Escrito por
La Redacción.
septiembre 06, 2016
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Dilma Rousseff
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Dilma Rousseff anuncia presentación de nuevos
recursos contra su destitución esta semana.
SAO PAULO,
BRASIL.- Miles de
brasileños volvieron a concentrarse este en el centro de Sao Paulo para mostrar
su descontento con el Gobierno del presidente Michel Temer, quien juró el cargo
el pasado miércoles tras la destitución de Dilma Rousseff por parte del Senado.
Mientras, la expresidenta brasileña Dilma Rousseff,
destituida en un juicio político que concluyó el pasado miércoles, anunció este
lunes que prepara dos nuevos recursos contra ese proceso, que serán presentados
ante el Tribunal Supremo.
“Lo que caracteriza a todo este proceso es su inmensa
fragilidad jurídica y su impacto político”, dijo Rousseff junto a su abogado,
José Eduardo Cardozo, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros.
Cardozo precisó que los dos nuevos recursos
estarán centrados en que, según su opinión, “no se respetó el derecho al debido
proceso” en el Senado, que actuó como tribunal, y en lo que calificó de
“ausencia de justa causa”.
En el primer caso, citó como ejemplo de violaciones al
derecho del debido proceso el hecho de que “varios senadores declararon su
intención de condenar incluso antes de la fase de producción de pruebas”, lo
cual “viola todas las normas jurídicas”.
Sobre las supuestas irregularidades fiscales que
justificaron la acusación y la posterior condena, Cardozo insistió en que “son
sólo un pretexto” y no constituyen los “presupuestos jurídicos” que la
Constitución y las leyes contemplan para destituir a un mandatario.
Los recursos que presentará la defensa de Rousseff se
sumarán a una apelación entregada la víspera al Tribunal Supremo.
Esa apelación exige la anulación de la votación que
condenó a Rousseff, al menos hasta que la propia Corte Suprema se pronuncie
sobre los principios legales en que se apoyó la condena.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que
alteraron los presupuestos sin autorización del Congreso y atrasos en depósitos
que el Estado deberían hacer en la banca pública para costear diversos planes
del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron por convertirse en
créditos y generaron costosos intereses.
El primero de los artículos en que se apoyó la
acusación castiga toda violación “de la ley de presupuesto” y el segundo la
obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas,
que están bajo su propio control.
No obstante, la defensa sostiene que esos
artículos “no son compatibles” con la Constitución de 1988, que, desde su punto
de vista, “no incorporó” plenamente el texto legal que los contiene, conocido
como “Ley de Impeachment”.
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre
la supuesta “incompetencia” e “ilegalidad” de los artículos de la ley de 1950
en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto,
declararon culpable a la expresidenta.
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