Escrito por
La Redacción.
septiembre 01, 2016
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Dilma
Rousseff fue destituida este miércoles
como presidenta constitucional de Brasil.
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Según la defensa, los cargos formulados contra Rousseff estaban basados en
dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la que se definen los
"delitos de responsabilidad" que pueden llevar a la destitución de un
mandatario.
Brasilia.- La defensa de la ahora expresidenta
de Brasil Dilma Rousseff presentó este jueves una apelación ante el Tribunal
Supremo en la que demanda la anulación de la votación del Senado que la despojó
de su mandato, informaron fuentes judiciales.
Rousseff fue condenada con la destitución este
miércoles, tras una votación en la que 61 senadores la hallaron culpable de
diversas irregularidades fiscales, frente a 20 que la consideraron inocente.
La apelación presentada este jueves por la defensa,
que ha anunciado su intención de formular diversos recursos contra el proceso,
exige de momento la anulación de esa votación, al menos hasta que la propia
Corte Suprema se pronuncie sobre los principios legales en que se apoyó la
condena.
Según la defensa, los cargos formulados contra
Rousseff estaban basados en dos artículos de una ley en vigor desde 1950 en la
que se definen los “delitos de responsabilidad” que pueden llevar a la
destitución de un mandatario.
Rousseff fue condenada por dictar tres decretos que
alteraron los presupuestos sin una previa autorización del Congreso y por
atrasos en depósitos que el Estado deberían hacer en la banca pública para
costear diversos planes del Gobierno, que, según sostuvo la acusación, acabaron
por convertirse en créditos y generaron costosos intereses.
El primero de los artículos en que se apoyó la
acusación castiga toda violación “de la ley de presupuesto” y el segundo la
obtención de créditos por parte del Estado con entidades financieras públicas,
que están bajo su propio control.
No obstante, en la apelación presentada este jueves,
la defensa sostiene que esos artículos “no son compatibles” con la Constitución
de 1988, que, desde su punto de vista, “no incorporó” plenamente el texto legal
que los contiene, conocido como “Ley de Impeachment”.
De esa manera, pide que el Supremo se pronuncie sobre
la supuesta “incompetencia” e “ilegalidad” de los artículos de la ley de 1950
en que fundamentaron tanto la acusación como los 61 senadores que, con su voto,
declararon culpable a la expresidenta.
La demanda ha caído en manos del magistrado Teori
Zavascki, quien no tiene un plazo legal para pronunciarse y deberá decidir si
esa acción puede ser admitida y llevada al pleno de la Corte Suprema, cuyo
presidente, Ricardo Lewandowski, dirigió la etapa final del juicio contra
Rousseff, como garante constitucional del proceso.
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