Titulares

lunes, 15 de agosto de 2016

Mayor general Peña Antonio, involucrado en el “Caso Embraer-Tucano”, cuenta con varias propiedades bajo investigación de la Pepca




Mayor general Pedro Rafael Peña Antonio,
exsecretario Fuerzas Armadas.



El exsecretario de las Fuerzas Armadas posee terrenos en el sector Arpes I, Santo Domingo Este (dos distintas parcelas); dos en San Isidro, Santo Domingo Este; y otras dos en Prado Oriental, Santo Domingo Este. Este lunes la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional celebrará la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra cuatro acusados de soborno.Mientras, el senador Luis René Canaán Rojas sale al frente en caso Súper Tucano y niega acusaciones en su cointra.



SANTO DOMINGO.- De enriquecimiento ilícito y desmedido, es acusado el exsecretario de las Fuerzas Armadas e implicado en el soborno del contrato de compra de los Súper Tucano, mayor general Pedro Rafael Peña Antonio.


Pedro Rafael Peña Antonio, Secretario de Estado de las Fuerzas Armadas en los años 2008-2010, es señalado de adquirir por lo menos ocho inmuebles de valores millonarios en distintas partes del país entre ellas en la provincia de Samaná, Santo Domingo Este y el Distrito Nacional.

Según el expediente inicial presentado por la Procuraduría Especializada en Persecución contra la Corrupción Administrativa (PEPCA), Peña Antonio posee terrenos en el sector Arpes I, Santo Domingo Este (dos distintas parcelas); dos en San Isidro, Santo Domingo Este; y otras dos en Prado Oriental, Santo Domingo Este.

Asimismo, en el Distrito Nacional tiene terrenos en Villas Palmares, Bella Vista; y Naco. Además posee parcelas en Las Galeras y El Cabo de Samaná, en la provincia de Samaná.

Mientras que el exsecretario también reside en el sector Ensanche Naco del Distrito Nacional, en la Torre Arboleda I, en la calle Andrés Avelino García número 12.

Es sindicado por cometer actos de corrupción tipificados además en el artículo seis de la Convención Interamericana contra la corrupción (CICC), que señala “la realización por parte de un funcionario público o una persona que ejerza funciones públicas de cualquier acto u omisión en el ejercicio de sus funciones, con el fin de obtener ilícitamente beneficios para sí mismo o para un tercero; d. El aprovechamiento doloso u ocultación de bienes provenientes de cualesquiera de los actos a los que se refiere”.

Igualmente de la Ley No. 82-79 sobre Declaración Jurada de Patrimonio, los artículos 2 y 7, que prevén el Enriquecimiento Ilícito.

La Pepca indicó también que las acciones de los imputados Pedro Rafael Peña Antonio y de Carlos Ramón Piccini Núñez como coronel de la Fuerza Aérea Dominicana, se subsumen y adecuan típicamente al artículo 146 Constitución de la República Dominicana y a los artículos 166, 167, 175, 177, 178, 179, 265 y 266, del Código Penal dominicano artículos 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 Sobre Lavado de Activos Provenientes de Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves, artículo 2 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.

Estos describen la conducta típica delito de prevaricación, asuntos incompatibles con las funciones, soborno, asociación de malhechores, lavado de activos, soborno transnacional y enriquecimiento ilícito.

En tanto, las acciones de los imputados Daniel Aquino Méndez y Daniel Aquino Hernández, se subsumen y adecuan típicamente a los artículos 265, 266, del Código Penal dominicano artículos 3, 4 y 18 de la Ley No. 72-02 sobre Lavado de Activos y a las disposiciones expresadas en el artículo 2 de la Ley No. 448-06 sobre Soborno en el Comercio y la Inversión; que describen la conducta típica de la asociación de malhechores, soborno trasnacional y lavado de activos.

Prisión preventiva.- El pasado viernes 12 de agosto, la Pepca solicitó la medida de coerción contra los imputados mayor General Rafael Peña Antonio, el coronel de la Fuerza Aérea Carlos Piccini, y los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, por participar en el soborno para la obtención del contrato de compra de los aviones Súper Tucano y su sobrevaluación.

