Escrito por
La Redacción.
agosto 31, 2016
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El presidente
del CARD junto a demás
abogados,
al introducir sometimiento.
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“Tenemos pruebas contundentes que avalan nuestra acción legal sobre varios
casos en los que defensores públicos representan a personas adineradas afectando
el ejercicio privado de la abogacía y a las personas de escasos recursos que
necesitan el servicio", dijo Surún Hernández.
SANTO DOMINGO.- El Colegio de Abogados de la
República Dominicana (CARD) sometió a la justicia a la Oficina Nacional de la
Defensa Pública y su directora Laura Hernández, por supuestamente ofrecer
servicios a personas adineradas provocando competencia desleal en perjuicio del
ejercicio privado del Derecho.
Miguel Surun Hernández, presidente del gremio, depositó
un recurso de amparo ante el Tribunal Superior Administrativo en contra de
dicha entidad y su directora, para que cesen las prácticas calificadas como
ilegales.
Surun Hernández denunció que la Oficina Nacional de
Defensa Pública cometió graves irregularidades al incurrir en violaciones a la
Ley y la Constitución de la República.
Explicó que con estas acciones, dicha oficina violó el
artículo 43 la Ley 277-04 de Defensa Pública, el artículo 11 de la Ley 821 de
Organización Judicial y la Constitución de la República.
“Tenemos pruebas contundentes que avalan nuestra
acción legal sobre varios casos en los que defensores públicos representan a
personas adineradas afectando el ejercicio privado de la abogacía y a las
personas de escasos recursos que necesitan el servicio.
Tenemos informes de
defensores públicos que manejan hasta 700 casos en perjuicio de los usuarios y
uno de los acusados de los Super Tucano fue defendido por la defensa pública”,
expresó el gremialista.
Señaló que también han recibido denuncias de que
personas adineradas reciben mejor atención que los demás, así como de cobros y
sobornos por parte defensores públicos.
El presidente del CARD, informó que intensificará la
lucha en busca del cese inmediato de las medidas discriminatorias contra el
ejercicio de la abogacía privada, para que se garantice la igualdad de acceso,
de acuerdos, del trato de los abogados públicos y privados a los tribunales,
jueces, fiscales, cárceles, destacamentos y entes públicos.
Asimismo, dijo que velarán por el establecimiento del
sistema y registro de defensores adscritos en coordinación con el Colegio de
Abogados dedicado a asignar los casos de imputados solventes, donde ocurran
abandonos y renuncia de defensa, para que sean distribuidos entre abogados
privados en virtud del artículo 43 de la Ley 277-04 de Defensa Pública.
“Buscamos el establecimiento de un límite de 80 casos
por defensores públicos, para que los restantes sean distribuidos entre
defensores adscritos privados”, indicó.
Indicó, además que solicitaron el cese del uso de toga
especial con verde por parte de defensores públicos por ser violatoria al
artículo 11 de la Ley 821 de Organización Judicial.
“De forma tal que todos los abogados postulen en
estrados sin distinción alguna”.
Surun Hernández, explicó que igualmente procuran el establecimiento un sistema de puntaje especial para que en los concursos para posiciones de dirección y coordinación, sean preferidos los aspirantes que residan en la localidad, por encima de los foráneos.
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