Escrito por
La Redacción.
agosto 25, 2016
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Dilma Rousseff y Michel Temer
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Las sospechas de corrupción en
Petrobras forzaron la dimisión de tres ministros de Michel Temer el pasado mes
de mayo.
Río de
Janeiro.- El escándalo
en la estatal Petrobras fue uno de los detonantes de la crisis que condujo al
proceso de destitución de Dilma Rousseff, pero su sombra se extiende sobre
buena parte de la base política que apoya al presidente interino de Brasil,
Michel Temer.
Las sospechas de corrupción en Petrobras forzaron la
dimisión de tres ministros de Temer el pasado mayo durante las tres primeras
semanas en el poder del Gobierno interino, pero el propio jefe de Estado
interino y otros siete miembros de su gabinete han sido delatados por reos que
están colaborando con la Justicia.
Entre los ministros dimisionarios sobresale Romero
Jucá, que ocupaba la cartera de Planificación y es un influyente dirigente del
Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y un estrecho colaborador
de Temer.
Jucá tuvo que dejar su flamante cargo de ministro
cuando se divulgaron unas grabaciones realizadas el pasado marzo en las que él
sugería que si Temer asumía el poder en lugar de Rousseff se podría
"frenar" el caso Petrobras y "estancar la sangría" de
investigaciones a políticos corruptos.
La propia Rousseff ha afirmado que esas grabaciones
ponen de manifiesto que el auténtico motivo que se esconde detrás de su
destitución, un proceso que considera como "un golpe de Estado", es
enterrar las investigaciones.
En esos mismos audios un delator también citó a Temer
y lo acusó de haber pedido "dinero negro" a constructoras implicadas
en el caso Petrobras para financiar campañas electorales del PMDB, algo que el
mandatario ha negado de forma tajante.
Según la prensa brasileña, esas denuncias contra Temer
han sido reiteradas por otro condenado en el caso Petrobras, un presidente de
una importante constructora que también se ha acogido a un acuerdo de
colaboración con la Justicia.
Sin embargo, si se culmina la destitución de Rousseff,
Temer no podrá ser investigado por supuestos ilícitos que sean anteriores al ejercicio
de su mandato, prerrogativa que concede la Constitución brasileña a los jefes
de Estado.
El senador Lindbergh Farias, correligionario de
Rousseff en el Partido de los Trabajadores (PT), denunció este miércoles que,
por este motivo, el proceso de destitución contra Rousseff supone un intento de
"blindaje de Temer y del PMDB".
Aunque Temer se pueda librar de las investigaciones,
su entorno sí continúa en la mira de la Justicia y tiembla cada vez que se
filtra una declaración realizada por alguno de los 102 delatores que le están
permitiendo a la Policía deshacer la madeja de esta compleja y extensa red de
corrupción.
Tan sólo en el Tribunal Supremo, que concentra los
casos que afectan a los políticos aforados, se han abierto investigaciones
contra 364 personas y la Fiscalía ha presentado acusaciones formales contra 45
de ellos.
Entre los imputados en el Supremo figuran algunos
políticos cercanos a Temer, como Eduardo Cunha, quien se vio obligado a
renunciar a la presidencia de la Cámara de los Diputados por el caso, y entre
los investigados, el presidente del Senado, Renán Calheiros.
La Fiscalía llegó a pedir el arresto preventivo de
Calheiros, del exministro Jucá y del expresidente José Sarney, por sospechas de
que están maniobrando para obstruir a la Justicia, pero el Tribunal Supremo
denegó esa petición.
El caso Petrobras no forma parte de las denuncias que
le podrían costar el mandato a Rousseff, pues estas se circunscriben a unas
maniobras contables que no son consideradas delictivas, pero sí han alimentado
y acelerado el desarrollo del "impeachment".
Las denuncias salpicaron a dirigentes del PT, arañaron
la popularidad de Rousseff y avinagraron su relación con la Cámara de los
Diputados, que entonces estaba dirigida por uno de los principales imputados
por el caso Petrobras, Eduardo Cunha.
De hecho fue Cunha quien tenía la prerrogativa de dar
inicio al proceso contra Rousseff, en un movimiento en el que la propia
mandataria vio una "venganza" por haberse negado a protegerlo de las
denuncias de corrupción.
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