Escrito por
La Redacción.
septiembre 04, 2016
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| Dilma Rousseff |
Muchos de los legisladores que votaron a favor de destituir a Rousseff
están investigados en este escándalo. Se recuerda que Dilma Rousseff afirmó que
políticos corruptos querían quitarla de la presidencia de Brasil para frenar la
pesquisa a Petrobras.
RIO DE JANEIRO.- Con su destitución como presidenta
de Brasil, Dilma Rousseff, se convirtió en la baja más destacada de la pesquisa
sobre un gigantesco caso de corrupción en el mayor país de Latinoamérica,
aunque nunca estuvo implicada personalmente en las irregularidades.
Tras la destitución definitiva de Rousseff el
miércoles, la gran pregunta es: ¿qué sucederá ahora con la investigación a la
compañía petrolera estatal Petrobras?
Muchos de los legisladores que votaron a favor de
destituir a Rousseff están investigados en el escándalo sobre miles de millones
de dólares en sobornos. Rousseff afirmó que políticos corruptos querían
quitarla de la presidencia para frenar la pesquisa a Petrobras.
Sin embargo, si la intención era esconder la basura
bajo la alfombra, es demasiado tarde, según profesores de derecho, expertos en
corrupción y analistas políticos.
“Los políticos han perdido el control de esa
investigación”, declaró Carlos Pereira, profesor de Administración Pública en
la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad en Río de
Janeiro. “(Los legisladores) saben que no pueden interferir”.
De hecho, entre la suspensión temporal de Rousseff en
mayo por infringir leyes fiscales en la gestión del presupuesto y su
destitución definitiva, los fiscales duplicaron el número de políticos y
personas bajo investigación, según las cifras más recientes de la fiscalía.
Un mes después de que Rousseff fuera suspendida en
mayo y su vicepresidente Michel Temer asumiera la presidencia de manera
interina, tres miembros del nuevo gabinete tuvieron que renunciar por
acusaciones de corrupción. Con Rousseff definitivamente fuera del poder, Temer
asumió la presidencia el miércoles.
El caso de corrupción, conocido como “Lavado de
Autos”, salió a la luz después de que las autoridades descubrieran una red de
lavado de dinero en gasolineras y servicios de lavado de autos. Las pesquisas
condujeron hacia una red más amplia: compañías constructoras que pagaron
sobornos a políticos de alto nivel a cambio de que Petrobras les otorgara
contratos inflados.
El operación era tan grande — con unos 2.000 millones
de dólares en sobornos en poco más de una década — que Petrobras incluso tenía
un departamento para distribuir los pagos ilícitos, según la fiscalía.
Aunque Rousseff nunca estuvo implicada, muchos la
acusan de intentar proteger a su mentor y predecesor, el ex presidente Luis Inácio
Lula da Silva, que en julio fue acusado de obstrucción de la justicia en la
investigación. Muchos brasileños también la responsabilizan de no hacer más, ya
que el grueso de la corrupción sucedió durante los 13 años que su Partido de
los Trabajadores estuvo en el poder.
En los últimos dos años, decenas de empresarios y
políticos de todo el espectro fueron encarcelados. Quince de 81 senadores que
participaron en la votación para destituir a Rousseff están siendo investigados
en la trama de Petrobras, entre ellos el presidente del Senado, Renan
Calheiros, acusado de recibir sobornos.
“’Lavado de Autos’ muestra que nuestro sistema
judicial ha alcanzado independencia y autonomía, y nadie debe meterse con él”,
dijo Luiz Jorge Werneck Vianna, profesor y experto judicial de la Pontificia
Universidad Católica de Río de Janeiro. “La gente no lo aceptará”.
La lucha contra la impunidad es uno de los pocos
puntos positivos en una nación inmersa en la recesión y en una intensa crisis
política.
Casi un tercio de los brasileños consideran la
corrupción como el mayor problema del país, con un porcentaje más alto que
cualquier otro aspecto, según una encuesta de Datafolha en julio. Desde
principios de 2015, más de dos millones de personas firmaron una solicitud de
la fiscalía general para impulsar nuevas leyes e imponer sentencias más severas
a funcionarios corruptos.
El juez que lleva el caso “Lavado de Autos”, Sergio
Moro, se ha convertido en un héroe para muchos brasileños. En declaraciones
recientes, durante una reunión en Washington, Moro dijo que la policía,
fiscales y jueces encuentran gran apoyo entre los ciudadanos de la calle, pero
una fuerte oposición entre los legisladores.
Deltan Dallagnol, un destacado fiscal de la
investigación, ha advertido con frecuencia contra cualquier intento del
Congreso para obstruir las investigaciones, lo que mantiene caso de actualidad.
“Con o sin Dilma, para nosotros no hay diferencia”,
afirmó durante un acto en la ciudad de Recife, en el noreste del país.
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