Escrito por
La Redacción.
abril 24, 2017
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El expresidente de la Comunidad de Madrid,
Ignacio
González, a su llegada al despacho que
tiene en la
calle Alcalá de Madrid acompañado por
Guardias
Civiles para proceder al registro del
mismo.
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Uno de los peces gordos en caer fue el empresario dominicano Ángel Rondón, quién según la brasileña recibió 92 millones de dólares para ser usados en sobornos.
Madrid.- El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, su hermano
Pablo y su esposa Lourdes Cavero -quien fue consejera en Caja Madrid-, pusieron
en marcha varios negocios con el objetivo de aflorar el “dinerillo B” de que
disponían y que tenía “origen ilícito.
Entre ellos, la
constitución de una empresa de gestión de guarderías, la adquisición de una
parte del accionariado de Auditel y la proyección de un negocio sobre derechos
de patente de un productor de desinfección de agua junto con el exministro
Eduardo Zaplana.
Así se señala en
el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, que recoge los diferentes
indicios que justifican la medida de prisión incondicional dictada la noche de
este viernes por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco contra González
y otros implicados en la trama presuntamente corrupta desarticulada en la
‘Operación Lezo’.
El exministro y
expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana ha negado haber
tenido o tener “ninguna sociedad ni relación mercantil” con el expresidente de
la Comunidad de Madrid Ignacio González.
En una declaración
a la prensa, el exministro afirma: “Nunca he participado ni auxiliado a nadie
en la comisión de hecho delictivo alguno”.
“Desconozco el
contenido del auto (por el que el juez Eloy Velasco mandó ayer a prisión a
González en el marco de la operación Lezo) en el que se me menciona y la
interpretación o valoración que se esté efectuando respecto de conversaciones
de terceros, pero rechazo las interpretaciones por falsas, que se está
realizando sobre mi persona y cualquier relación con asunto de blanqueo”, añade
Zaplana.
Agrega el
exministro que “nunca he tenido, ni tengo ninguna sociedad ni relación
mercantil con don Ignacio González”.
El «dinerillo B».- La expresión “dinerillo B” procede del contenido de una conversación
intervenida el pasado 4 de octubre entre el expresidente de Inassa (filial del
Canal de Isabel II) en Iberoamérica y otra de las implicadas igualmente en
prisión, María Fernanda Richmond, en la que ésta consideraba que el ritmo de
vida del matrimonio no podía sostenerse con sus ingresos y daba a entender
existían activos financieros opacos a disposición del expresidente madrileño.
Sobornos
en América.- Por otro lado,
según el auto de Velasco el expresidente de la empresa Inassa, Edmundo
Rodríguez Sobrino, habría sido “conocedor y partícipe” de prácticas corruptas
en el extranjero, concretamente del pago de sobornos a cargos públicos y
funcionarios de países como Panamá, Colombia, República Dominicana y Haití para
“manipular” los procesos de obtención de contratos para su compañía, filial del
Canal de Isabel II en América Latina.
El consorcio
formado por las empresas Inassa, CLEOP y la panameña MG Infraestructuras
habrían pagado en Panamá una comisión ilegal de 273.672 dólares por un contrato
de servicios inexistente suscrito con la sociedad de las Islas Vírgenes
Eduholding Corp. Una práctica, añade el magistrado, que llevaron a cabo en
otros contratos en el país centroamericano.
En República
Dominicana, la sociedad AAA Dominicana, participada mayoritariamente por
Inassa, “habría estado pagando periódicamente comisiones ilegales, por valor,
por ejemplo, de 440.000 o 393.500 dólares, relacionadas directamente con
contratos públicos adjudicados y ejecutados” por la citada empresa.
Según el
magistrado, los fondos obtenidos por los contratos en los mencionados países
habrían multiplicado el patrimonio oculto que se le ha descubierto a Rodríguez
Sobrino y el cual habría mantenido “oculto y desvinculado de su presunto origen
ilícito” tanto en Inglaterra como en Colombia y República Dominicana, poniendo
parte del mismo a nombre de su hija.
República Dominicana y la Odebrecht.- República Dominicana se había convertido en un pieza
clave para la constructora brasileña desde que Marcelo Odebrecht decidió, en el
segundo semestre de 2014, trasladar a Santo Domingo la oficina desde donde se
coordinaban los sobornos para las obras en América Latina, por considerar que
el país le ofrecía más seguridad.
Odebrecht deberá pagar
en República Dominicana una multa de USD 184 millones y revelar en 30 días
los nombres de las personas y sociedades que recibieron sobornos por la
contratación de obra pública entre 2001 y 2014.
Uno de los peces
gordos en caer fue el empresario dominicano Ángel Rondón, quién según la
brasileña recibió USD 92 millones para ser usados en sobornos y 6,5
millones de euros por la intermediación con la filial española Canal de Isabel
II, la Triple A Dominicana.
Rondón compartía
la presidencia de la empresa de aguas con Diego García Arias, quien representa
a Inassa, la compañía colombiana que gestiona la mayoría de las filiales del
Canal en Latinoamérica.
Diego García
Arias, quién reside en Barranquilla, fue detenido y está solicitado en
extradición por la Audiencia Nacional de España, pues formaba parte de la junta
Directiva de la Triple A junto con el ya capturado Edmundo Rodríguez Sobrino.
El otro ya
capturado es Ignacio González de quién se indica en la investigación que
cobraba una comisión de un millón de dólares por obra, a través de dos empresas
radicadas en Colombia y Santo Domingo.
AAA y la CAASD.- La
Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD) mantiene
desde 2000 su cartera de cobro a cargo de AAA Dominicana, una empresa
que fundó el actual director de la dependencia estatal, arquitecto Alejandro
Montás Rondón, junto al español residente en Colombia Francisco
Javier Vilaplana y al dominicano Ángel Rondón Rijo,
reconocido lobista cuyo nombre sale a relucir en fraudes como los del Plan
Renove y el Baninter, en los que se le atribuye
encarnar alrededor de los congresistas la nefasta figura de “el hombre del
maletín”.
Desde 2002 hasta
abril de este año la empresa recaudadora se benefició con más de
2,549.8 millones de pesos en su relación comercial con la CAASD. En
2013, la compañía tenía 300 empleados, según un informe de Canal
Isabela II de Gestión, una firma española con la que tiene vínculos, a
través de Inassa (Sociedad Interamericana de Agua y Servicios)
que aparece como accionista de AAA Dominicana bajo la representación de Edmundo
Rodríguez Sobrino.
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