Pidió imponer a los encartados Pedro Rafael Peña Antonio, Carlos Ramón Piccini Núñez, Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez, la medida de coerción consistente en prisión preventiva, según está contenida en el artículo 226 numeral 7 del Código Procesal Penal Dominicano, dado que el Ministerio Público ha evaluado que es la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia de los mismos al proceso.

También solicitó autorizar, para la presente investigación, la aplicación de las normas especiales previstas en el título IV, artículo 369 y siguientes del Código Procesal Penal, relativos al procedimiento para Asuntos Complejos.

Este lunes 15 de agosto la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional celebrará la audiencia donde se conocerá la solicitud de medida de coerción contra estos cuatro acusados.

El senador Luis René Canaán es implicado, según
informes enviados desde Brasil, como el legislador
que supuestamente habría recibido dinero para
garantizar la aprobación del préstamo.

Senador niega acusaciones.- Mientras, el reelecto senador por la provincia Hermanas Mirabal, Luis René Canaán Rojas, se puso a disposición de la justicia para las investigaciones de la compra de ocho aviones Súper Tucano a una empresa brasileña y el supuesto soborno de 3 millones de dólares para lograr la aprobación del préstamo en el Congreso Nacional.

Canaán Rojas dice, en un comunicado, que es el más interesado en que se esclarezca todo el proceso de aprobación del préstamo por 93 millones de dólares que contrajo el Estado dominicano con un banco brasileño. 

A continuación el comunicado del senador.- “Al país, a mi partido, a mi familia y a los electores de la provincia Hermanas Mirabal, que de nuevo me premiaron con su elección como senador, con mayor porcentaje del alcanzado en las dos oportunidades anteriores en la que me han favorecido para esa representación, un histórico 66%, les aseguro que no he cometido ningún acto que defraude la confianza depositada en mí, ni mi honra.

“Que en los 14 años que llevo en el Congreso Nacional mi nombre no ha estado vinculado a escándalos ni condicionantes para promover o aprobar iniciativas de leyes o contrataciones que no sean las de colocar el interés del país y los requerimientos de la provincia que represento por encima de todo.

“Que la amplia exposición mediática de la que he sido objeto con el caso de la adquisición de los aviones Súper Tucano por parte del Estado, me convierten en la persona más interesada en que se esclarezca todo el proceso de su aprobación, y que estoy a disposición de cualquier instancia de la justicia o de la sociedad en la que se requieran explicaciones de mi actuación.

“No deseo a nadie los angustiosos momentos que he vivido junto a mi familia por las imputaciones que se han estado reproduciendo en los medios de comunicación, pero mi conciencia está tranquila y confío en que con la ayuda de Dios y de todas las personas que nos han reafirmado su confianza y solidaridad, la verdad resplandecerá”.

Las investigaciones.- Por el caso del supuesto soborno para la adquisición de las aeronaves el Ministerio Público investiga al exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Picini y a los empresarios Daniel Aquino Hernández y su hijo Daniel Aquino Méndez. 

Este grupo está preso y este lunes se le conocerá medida de coerción. A final de la semana pasada el senador del Distrito Nacional, Reinaldo Pared Pérez, pidió a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) que investigara a los 32 senadores del período legislativo 2006-2010, cuando se aprobó el préstamo.

La medida de coerción contra el grupo fue suspendida el pasado viernes para que los abogados de los acusados pudieran conocer la acusación del PEPCA. Mientras tanto guardan prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

En el caso de los legisladores su inmunidad parlamentaria les protege de ir a prisión, pero esa salvaguarda solo estará disponible a partir de mañana, cuando se instale el nuevo Congreso y comience la nueva legislatura.  El artículo 86 de la Constitución establece que ningún senador o diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.

PRM pide profundizar indagatorias.- El presidente en funciones del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Orlando Jorge Mera, reclamó profundizar las investigaciones del caso Súper Tucano y que la justicia sancione a todos los involucrados, “caiga quien caiga”.

“En ese expediente, motorizado por la denuncia del Departamento de Estado de Estados Unidos, y luego de abrirse una investigación criminal en Brasil, están involucrados políticos, militares activos que ocuparon posiciones claves en el gobierno del PLD, senadores de la República, empresarios y consultores. El país reclama saber la verdad, en un hecho vergonzoso”, dijo.
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