Escrito por
La Redacción.
agosto 10, 2016
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“El éxito político que ha obtenido la maquinaria política gobernante,
concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva las reformas necesarias
para restablecer el equilibrio democrático”.
SANTO DOMINGO.- El movimiento cívico no partidista,
Participación Ciudadana, consideró que se hace necesario iniciar un proceso de
renovación y reactivación de la sociedad civil ante una maquinaria gobernante
que concentra todos los poderes del Estado.
En su informe final de la observación electoral 2016,
indicó que en la recién pasadas elecciones presidenciales, congresuales y
municipales, considera impostergable una serie de reformas políticas y
electorales para evitar, de una vez por todas, las violaciones a la
Constitución y las leyes.
Asimismo, señaló que las mismas son necesarias para
evitar las inequidades en el financiamiento público, en el uso de los medios de
comunicación, las parcialidades de la Junta Central Electoral y el Tribunal
Superior Electoral, el uso de los recursos del Estado y las opacidades que
deslegitimaron el pasado proceso electoral en el que resultaron reelectos el
Presidente y la Vicepresidenta de la República.
Estimó que ese proceso debe iniciarse rescatando o
creando mecanismos de consulta y articulación de los espacios existentes,
identificando y estableciendo estrategias comunes de presión que permitan
retomar valores y principios democráticos.
“El éxito político que ha obtenido la maquinaria
política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no incentiva
las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático”, agregó.
Consideró que la reelección presidencial arrasó con la
institucionalidad democrática, involucrando a gran parte de la estructura del
Estado, generando inequidad entre los competidores y restando legitimidad a sus
resultados.
“La reelección no fue sólo del primer mandatario, sino
también de más del 90 por ciento de los senadores, tres cuartas partes de los
diputados y más de la mitad de los alcaldes y regidores. 29 de los 32 senadores
repiten en el cargo, habiéndose beneficiado, al igual que los diputados, no
sólo del financiamiento ilegítimo para planes sociales de “asistencia social”,
sino también de innumerables ventajas del poder local”, apuntó.
Entre las violaciones a la institucionalidad
democrática, Participación Ciudadana señaló los acuerdos políticos que
garantizaron la repostulación total de los legisladores a cambio de su apoyo
para modificar la Constitución de la República; las denuncias de que el
Congreso fue convertido en un mercado de compra de votos y un pacto de
impunidad mediante el cual el Procurador General de la República renunció a
recurrir ante la Suprema Corte de Justicia la sentencia de no ha lugar sobre un
expediente de corrupción contra el senador Félix Bautista que involucraba
irregularidades en el manejo de más de 26 mil millones de pesos.
En dicho informe, también deploró la parcialidad de
una Junta Central Electoral conformada con una mayoría de integrantes
provenientes del partido gobernante y sus aliados, la elección de candidatos
realizada de espaldas a los principios de la democracia; y la desigual
distribución del financiamiento estatal.
“Los partidos de la Liberación Dominicana (PLD),
Reformista Social Cristiano (PRSC) y Revolucionario Dominicano (PRD),
recibieron el 80 por ciento del financiamiento público; es decir, RD$1,288
millones de pesos, mientras que el Revolucionario Moderno, principal opositor,
sólo RD$12 millones”, añadió.
Otra violación a la institucionalidad, según detalló
este informe, fue el incremento del déficit fiscal del gobierno, tanto en el
gasto de capital como en el corriente.
El gasto en remuneraciones se elevó en el primer
trimestre de 2016, en relación al 2015.
Dos terceras partes de los altos funcionarios del
gobierno dirigían la campaña electoral del PLD en todo el país, con el
presidente y la vicepresidenta de la nación, ambos en búsqueda de la
reelección, encabezando actos oficiales, inauguraciones y marchas caravanas con
cientos de vehículos.
La JCE declinó sus facultades y obvió las más graves
violaciones a los principios de libertad, equidad y transparencia, apenas
adoptó tres resoluciones cautelares en el último tramo de la campaña electoral,
como la prohibición del uso de los vehículos estatales en el proselitismo y que
los tres medios de comunicación del Estado garantizaran igualdad de acceso a
todos los candidatos presidenciales.
