Escrito por
La Redacción.
agosto 11, 2016
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La decisión del PT fue anunciada horas después de que el pleno del Senado,
en una sesión dirigida por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo
Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un informe que
recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución, que será
realizada a fines de este mes
Brasilia, Brasil.- El Partido de los Trabajadores (PT)
anunció este miércoles, tras la aprobación del informe que lleva a un juicio
final a la presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff, que ha
denunciado esa decisión ante la OEA como un “golpe de Estado”.
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La
presidenta suspendida de Brasil, Dilma Rousseff,
ha
sido acusada de irregularidades presupuestarias
y
otras supuestas violaciones.
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La demanda fue presentada a la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), que ya ha criticado la forma en que se ha
desarrollado el proceso de destitución que enfrenta Rousseff, suspendida desde
el pasado 12 de mayo y sustituida desde esa fecha por Michel Temer, quien hasta
entonces ocupaba la Vicepresidencia.
La decisión del PT fue anunciada horas después de que
el pleno del Senado, en una sesión dirigida por el presidente de la Corte
Suprema, Ricardo Lewandowski, aprobó por 59 votos a favor y 21 en contra un
informe que recomienda avanzar hacia la fase final del proceso de destitución,
que será realizada a fines de este mes.
Los diputados Paulo Pimenta y Paulo Teixeira, ambos
del PT, explicaron que la demanda ha sido preparada por juristas brasileños y
argentinos y exige una medida cautelar que “suspenda” el juicio político contra
Rousseff, que califican de “ilegal”.
En esa denuncia, dijo Pimenta, se presenta “un
conjunto de cuestiones que han sido identificadas en el trámite del proceso
tanto en la Cámara de Diputados, como en el Senado y hasta la Corte Suprema,
que están en desacuerdo con tratados internacionales firmados por Brasil”.
“Vamos a pelear en todas las esferas, sean
parlamentarias, judiciales, en la calle o en el exterior, para denunciar este
golpe y para se restablezca en el país la normalidad democrática”, apuntó.
El diputado insistió en que Rousseff “no cometió
ningún tipo de crimen y no responde a ningún proceso penal”, por lo que el
juicio en su contra tiene un carácter “exclusivamente político” que va en
contra de lo establecido en la Constitución brasileña.
Rousseff ha sido acusada de irregularidades
presupuestarias, contratar créditos para el Gobierno con la banca publica y
emitir decretos que alteraban los gastos sin la debida venia del Congreso, todo
lo cual está vetado por las leyes brasileñas.
Aunque el informe aprobado por el Senado admite que
ninguno de esos cargos tipifican un delito penal, sostiene que sí configuran
faltas administrativas graves, que según las leyes que controlan el gasto
público y los presupuestos pueden llevar a la destitución de un mandatario.
Según ese documento, esas maniobras provocaron un
“descontrol fiscal” que impactó directamente en la severa crisis que sufre la
economía de Brasil, que en 2015 se encogió un 3,8 % y que, según todas las
previsiones, caerá otro 3 % este año.
El informe añade que el desequilibrio causado por el
irregular manejo de los presupuestos “amplió el endeudamiento público, impactó
en indicadores económicos como la inflación y el Producto Interno Bruto (PIB)”
y “perjudicó” la calidad de vida de los brasileños.
Asimismo, dice que la emisión de decretos que
alteraron el gasto público sin la debida autorización parlamentaria constituyó
una “usurpación” de las funciones del Congreso y “violó” los “mecanismos de
control” mediante los cuales la sociedad vigila “la gestión del dinero
público”, que son “condición en una democracia plena”
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