es investigada.
En diciembre
pasado, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló documentos sobre
presuntos sobornos
efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y
África.
Los pagos se
hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola,
Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador,
Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según el Tribunal del
Distrito Occidental de Nueva York.
Sobre Ecuador
aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de
más de 35,5 millones de dólares supuestamente a “funcionarios del Gobierno”, lo
que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.
“Solamente cuando
se hayan conocido los contratos, el esquema de corrupción utilizado, los montos
entregados y la forma como se movió o transfirió ese dinero, se podrá
determinar cuáles son las instituciones involucradas y establecer la
cuantificación del perjuicio ocasionado, con lo cual se podrá calcular una
cifra de indemnización”, expresó en marzo la Procuraduría.
Según la
institución ecuatoriana, Odebrecht “pretendía llegar a un acuerdo sin entregar
información alguna” y conseguir que el Estado ecuatoriano declarara que no hubo
irregularidades en los contratos firmados.
Pero la
Procuraduría explicó que ello no es posible sin que los contratos sean
revisados por la Contraloría General del Estado.
La firma también
quería que Ecuador
no pueda exigirle información adicional ni imponerle indemnizaciones o multas,
pero “esto ha sido rechazado y no se incluirá en un posible acuerdo”, dijo
entonces el organismo ecuatoriano.
El acuerdo solo
será posible si la empresa entrega la información detallada que se le requiere
y mientras tanto la Fiscalía continuará con las investigaciones iniciadas para
obtener la información por medio de la cooperación penal internacional y de
otros mecanismos de investigación, agregó la fuente. El presidente de Ecuador,
Rafael Correa, aseguró el pasado 18 de marzo que la constructora pide
“imposibles”.
“Odebrecht
pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño,
porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil,
ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda
seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles”, manifestó Correa.
“Mientras yo sea
presidente, esta empresa no vuelve a pisar el país, compañeros, ni un centavo
para esta empresa”, recalcó entonces el gobernante ecuatoriano.
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