Escrito por
La Redacción.
agosto 19, 2016
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El
secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry,
se reinió
en Palacio Nacional con el presidente
Danilo Medina el 15 junio del 2016.
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Fueron las autoridades norteamericanos las que, en
coordinación con sus homólogos de Brasil, tuvieron a su cargo las
investigaciones iniciales y posteriores, a la empresa Embraer, por soborno y
otros presuntos delidos, malos manejos e indelicadezas. Ya antes, habían
manifestado preocupación por acciones y designación de algunos militares. Ahora también indagan sobreprecio Super Tucano
y montos seguros. La Procuraduría investiga, además, a varios legisladores que supuestamente
habrían recibido dinero.
SANTO DOMINGO.- El proceso judicial en el país
contra dos militares y dos empresarios por el supuesto cobro de soborno para la
compra de los aviones Super Tucano en el 2008, es resultado del interés de
Estados Unidos en ese caso.
Fueron las autoridades estadounidenses las que
iniciaron las investigaciones junto a Brasil por la supuesta corrupción en la
operación entre el Gobierno Dominicano y la empresa brasilera Embraer.
Un artículo que al respecto publicó el periódico
estadounidense de Wall Street Journal, el 1ro de noviembre del 2013, hace
referencia al interés de Estados Unidos por el caso, debido a que Embraer
cotizaba en la bolsa de valores de Nueva York, pero además, porque algunos de
los pagos del supuesto soborno habrían pasado por esa nación.
La investigación, a cargo del Departamento de Justicia
de Estados Unidos se inició por presunta violación a la Ley de Prácticas
Corruptas Extranjeras.
Dicha publicación (a cuyo contenido en inglés se puede
acceder en planteaba que los Estado Unidos se acercó primero a Brasil para
advertirle del caso, justo durante una conferencia anticorrupción celebrada en
París en 2012.
Embraer se consideraba desde entonces la tercera
compañía fabricante de aviones en el mundo, siendo los Super Tucano su modelo
de mayor venta. Sus negocios abarcan al propio Estados Unidos, (con el que
competía) Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, entre otros. En
algunos de esos países también hubo cuestionamiento.
Medios de prensa de Argentina reseñaron en 2011 las
investigaciones del Departamento de Justicia de Estado Unidos por la venta de
20 aeronaves que la Embraer hizo a ese país por un monto de US$700 millones en
2009, en cuyas negociaciones también habría mediado el soborno.
De la intención de Estados Unidos para que se
investigara el caso en el país no se tiene registros oficiales públicos, sin
embargo, algunos hechos tienen una marcada coincidencia, respecto a las
investigaciones que lleva a cabo la Procuraduría Especializada de Persecución
de la Corrupción Administrativa (PEPCA).
Para recordar.- En julio del 2011, medios locales reprodujeron uno de
los cables de Wikileaks, como se le llamó al destape que hizo Julián Assange
sobre el manejo de la diplomacia estadounidense.
Dicha publicación mostraba el
contenido de conversaciones de los embajadores de esa nación con el presidente
Leonel Fernández, en las que le manifestaban su preocupación por las acciones y
los cargos de algunos militares, uno de ellos, Pedro Peña Antonio, exministro
de Defensa, a quien un juez le dictó en la madrugada de este jueves medida de
coerción, consistente en presentación periódica e impedimento de salida, por su
presunta vinculación con el soborno estimado en unos US$3.4 millones.
Están
acusados, además, el coronel de la Fuerza Aérea, Carlos Piccini Núñez, los
empresarios Daniel Aquino Méndez y su hijo Daniel Aquino Hernández, y se
vincula a algunos legisladores.
La lista de los militares que preocupaban a EE. UU. la
completaban Manuel de Jesús Florentino y Florentino, Héctor Medina Medina,
Rafael Bencosme Candelier y José Muñoz Monción, de quienes decía que “no los
querían en cargos importantes en las instituciones militares u otras áreas del
Estado dominicano”, según refiere la nota. El mismo cable de Wikileaks indica
que Fernández reconocía la corrupción en las Fuerzas Armadas, al admitir que
era sobreentendido que los militares de alto rango toman el 10% de los recursos
que manejan, pero que si los cancelaba pondría en peligro su propia posición.
