Escrito por
La Redacción.
diciembre 19, 2016
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Santo
Domingo.- República
Dominicana ha sido el único país latinoamericano en realizar un Plan Nacional
de Regularización a Extranjeros (PNRE).
Sin embargo, eso no ha evitado que gobiernos de la
región, organismos internacionales y ONG critiquen el proceso y señalen a la nación
como culpable de promover y provocar la “apatridia”.
A pesar de esas calumnias nacionales e
internacionales, más de 200,000 extranjeros se acogieron al plan de
regularización migratorio y alrededor de 2,000 millones de pesos fue el monto
invertido por el Gobierno dominicano durante toda la jornada de naturalización.
Además, en contraste con los requerimientos gratuitos
del Estado dominicano para que los extranjeros sean regularizados; las
autoridades haitianas habían convertido en un negocio ese proceso debido al
cobro que les hacía a sus propios indocumentados que residían en el país.
Todo empezó con la sentencia 168-13, dictada el 23 de
septiembre de 2013 por el Tribunal Constitucional (TC).
Tribunal Constitucional.- La sentencia ratificó que a los
hijos de extranjeros ilegales o en tránsito, nacidos en territorio de la
República Dominicana, no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Los regularizados.- Ciudadanos de Haití, Alemania, Portugal, Cuba, Perú,
Ecuador e Italia recibieron los documentos para su regularización migratoria en
República Dominicana. El Gobierno defendió ese proceso, criticado por otros
países y organizaciones.
No retiraron el documento.- A principios de este año, 52,665
personas aún no habían retirado el documento.
Las autoridades dominicanas afirmaron que tal vez se
fueron del país y ya no les interesa tener su estatus migratorio regular en
República Dominicana.
RD solo cumple con la Constitución.- La República Dominicana está abierta
a que cualquier organismo nacional o internacional venga al país a observar lo
que está ocurriendo con la regularización de extranjeros, porque “aquí nunca ha
habido nada oculto”.
Así lo expresaba el ministro de Interior y Policía,
José Ramón Fadul, en respuesta a los medios de comunicación.
El engaño.- Juliana Deguis Pierre, quien se había convertido en un
símbolo de crítica a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional (TC),
arremetió contra aquellos que la apoyaron en principio durante su lucha,
acusándolos después de hacerse de dinero a costa de su situación.
“Esos movimientos que me apoyaban antes, simplemente no
vienen a mi casa, no me apoyan en nada... en nada me apoyan”.
No aveptó ayuda.- Deguis Pierre también habría rechazado la asistencia
de la Junta Central Electoral para declarar de forma tardía a sus cuatro hijos,
según constató en un informe de la Dirección de Inspectoría de la JCE, que
acudió a su residencia para conocer y ayudarle en los procesos de
declaraciones.
“Nos informó que se había comunicado con su abogado y
que éste le había recomendado no hablar con nadie sin su presencia, que no nos
acompañara a ningún lado, porque él tenía que estar presente”, dijo el
inspector en su informe.
Presidente Medina promulga decreto.- El presidente Danilo Medina firmó en
julio de 2014 el decreto 250- 14 que oficializaba el Reglamento para la
aplicación de la Ley No.169- 14, la cual establece un régimen especial para las
personas nacidas en el territorio nacional inscritas irregularmente en el
Registro Civil Dominicano y sobre naturalización.
Medina siempre ha afirmado que el espíritu que ha
animado en todo momento la redacción del decreto ha sido la implementación de
las soluciones que se obtuvieron como fruto del consenso social dominicano y
que se plasmó en la Ley 169-14.
Lener Renault.- El excanciller haitiano, Lener Renault, había pedido a
la comunidad internacional que intervenga en esta crisis para evitar una
“catástrofe humanitaria”.
“Solicitamos la intervención solidaria de todos los
amigos de la comunidad internacional, el Caricom (la Comunidad del Caribe, a la
que pertenece Haití pero no su vecino), la ONU y la OEA para hacer que la
República Dominicana entre en razón y dé un trato más humano a los inmigrantes
haitianos”.
Posición de la Junta Central Electiral.- El presidente de la Junta Central
Electoral (JCE), Roberto Rosario, siempre denunció que las autoridades
haitianas hicieron un negocio con el proceso de regularización, a pesar de que
debieron ser ellos los más interesados en que sus ciudadanos residentes en el
país arreglaran su situación.
“Cuando van a las oficinas consulares de su país les
cobran exorbitantes sumas de dinero para obtener los documentos necesarios para
registrarse en República Dominicana”, expresó Rosario.
Monchy Fadul.- Fadul explicó que lo que hizo la República Dominicana
fue realizar un Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, que se aplicó
durante 18 meses, de manera gratuita, lo que dijo no ha hecho ningún otro país
del mundo, respetando todas las reglas de convivencia interracial.
Además, el exministro de Interior y Policía consideró
que muchos de los organismos, nacionales e internacionales que acompañaron al
Gobierno en el proceso, conocen la forma en que se manejó todo lo concerniente
a la regularización de los extranjeros en condiciones ilegales en el
país.
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