Violaciones a la ley electoral.- En cuando a la ley electoral,
Participación Ciudadana documentó violaciones a 24 de sus artículos y llegó a
la conclusión de que el fracaso de la implementación del sistema de
automatización del escrutinio electoral se debió a la falta de gerencia y de
tiempo.
La JCE firmó el contrato con la empresa española Indra
Sistemas, cinco meses antes de las elecciones. Los términos y condiciones se
desconocen debido a la falta de transparencia de la entidad electoral.
Dijo que la JCE no coloca en su página contratos como
ese ni como el suscrito con el Latinobarómetro de Las Américas para auditar el
padrón, o el firmado con PriceWaterHouse para la auditoría a los equipos y
programas para la automatización del conteo.
“Un dato que llama la atención en la adjudicación de
los equipos de impresoras de Indra Sistemas por US$31, 831,680 millones de
dólares es el bajo costo de los otros oferentes y las violaciones a la ley de
Compras y Contrataciones”, estableció.
A pesar de que Indra Sistemas se comprometió a
entregar el 15% de los equipos el 30 de septiembre de 2015 y el restante 85% el
15 de diciembre de 2015, la realidad es que la primera parte de los equipos
llegó seis semanas antes de las elecciones.
PC demandó que la JCE rinda cuentas al país sobre el
fracaso y enorme costo de la inversión realizada en el montaje de las
elecciones. Reclama que se establezcan las responsabilidades que sean
pertinentes a la empresa Indra Sistemas y que el ministerio público y la Cámara
de Cuentas inicien investigaciones que puedan determinar las negligencias en
este proceso.
A propósito de las opacidades de la JCE, Participación
Ciudadana evidencia la falta de información en la página web de esa
institución.
Rosario de errores.- Participación Ciudadana declaró una
serie de violaciones a la ley,-que suman veinte- arbitrariedades, opacidades,
descalificaciones, confusiones, divisiones internas en esa institución,
improvisaciones, que un presidente de una JCE nunca debería cometer.
Los principales crímenes y delitos electorales
identificados se resumen en compras de cédulas, votos, miembros de colegios y
delegados políticos; acoso al ciudadano; la conversión de las elecciones en un
libre mercado; campaña electoral en plena jornada de votación; venta de bebidas
alcohólicas; y delitos en el conteo de los votos.
En el documento final sobre las elecciones dominicanas
de 2016, Participación Ciudadana apuntó que el costo humano del pasado proceso
electoral culminó con la muerte de ocho personas y, por lo menos, 39 heridos de
balas y machetazos. En el proceso se contaron 22 tiroteos.
El voto de RD, uno de los más costosos.- A partir de los pocos datos
cuantificables y confiables que han sido divulgados por la JCE, Participación
Ciudadana calculó cuánto costó aproximadamente cada voto en República
Dominicana.
El resultado fue que el voto dominicano costó 28.77
dólares, lo cual lo sitúa como el más elevado de la región. “Por ejemplo, en
Argentina el voto emitido tiene un costo de 41 centavos de dólar; en Brasil, 29
centavos de dólar y en México, 17.24 dólares. Para más información sobre este
cálculo lea el informe completo”.
Las irregularidades en los resultados electorales
campearon ya que casi todas las denuncias se refirieron a la elección de los
niveles congresuales y municipales y en una apreciable cantidad también al
conteo de los votos preferenciales por diputados, con indicios de tramperías
aún a lo interno de los mismos partidos.
La Junta Electoral el DN anuló la votación en 153
colegios electorales. La Junta Electoral de Santo Domingo Oeste anuló el 25 de
mayo la votación en 147 colegios electorales, básicamente en los niveles
congresual y municipal. En 69 de ellos no se había computado el voto
preferencial de los diputados. En el municipio de Santo Domingo Norte se
recibieron 157 actas de colegios sin completar el cómputo en su mayoría, de los
diputados.