Visitas al Presidente: 8 de Febrero
del 2016.- El
presidente Danilo Medina recibió en su despacho al secretario de la Armada de
Estados Unidos, Ray Mabus, quien le hizo una visita de cortesía junto al
embajador James Brewster y la subsecretaria de la Armada Meredith Berger.
22 de abril del 2016.- Medina recibió al subsecretario de
Estado Adjunto para el Hemisferio Occidental de los Estados Unidos, Juan González,
y al embajador Brewster.
15 junio del 2016.- El secretario de Estado de Estados
Unidos, John Kerry, se reúne en Palacio con el presidente Medina. Fue en
compañía de la Subdirectora de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental,
Mari Carmen Aponte y del embajador Brewster.
4 de noviembre del 2015.- El procurador Domínguez Brito recibe
la visita del embajador y conversaron sobre los avances en la lucha contra la
corrupción. Se habían reunido en enero y abril de ese mismo año.
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El
país cuenta con una flotilla de ocho aeronaves
compradas
a Brasil por el Gobierno en 2008.
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Más sobre el caso.- La investigación que realiza la Procuraduría
Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), en torno
al soborno de 3.5 millones de dólares por la compra de ocho Super Tucano,
implica las indagatorias sobre una sobrevaluación de las aeronaves, el pago de
seguros y los radares de control.
La Pepca profundiza en la dirección de esas pesquisas
para determinar si hubo otras anomalías en la compra de los aviones y algún
entramado de fraude.
En esa dirección, otras personas serán interrogadas
por las autoridades judiciales luego de que el caso fuera declarado complejo
por el juez de la Oficina de Instrucción Permanente del Distrito Nacional,
Alejandro Vargas.
Así lo indicó Laura Guerrero Pelletier, titular de la
Procuraduría, luego de que el magistrado impusiera impedimento de salida y
presentación periódica contra el exsecretario de las Fuerzas Armadas, Pedro
Rafael Peña Antonio; prisión de tres meses contra el coronel Carlos Piccini y
la colocación de brazaletes a los empresarios Daniel Aquino Méndez y Daniel
Aquino Hernández.
En torno a posibles investigaciones contra
legisladores que se habrían beneficiado con el soborno de la compra de los
aviones, Guerrero Pelletier aclaró que corresponderá a una jurisdicción
especial realizar ese trabajo.
Investigaciones.- En las investigaciones se ha
determinado que supuestamente el senador por la provincia Hermanas Mirabal,
Luis René Canaán Rojas, habría recibido los 3.5 millones de dólares del alegado
soborno por parte de la Empresa Brasileña Aeronáutica para que gestionara la
aprobación del préstamo de 94 millones de dólares para la compra de los ocho
Super Tucano.
También se dice que otros congresistas pudieran estar
implicados en el caso.
Interrogatorio.- La Pepca interrogó al sobrino del
senador Luis René Canaán, cuya empresa habría recibido más de 800 mil dólares
por la transacción que envuelve la compra de los aviones. Samuel Pereyra Rojas
es propietario de la empresa Saperofa, que supuestamente fue utilizada como un
puente para proporcionar el soborno entregado al legislador por Embraer.
La magistrada Guerrero Pelletier afirmó que los
implicados en el presunto soborno de los Super Tucano podrían enfrentar penas
de 3 a 10 años de prisión de ser hallados culpables de las imputaciones.
Los Super Tucano fueron comprado en el año 2008 por el
“bombardeo” de drogas del narcotráfico en las costas dominicanas.
Juez dicta coerción implicados en soborno.- El juez de la Oficina de Atención
Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, dictó medidas de
coerción a dos militares y dos empresarios, acusados de estar implicados en el
soborno por la compra de ocho aviones en Brasil.
También declaró complejo el caso.- El magistrado dictó al coronel
Carlos Piccini Núñez tres meses de prisión, para cumplir en Najayo. Mientras
que a los empresarios Daniel Aquino Hernández y Daniel Aquino Méndez ordenó
colocarles grilletes, impedimento de salida y presentación periódica.
El magistrado Vargas ordenó al Ministerio Público
seguir investigando, al acoger una petición de que el caso fuera declarado
complejo y así permitir indagar a otros posibles implicados.
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