Escrito por
La Redacción.
agosto 27, 2016
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Luiz
Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff
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José Eduardo Cardozo, que fue ministro de Justicia de Rousseff, manifestó
su extrañeza por el hecho de que los cargos contra el expresidente fueran
presentados precisamente un día después de que el oficialista Partido de los
Trabajadores (PT) anunciara que Lula acudirá el próximo lunes al Senado para
acompañar la defensa que su ahijada política y sucesora hará ante los senadores
que la juzgan.
Río de Janeiro.- La decisión de la Policía Federal de
presentar cargos por corrupción contra el expresidente Luiz Inácio Lula da
Silva en medio de la tormenta que vive Brasil en la última fase del proceso
destituyente contra Dilma Rousseff generó dudas sobre el impacto de esta
acusación en el juicio.
El abogado de Rousseff en el proceso destituyente
abierto en el Senado contra la presidenta suspendida, José Eduardo Cardozo,
inmediatamente resaltó la coincidencia del anuncio de la Policía Federal con el
proceso político, pero descartó que pueda influir negativamente en la defensa
de la mandataria.
Cardozo, que fue ministro de Justicia de Rousseff,
manifestó su extrañeza por el hecho de que los cargos contra el expresidente
fueran presentados precisamente un día después de que el oficialista Partido de
los Trabajadores (PT) anunciara que Lula acudirá el próximo lunes al Senado
para acompañar la defensa que su ahijada política y sucesora hará ante los
senadores que la juzgan.
“Fue
posible establecer que Lula y su esposa se beneficiaron de ventajas ilícitas
por parte de la OAS en valores que suman 2,4 millones de reales (unos 727.270
dólares) referentes a las obras de reforma en el apartamento y al costeo del
depósito de los bienes de la pareja”, alegó el comisario Mario Adriano Anselmo
en su informe
Para el abogado, acusado o no, la decisión del líder
más carismático de Brasil de dejar claro su apoyo a Rousseff la ayudará en su
intento de convencer a los senadores de que es inocente.
“La presencia de Lula en cualquier lugar ayuda a quien
él apoya”, afirmó Cardoso en declaraciones a periodistas.
El Senado inició el jueves la fase final del proceso
en el que acusa a Rousseff de irregularidades en la gestión de las cuentas
públicas, que puede concluir el próximo miércoles con la destitución definitiva
de la presidenta, separada de su cargo desde el 12 de mayo y sustituida por su
entonces vicepresidente, Michel Temer.
El exministro agregó que Lula no puede ser prejuzgado
debido a que la presentación de cargos no dice nada. “Se trata de una acusación
sin que él haya hecho su defensa. Creo que el expresidente probará su
inocencia”, afirmó.
También el senador Humberto Costa, jefe del grupo del
PT en la Cámara alta, apuntó que “el anuncio no tiene ninguna repercusión en el
juicio político. Era algo que esperábamos. El expresidente aún ni fue
denunciado penalmente”.
Según un documento publicado casi que simultáneamente
por varios medios locales, la Policía Federal presentó cargos contra Lula por
corrupción, falsificación y enriquecimiento ilícito por los supuestos
beneficios que recibió de la constructora OAS, una de las empresas condenadas
por su participación en la red que desvió millonarios recursos de la petrolera
estatal Petrobras.
Las acusaciones se extienden a la esposa del
exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva; al presidente del Instituto Lula, Paulo
Okamoto; al expresidente de la OAS, Leo Pinheiro, y al arquitecto Paulo
Gordilho, un alto cargo de la constructora.
De acuerdo con la Policía Federal, la OAS gastó 1,1
millones de reales (unos 333.000 dólares) para reformar y amueblar un lujoso
apartamento de tres pisos en el balneario de Guarujá cuya propiedad es
atribuida al exmandatario, además de haber pagado 1,3 millones de reales (unos
393.940 dólares) por el alquiler del depósito en el que Lula guardó entre 2011
y 2016 los regalos que recibió cuando era jefe de Estado.
Sus abogados alegan que Lula pagó la cuota inicial del
mencionado apartamento pero que desistió del negocio y pidió que le devolvieran
el dinero, por lo que no se le puede atribuir la propiedad de un inmueble en el
que nunca ha vivido.
“Fue posible establecer que Lula y su esposa se
beneficiaron de ventajas ilícitas por parte de la OAS en valores que suman 2,4
millones de reales (unos 727.270 dólares) referentes a las obras de reforma en
el apartamento y al costeo del depósito de los bienes de la pareja”, alegó el
comisario Mario Adriano Anselmo en su informe.
Las pruebas presentadas por la Policía Federal tendrán
que ser analizadas ahora por la Fiscalía, que tiene un plazo de 90 días para
decidir si pide a la Justicia que abra un proceso contra Lula y los otros
acusados.
Esta es la primera vez que Lula es acusado formalmente
en una de las tres causas en que es investigado por supuestos beneficios de
empresas que se favorecieron de la gigantesca red de corrupción enquistada en
Petrobras.
El exmandatario también es investigado por la supuesta
propiedad de una casa de campo en Atibaia cuyas reformas fueron costeadas por
las constructoras OAS y Odebrecht, y por las donaciones que el Instituto Lula
recibió de empresas asociadas al escándalo de Petrobras.
Lula también ya fue imputado en una causa por
obstrucción a la Justicia en un proceso independiente al de Petrobras.
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