En Santo Domingo Este cuatro candidatos a alcaldes de
la oposición y un quinto a diputado protagonizaron una huelga de hambre. Sus
denuncias incluían que los resultados de 200 colegios electorales se recibieron
en la junta municipal hasta al día subsiguiente de la votación, en muchos casos
con los sellos de seguridad de la valija desprendidos.
Las reformas imprescindibles.- Participación Ciudadana estimó
imperativo aprobar una Ley General del Régimen Electoral que reforme la ley
electoral 275-97 que defina claramente el alcance de las funciones de la Junta
Central Electoral, que responda a las necesidades sociales actuales,
garantizando un mínimo de igualdad en el ejercicio de la política.
También una ley de Partidos y agrupaciones políticas.
PC recuerda que el primer proyecto consensuado de Ley de Partidos salió de la
Comisión para la Reforma y Modernización del Estado en 1999. Para el 2001 ya el
entonces Consejo Nacional para Reforma del Estado reactualizó aquel proyecto.
Igualmente recordó que desde el 2011, y como fruto de
una consultoría con expertos de la OEA, la JCE ha sometido dos veces al
Congreso Nacional un proyecto de Ley General del Régimen Electoral y otro
proyecto de Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas el cual llegó incluso a
ser consensuado por una Comisión Bicameral nombrada al efecto, del cual se debe
partir procurando que contenga elementos que recuperen la confianza ciudadana
en los partidos políticos a la vez que los defina como instrumentos al servicio
del pueblo y la sociedad democrática, eliminando las prácticas clientelares;
estableciendo la transparencia, la rendición de cuentas y la supervisión y
control de los recursos en los partidos políticos.
Ese proyecto debe incluir democracia interna y equidad
de género; obligatoriedad de elecciones primarias a fin de garantizar que los
escogidos sean el resultado de la voluntad de las bases; prohibir el uso de los
recursos del Estado en las actividades partidarias; obligar a los partidos y
agrupaciones políticas a establecer un registro público de contribuyentes;
establecer la obligatoriedad de los debates de las propuestas de los candidatos
presidenciales; garantizar los derechos de las minorías; obligar a los partidos
a dedicar un porcentaje de sus ingresos a la educación de sus miembros y pueblo
en general, en derechos ciudadanos, entre otras iniciativas.
Renovación de la sociedad civil.- En el año 2000 durante la primera
jornada de observación electoral, PC pudo captar 6,000 voluntarios y 100
organizaciones de la sociedad civil que fueron articuladas a la red de
observación electoral.
Estas organizaciones no sólo realizaban su aporte en
voluntarios, en gestión de recursos, sino también como organismo de presión
para garantizar la realización y la transparencia en el proceso.
En la medida en que el financiamiento, tanto local
como internacional, fue escaseando disminuía la actuación de la sociedad civil
en los procesos democráticos fundamentales y organizaciones de la sociedad
civil que participaban en procesos fundamentales para la democracia y redujeron
su incidencia. Esta participación se fue reduciendo ya sea por omisión,
indiferencia o por intereses, entre otros, perdiéndose su aporte como organismos
de presión.
Esta escasez de recursos financieros internacionales
fue aprovechada por el Gobierno, que con aportes, principalmente económicos,
fue inmovilizando una parte de la sociedad civil a través de la cooptación de
dirigentes, técnicos y militantes.
Participación Ciudadana deploró la reducción de la
incidencia de las organizaciones sociales que impidió que la sociedad civil se
constituyera en una barrera de contención del desguañangue del sistema
partidista y electoral.
Ante la coyuntura actual se hace necesario a corto
plazo iniciar un proceso de renovación y reactivación de la sociedad civil.
Este proceso debe iniciarse rescatando o creando mecanismos de consulta y
articulación de los espacios existentes, identificando y estableciendo estrategias
comunes de presión que permitan retomar valores y principios democráticos.
Concluyó con que el éxito político que ha obtenido la
maquinaria política gobernante, concentrando todos los poderes del Estado, no
incentiva las reformas necesarias para restablecer el equilibrio democrático.
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